La guerra de las drogas y las Naciones Unidas

La guerra de las drogas y las naciones unidas
Después de las guerras, o la paz mundial, las drogas son el asunto más universal y tematizado por las Naciones Unidas cuyas instancias pertinentes lo llaman "el problema mundial de las drogas", esto debido a que los estados que son parte de ella solo pueden establecer sus políticas y normas nacionales sanitarias y criminales para prevenir y controlar el consumo y la provisión de esas sustancias de acuerdo a lo pactado en los tres tratados internacionales de drogas: la Convención Unica de 1961, que prohíbe y pide sancionar penalmente cualquier acto producción y comercialización de drogas, principalmente cannabis, coca y cocaína, amapola, opio y sus derivados; Convenio de 1971 sobre sustancias psicotrópicas, que extiende esa prohibición y sanciones a los psicofármacos, y; la Convención de las NNUU de 1988 pide sancionar el consumo.
En año 2012, los presidentes de Colombia, Guatemala y México pidieron a la ONU una conferencia internacional sobre la reforma de la política de drogas. Posteriormente, se adoptó una resolución general sobre la política de drogas, patrocinada por México y copatrocinada por otros 95 países, para realizar esta reunión mundial cumbre de la política de drogas en 2016.
Aquellos gobierno seguramente actuaron motivados por los padecimientos de sus poblaciones debido a la mundialización de la "guerra contra las drogas", que causa muchas veces más víctimas mortales que el consumo abusivo de ella, así como incentivados tanto por las afirmaciones y recomendaciones de la Comisión Global sobre Drogas destinadas a terminar con la política criminal de drogas y fortalecer una política sanitaria para la prevención y control del consumo de esas sustancias, también, seguramente, por los análisis y propuestas de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en ese momento detentada por el chileno José Miguel Insulza, hechas solicitud de los Gobiernos en la Cumbre de las Américas de 2013, que hacía evaluaciones y propuestas en el mismo sentido, es decir desde la práctica terapéutica y teoría sanitaria de la gestión de riesgos y la reducción de daños.
En la Comisión Global sobre Drogas se destacan la señora Ruth Dreifuss ex Presidente de la Confederación Suiza, el ex Secretario General de la Naciones Unidas Kofi Annan, los ex presidentes de Brasil señor Cardoso, de Colombia señor Gaviria, de los Estados Unidos de Norteamérica seño Carter, de Chile señor Lagos Escobar, de Méjico señores Cedillo y Fox, así como otros importantes intelectuales, científicos, políticos y empresarios, quienes han sentenciado: "La guerra global contra las drogas ha fracasado".
Si bien, la convocatoria y las actividades relacionadas se hicieron con una gran apertura a las representaciones de la sociedad civil en todas esas instancias preparatorias técnicas, diplomáticas y políticas. No obstante esta buena intensión, desde esa fecha hasta ahora lo característico del asunto mundial de las drogas ha sido la ausencia de debates internacionales y nacionales que instalasen entre los científicos y expertos, así como entre los políticos, pero sobre todo entre en la opinión pública, que es la que luego vota o responde las encuestas de opinión, tanto sobre las evaluaciones de los resultados sanitarios y criminales, de sus impactos sociales y políticos, así como de las propuestas alternativas respaldadas en información científica y resultados verificables.
La importancia de los debates públicos y bien informados en el asunto de las drogas ha quedado en claro con la situación que viene aconteciendo en los Estados Unidos de América donde veinte estados de la Unión han aprobado el uso médico del cannabis, y en tres el uso recreativo de esa sustancia, en abierta contravención de las normas internacionales, además otros estados de la Unión se aprestan a tomar similares medidas, en todos los casos estos cambios en la política de drogas han sido producto de plebiscitos o consultas populares, los plebiscito fueron para Suiza en 1997 y 2008 la manera de resolver los cambios en sus normas de drogas. En 2001 Portugal despenalizó toda forma de consumo y provisión de drogas, estos cambios normativos sustanciales en drogas también se han producido en Jamaica y Uruguay, así como se están produciendo en Argentina, Canadá, Chile, Ecuador y México.
Mientras en todos los países las normas sanitarias y criminales imperantes para prevenir y controlar el consumo y la provisión de drogas son el producto de haber aplicado localmente la norma internacional, en algunos casos las normas locales han hecho interpretaciones acomodadas de las normas internacionales, lo que va desde no perseguir y castigar a los consumidores, como los coffe shops de cannabis los Países Bajos, el acceso regulado en Suiza, o la no persecución penal en Portugal; hasta la aplicación la pena de muerte para el tráfico de drogas en: Arabia Saudita, Brunéi, China, Estado Unidos de América, Egipto, India, Indonesia, Irán, Kwait, Laos, Oman, Malasia, Singapur Tailandia y Taiwán, Viet Nam, además, en Irán, Malasia y Singapur, la pena de muerte por drogas es obligatoria.
