Viernes 28 de Abril de 2023
El país no deja de sorprenderse sobre el verdadero y progresivo retroceso del Estado en materia de orden público y control del delito. Esta situación hace perder credibilidad a las acciones del Estado en todo terreno, incluido el económico y social, puesto que las múltiples declaraciones sobre planes y estrategias no se hacen compatibles con el verdadero retroceso que se experimenta frente al crimen y la violencia. El espacio público se ha ido entregando progresivamente a la acción del delito y a todo tipo de acciones claramente reñidas con la ley.
Mientras tanto, la ciudadanía se mantiene encerrada, temerosa, amenazada por las circunstancias que se desarrollan a toda hora en las calles, parques y plazas. Nuestros niños están aprendiendo sobre violencia y temor; más grave aún, están aprendiendo que el delito puede convertirse en un cierto aliado protector de la vida en comunidad. Esto es lo que conlleva la acción del narcotráfico, que se convierte desde una amenaza a una cierta protección del entorno en el que se desarrolla. Es lo que ha pasado en otros países, el narcotráfico pasa de ser una pura manifestación de delito, una amenaza para la normal vida en comunidad, a una expresión de aliado, de efectivo protector frente al mismo desarrollo del crimen.
Eso es lo grave de la ausencia del Estado: se va generando un esquema de “apropiación” efectiva del crimen organizado de los territorios y de la misma población. Eso se vio en su extrema versión en el caso de Colombia, también se observa en ciertos estados mexicanos.
El reciente funeral narco vivido en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, que emula a aquél otro anteriormente ocurrido en Valparaíso, muestra el retroceso que experimenta nuestro Estado. Por una parte, porque se otorga protección policial a un acto que claramente se convierte en un elogio a la violencia y actividades al margen de la ley. Se suspenden clases debido al temor de las acciones que ejercen los participantes en el acto funerario, dominado por balazos y fuegos artificiales, todo ello en abierta contraposición a la ley. Poco menos se ha establecido un festivo para dar lugar al sepelio así programado, tal y como ha sucedido ya anteriormente.
Los honores fúnebres a un barrista de un emblemático club de futbol, ocurrido en un espacio reservado al deporte y la familia, también pone de relieve el poco respeto por la ley y los debidos procedimientos. Todo pone de relieve un Estado que retrocede progresivamente, ante la oleada de delincuencia que tiene lugar en todo Chile y que ha envuelto, como en el caso de Calama, una protesta ciudadana que parece no haber sido tampoco plenamente escuchada.
¿Qué está haciendo el Estado chileno frente a esta desastrosa situación que vivimos en materia de seguridad? Se discuten nuevas leyes y reglamentaciones, como si esto fuera efectivamente un instrumento que genera mayor respeto por parte de la delincuencia. Por otra parte, se entregan señales contradictorias con el objetivo de controlar el delito a toda costa (seremos unos “perros” se declaró con fuerte convicción): por ejemplo, se suaviza, por la vía de un reglamente, lo establecido en la ley Naim- Retamal, poniendo al delincuente en una cierta posición de víctima que necesita ser protegida.
Además, se discute acerca de la situación que envuelve la inmigración ilegal, y se da la señal de que ello no constituiría un delito y que, por tanto, no debiera ser perseguido. Asimismo, las comunas que serán protegidas, dejan a otras en mayor desprotección, y éstas se constituyen por ello en foco de atracción para que allí pueda ocurrir más delito. La delincuencia sabe leer estas señales de debilidad institucional, y aprovecha para expandir sus actividades hacia estos territorios más desprotegidos, contradictoriamente porque han experimentado una menor cantidad de delito de todo tipo.
Estamos en presencia de un Estado que retrocede diariamente frente a la ocurrencia del delito. Tanto porque se considere al delincuente como una víctima (hay también quienes lo ven como un aliado en las luchas por la transformación social y política) tanto por la aplicación interpretativa de la ley vigente. En cualquier caso, si el Estado no pone más recursos y atribuciones para las policías y se dedica sólo a debatir y promulgar nuevas leyes, está exponiendo a la población a un creciente temor empoderándose al crimen organizado.
Publicado originalmente en Diario Estrategia.