Por: Daisy Castillo Triviños
En medio de una amplia agenda, el Director de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, conversó con la Revista Derecho Noticias de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UCEN, sobre el proyecto que impulsará el Ministerio de Justicia en orden a modernizar la institución y entregar un servicio profesional a los usuarios de escasos recursos que no cuentan con los medios económicos para contratar un abogado particular.
La iniciativa que, aún está en etapa de elaboración, implicaría, eso sí, poner término a las prácticas profesionales de los estudiantes de derecho. De esta manera, otras entidades deberán acoger a los jóvenes para que cumplan con su proceso de práctica.
-¿Cuáles son las principales características que, como nuevo Director de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, desea imprimir en su gestión?
La Corporación de Asistencia Judicial, particularmente en la última década, ha ido experimentando diversos cambios, marcados por las reformas a la justicia -Reforma Procesal Penal y en los últimos tres años, la Reforma a la Justicia Laboral que significó que las Corporaciones se reforzaran en términos profesionales con la Oficina de Defensoría Laboral-.
La institución ha ido, al mismo tiempo, asumiendo distintos desafíos.
-¿Y cuándo asumió con qué escenario se encontró?
Me encontré con que se había terminado y consolidado la instalación de esos procesos, respecto de lo que fue la implementación de la justicia de familia y su reforzamiento, y el término de la puesta en marcha de la justicia laboral. La tarea que asumo es distinta e involucra contar con una institución más moderna y estandarizada en cuanto a mecanismos y procedimientos que aseguren la calidad del servicio, de manera homogénea.
-¿Por qué surge la necesidad de modernizar la CAJ?, ¿se detectaron falencias, por ejemplo, en la entrega del servicio que se proporciona y que puede no ser eficiente?
Más que hacer un juicio crítico, me interesan los desafíos. Creo que había cosas en las que uno necesariamente debía poner atención, como la implementación de mecanismos de evaluación y control al interior de una institución como ésta.
-Pero, ¿no existían esos mecanismos de evaluación y control?
No estaban institucionalizados y, por eso, uno de los objetivos tras hacer la evaluación y diagnóstico fue crear un Departamento de Evaluación y Control. En toda institución que presta servicio a la ciudadanía y tiene usuarios, debe haber mecanismos que evalúen y realicen un seguimiento a la labor que se hace. No hay que pensar en la evaluación con una connotación negativa, sino que es necesaria para asegurar que se cumplan ciertas exigencias y ciertos estándares.
-¿La línea de modernización, hacia dónde apunta?
Tenemos un sistema escriturado y los sistemas que hemos ido implementando se basan en tecnología computacional y, en este plano, la institución se había quedado atrás. Tenemos que avanzar en la línea de ir automatizando algunos procesos y consolidar la información.
-¿Qué procesos, por ejemplo, se incorporaron a esta nueva tecnología?
Tenemos varios procesos en curso, son de mediano y largo plazo, en cuanto a su implementación. Hay que asegurarse de tener la plataforma computacional -los computadores, los centros conectados entre sí-, y para eso se ha hecho un esfuerzo importante en materia presupuestaria y financiera. Estamos modernizando los computadores de los funcionarios y los programas de los computadores. Se está trabajando en el desarrollo de un sistema informático no sólo de registro de causa, sino también de tramitación.También implementamos un Data Center con la capacidad necesaria para almacenar y procesar la información con la cual contamos.
Habrá próximamente un proceso de capacitación para los funcionarios. Además, en forma paralela estamos desarrollando un trabajo de modernización respecto de la atención de usuarios.
-¿En qué consiste este plan de mejoramiento de la atención de usuarios?
Una etapa contempla la implementación de un Call Center dirigido a orientar e informar a los usuarios y facilitar los canales de acceso a los usuarios -cómo va su causa, qué documentos requiere para tramitar, dónde se hace el trámite-. Otro canal importante que también nos importa está relacionado con las condiciones en que entregamos el servicio a los usuarios. Para ello, se prevé habilitar mejoras en los centros.
PRÁCTICAS PROFESIONALES
-¿En el plan de modernización de las CAJ se contempla la eliminación de las prácticas profesionales de los estudiantes de derecho? El Ministerio de Justicia estaría trabajando en la elaboración de un proyecto de ley que apunta hacia esa idea.
Se trata de un proyecto que hoy día está en estudio en el Ministerio de Justicia. ¿Cuáles son sus líneas centrales? La primera es asegurar que el servicio de asistencia judicial sea profesional, especializado y se focalice en aquellos usuarios que requieren de los servicios, porque no cuentan con los medios necesarios para contratar un abogado particular. Además, incorporar mecanismos de control, de evaluación, de seguimiento de estándares y hacerlo de manera pública y transparente.
-Pero, ¿es partidario de terminar con las prácticas de los egresados?
Soy partidario que se entregue un servicio de asistencia judicial profesionalizado. Sobre el rol que les puede corresponder a los postulantes, éstos son diversos. Hoy, por ejemplo, existen postulantes en la Defensoría Penal Pública y se firmará un convenio con el Ministerio Público. Hay muchas instituciones que están disponibles y han manifestado su interés en suscribir convenios para integrar postulantes.
-Una de las críticas de los detractores de las prácticas en las CAJ es que los usuarios son una suerte de instrumentos de aprendizaje para los postulantes.
Uno de los aspectos en los que me he concentrado es asegurar que la evaluación y calificación de las prácticas profesionales sea lo más completa posible y comprometida en términos de tiempo para asegurar el estándar de atención.
-La carga de trabajo de los postulantes es un factor que incide en una buena y oportuna tramitación...
También hice la práctica y ¿cuántas causas teníamos? Más de cien y, obvio que para una persona que está en etapa de aprendizaje es difícil la tarea.
-¿Qué medidas, en ese sentido, ha implementado en la CAJ?
En 2010, nos propusimos reducir significativamente la carga. Hoy el estándar que cada postulante debe tener es de aproximadamente 50 causas. Otra medida es que sólo hasta el tercer mes de práctica se le asignan causas para que el postulante tenga el incentivo para tramitar de manera eficiente.
-¿Cuáles son las principales debilidades que han detectado en los postulantes?
El acercamiento de los aprendizajes después de egresar es complejo. La aplicación práctica de los conocimientos que se adquieren en la universidad siempre es un proceso complejo. ¿Cuáles son las dificultades que ahí surgen respecto de las debilidades y destrezas para tramitar, para relacionar lo que dice el Código de Procedimiento Civil con lo que ocurre en un Tribunal Civil, cómo se presenta un escrito o cómo se prepara adecuadamente una audiencia de familia?
Ciertamente, nos ayudan mucho las Escuelas de Derecho que tienen departamento de Clínica Jurídica más formados, ya que los alumnos llegan, al menos, con una aproximación de lo que ocurre en tribunales y de cómo se atiende a un usuario.