Sabado 17 de Octubre de 2015
Más de 70 funcionarios responsables nacionales de diversos ministerios y servicios públicos analizaron las potencialidades y déficits de la actual legislación en materia de participación Ciudadana
El director de la División de Organizaciones Sociales (DOS), Camilo Ballesteros, y el decano Marco Moreno dieron la bienvenida a los funcionarios responsables de las unidades de participación ciudadana de diversos ministerios y servicios públicos que se reunieron el pasado viernes 16 de octubre en el Auditorio 1 del edificio Vicente Kovacevic II para evaluar el proceso de implementación de la ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión pública.
Más de 70 funcionarios se dieron cita en el “Diálogo Participativo Evaluación Ley 20.500” coordinado por la DOS y la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UCEN, quienes, tras participar en de la sesión inaugural, dialogaron en mesas de trabajo acerca de sus expectativas y tareas que aún faltan por realizar para mejorar aspectos en el nuevo modo de gobernar con la gente.
En la jornada los participantes analizaron los mecanismos de participación ciudadana y fortalecimiento de la sociedad civil que contempla la referida ley y el Instructivo Presidencial N° 07 (de agosto del año 2014), poniendo énfasis en las singularidades institucionales y en las dificultades para su concreción.
El decano Marco Moreno dio la bienvenida a los presentes y expresó que, para la Facultad, ser parte de estas actividades, es cumplir con el sello institucional de servir al país y entregar espacios para que la comunidad académica y el mundo público y social se encuentren en torno a los desafíos democráticos que tiene el país.
Al respecto, el director de la DOS, Camilo Ballesteros, expuso que “para nosotros es muy importante tener la valoración que tienen los servicios públicos respecto a cómo ha sido la implementación y de cómo es la ley. Esto nos permite seguir profundizando en lo que es la participación ciudadana y la incidencia de la sociedad civil en la toma de decisiones de la gestión pública”.
Después de estas palabras, los asistentes participaron en tres mesas de trabajo y luego en una plenaria en la que se presentaron las conclusiones donde destacaron elementos a considerar por los encargados, entre ellos la dificultad para conformar los COSOC en regiones. Lo anterior, ya que las dinámicas de participación son diferentes entre las diversas entidades, a lo que se agrega el bajo conocimiento ciudadano de la Ley 20.500.
Por otra parte, otra aspiración que surgió como recurrente fue la necesidad que la ley tenga carácter vinculante y con mayores espacios de deliberación, que la participación sea de carácter a nivel Estatal y no de gobierno, que exista un presupuesto asociado, que existan mecanismos de participación para la construcción de normas legales que impliquen mecanismos de transversalidad en la participación, la necesidad de mejorar los mecanismos de seguimiento y la necesidad de que la ley proteja y respalda el trabajo de los dirigentes, entre otros.