El periodo de preparación y durante la elaboración de los acuerdos se fue haciendo clara una polarización entre, por una parte, los países que propugnan por un cambio en esas política de prevención y control de la provisión y el consumo de drogas, que podemos llamar los países progresistas, por otra parte se conformó un conjunto de países que se oponen a cualquier cambio en las políticas y las normas internacionales actuales, los países conservadores. Los países progresistas a su vez están conformados por dos conjuntos discernibles, principalmente los países europeos y los de habla inglesa, cuyos gobiernos deben responder a sociedades muy celosas de sus derechos individuales, civiles y políticos, así como al irrestricto derecho a la salud y los servicios sociales; además, también, este sector progresista está conformado por el conjunto de países del Tercer Mundo que son productores de drogas naturales o corredores de sus derivados ilícitos, en particular de América Latina y el Caribe, donde han padecido los impactos terribles de la "guerra de las drogas".
Los países conservadores en políticas y normas para el control de drogas son políticamente autoritarios, social y culturalmente conservadores, de religión predominantemente islámica, otra característica cultural y política es que en estos países se persigue y sanciona la homosexualidad, en algunos casos con la muerte, asimismo, no se consideran delito graves ni las agresiones, ni las lesiones y ni los homicidios de las mujeres. Este grupo de países está liderado por grandes potencias mundiales como lo son la Federación Rusa y la República Popular China, y secundados principalmente por los países asiáticos y africanos. A todos estos países autoritarios las políticas de drogas represivas les sirve como un excelente instrumento de control social, tanto más si se está en "guerra contra las drogas", donde todo está permitido.
No obstante, durante el período preparatorio de la Comisión de Estupefacientes, con la participación activa tanto de las representaciones de la sociedad civil como por los organismos de las Naciones Unidas concernidos en el tema como OMS, PNUD, ONUDC, FAO, etc., la dirección general para una nueva orientación en las políticas internacionales de drogas se había centrado en privilegiar la salud en lugar de lo punitivo, expresado en la consigna "ayudar no castigar"; los tres temas centrales han sido: la reducción de daños regular el consumo, la aplicación irrestricta de los derechos humanos, descriminalización del consumo, además, en lo punitivo aplicar proporcionalidad de las penas a la gravedad de los delitos y el fin de la pena de muerte. Además, vigilar la situación de las mujeres y los niños que son las principales víctimas de este modelo de control punitivo de la provisión y consumo de drogas.
No obstante los anterior, el Proyecto de resolución preparado por la Comisión de Estupefacientes para la Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas, pomposamente titulado "Nuestro compromiso conjunto de abordar y contrarrestar eficazmente el problema mundial de las drogas", y aprobada por esta en los días 19, 20 y 21 de abril pasado, se centra en reafirmar la intangibilidad de los tres tratados internacionales sobre drogas y en la necesidad de su estricto cumplimiento por los estados partes en concordancia con el principio de la responsabilidad común y compartida. No se reconoce la diferencia clínica entre el uso conflictivo y no conflictivo de drogas. La resolución no menciona ninguna vez el concepto y la práctica de la reducción de daños en prevención y control de drogas, tampoco pide terminar con la aplicación de la pena de muerte en los casos de delitos por drogas.
La única recomendación "aperturista" dice: "Reconocemos que existen retos persistentes, nuevos y cambiantes que deberían afrontarse de conformidad con lo dispuesto en los tres tratados de fiscalización internacional de drogas, que ofrecen a los Estados partes suficiente flexibilidad para formular y aplicar políticas nacionales en materia de drogas con arreglo a sus prioridades y necesidades, de conformidad con el principio de la responsabilidad común y compartida y con el derecho internacional aplicable;" esta recomendación de la cual más adelante no se indica cómo se puede implementar, provine de William Brownfield, Secretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de los Estados Unidos de América.
Esa recomendación abre la alternativa a que cada estado termine por seguir el camino de Bolivia, que 2011 se retiró de la Convención Unica de 1961 porque prohíbe el uso de la hoja de coca y ordena la destrucción de los arbustos, y se reincorporó en 2013 haciendo la salvedad de esa norma ya que no hubo un tercio de estados que se opusiesen a su reingreso a la Convención. Ese será el camino que deberán de seguir próximamente Estados Unidos de América, Jamaica y Uruguay en relación a la autorización legal del uso recreativo del cannabis.
La reacción de la sociedad civil en cabezada IDCP (International Drug Policy Consortium), que agrupa a la mayor parte de las organizaciones que propugnan por un cambio en la política internacionales de drogas, y la Comisión Global sobre Políticas de Drogas ha sido de decepción y rechazo ante la imposición universal del conservadurismo y el autoritarismo para las normas internacionales sobre drogas por parte de la Federación Rusa, la República Popular China, la República Islámica de Irán, Arabia Saudita y los estados que se le han asociado.
La gran paradoja de esta UNGASS está en que mientras los representantes de los estados partes aprobaban un proyecto resolución que nada cambia en las normas internacionales de drogas, en los pasillos, locales anexos y adyacentes, en las propias calles del entorno, cientos de actividades como conferencias, mesas redondas y paneles, grupos de discusión, despliegues informativos, exposiciones, etc., expresaban la multiplicidad y diversidad internacional de análisis y evaluaciones, así como de propuestas y recomendaciones para humanizar y racionalizar el manejo del "problema mundial de las drogas". La expresión visual de estas denuncias y propuestas alternativas están en el Museo de la Política de Drogas en la UNGASS en el Park Avenue de Nueva York.