Se acogió la inaplicabilidad solicitado por el profesor Fuenzalida ante Tribunal Constitucional

En marzo de 2016 el coordinador del Programa de Derechos Humanos, Sergio Fuenzalida Bascuñán, alegó ante el Tribunal Constitucional un requerimiento por inaplicabilidad en una causa de interés público, solicitando que no se aplicara las normas del Código de Justicia Militar que dan competencia para conocer delitos cometidos por funcionarios de Carabineros en contra de civiles.

Los resultados de esta intervención fueron dados a conocer en el presenté mes, instancia en la que el TC declaró inaplicable los artículos pertinentes del Código de Justicia Militar que daban competencia a la justicia militar para conocer el caso penal de la profesora Paulina Maturana. En definitiva la causa se radicará en la justicia ordinaria y seguirá el procedimiento del código procesal penal general para efectos de conocer la causa y determinar las sanciones correspondientes a los carabineros que incurrieron en las acciones delictivas en contra de la profesora.

El hecho que origina la causa se remonta al año 2013, cuando la abogada y ex - profesora de la FCJS, Paulina Maturana, fue detenida de manera arbitraria por parte de Carabineros por defender a un matrimonio que había sido ilegalmente detenido. El caso estaba siendo conocido por la justicia militar, la cual a juicio de la Corte Interamericana de DD.HH no garantiza el debido proceso.

Es por esto, que la abogada y profesora de la Clínica Jurídica y Forense de la Universidad Central de Chile, Claudia Araya, durante el procedimiento solicitó que el Tribunal Militar declinara de seguir de la causa y su conocimiento se trasladará a la justicia ordinaria. Esta petición fue rechazada por parte de la justicia militar, por lo cual se decidió apelar ante la Corte Marcial.

Paralela a esta última acción, se interpuso el requerimiento de inaplicabilidad que fue llevada adelante el profesor Fuenzalida con el objetivo de que los jueces marciales no apliquen las normas que en principio hacen competente a la justicia militar para conocer del asunto.

La defensa del académico centralino, durante su alegato en el Tribunal Constitucional estuvo fijada en cuestionar la competencia del Tribunal Militar por afectar gravemente el debido proceso de las víctimas, especialmente por la falta de imparcialidad y publicidad del proceso, por privar de derechos a los afectados por el delito, y por ser un procedimiento discriminatorio, entre otras razones.