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Viernes 11 de Septiembre de 2020

Registro Social de Hogares: ¿Una “camisa de fuerza” para los trabajadores sociales?

“Esta política pública se ha ganado la desconfianza de la gente, ya que los factores que determinan la calificación económica y finalmente el tramo de ingresos de cada hogar, no se apega fielmente a la condición de vulnerabilidad de las personas, por tanto, muchas quedan sin ningún beneficio social del Gobierno”.

Una interesante charla sobre la vigencia del Registro Social de Hogares, organizó la carrera de Trabajo Social y la Red de Egresados FACDEH, cuyo propósito fue analizar este sistema de información cuyo fin es apoyar los procesos de selección de beneficiarios de un conjunto amplio de subsidios y programas sociales.

La invitada a exponer fue la trabajadora social y egresada UCEN, Camila Ramírez Pino, quien presentó su trabajo titulado “Registro Social de Hogares: un instrumento en vías de extinción? a más de 60 personas, en su mayoría jóvenes estudiantes de la carrera, público general y docentes.

La profesional explicó que el Registro es construido con datos aportados por el hogar y bases administrativas que posee el Estado, proveniente de diversas instituciones y señaló que actualmente el sistema, no refleja la realidad de los chilenos.

“Esta política pública se ha ganado la desconfianza de la gente, ya que los factores que determinan la calificación económica y finalmente el tramo de ingresos de cada hogar, no se apega fielmente a la condición de vulnerabilidad de las personas, por tanto, muchas quedan sin ningún beneficio social del Gobierno”, sostuvo Ramírez.

Además explicó que a su juicio, una persona que perciba $300 mil pesos de ingresos, debería ser considerada bajo la línea de la pobreza, ya que su ficha debe incluir factores laborales, de alimentación, vivienda, transporte, educación y salud, necesidades que sin duda no se pueden cubrir con dicho monto de ingreso mensual.

El Mg. Hugo Covarrubias, académico de Trabajo Social y uno de los organizadores de la charla, argumentó que el desafío es avanzar hacia una política de la pobreza multidimensional, entender que falsear u ocultar los datos al momento de ingresar información en el Registro es perjudicial para el sistema y tiene sanciones legales importantes y que lo fundamental es que las personas se informen y actualicen sus datos cada seis meses o inmediatamente cuando sufran algún episodio laboral que afecte el ingreso familiar.