Directo y claro. Así podríamos definir al nuevo Defensor Penal Público, Georgy Schubert, quien accedió a conversar con la Revista Derecho Noticias. No es, en todo caso, la primera aproximación que tiene con nuestra publicación, ya que antes y cuando ejercía el cargo de defensor, escribió una columna de opinión que publicamos.
Bajo la nueva gestión de Schubert, sin duda, hay cambios. Uno de ellos, es incorporar como usuarios a grupos vulnerables como los imputados con problemas mentales severos o graves y también a los migrantes.
En cuanto al trabajo de los defensores, tiene claro que no es fácil que el cliente confíe en el abogado que se le designa. Sin embargo, recalca la necesidad de crear ese lazo de confianza, en la preocupación real del abogado por su cliente y de darse el tiempo para explicarle lo que judicialmente está haciendo. En la práctica, humanizar el trabajo.
-¿Cuáles son los principales lineamientos de su gestión como nuevo Defensor Penal Público?
Los principales lineamientos que hemos dado tienen que ver con una mejora en la atención a los usuarios. Queremos transformar este desafío en acciones concretas.
-¿De qué acciones hablamos?
En primer lugar, conseguir una mejor gestión de los reclamos y solicitudes de cambio de defensor. Desde las unidades nacionales, vamos a estar observando de manera muy directa cuál es el tipo de petición que hacen nuestros usuarios y analizaremos a fondo cada vez que se haga un reclamo. La idea es reorientar nuestro sistema de auditoría e inspección a las cosas que nuestros usuarios nos comunican y también los demás intervinientes del sector de justicia.
-Imagino que no se trata de entregar respuestas formales a los usuarios, sino de ir al fondo de las distintas situaciones que estos planteen…
Así es.
-¿Han detectado un volumen alto de personas que solicitan, por ejemplo, que se cambie a su defensor?
Hay un aumento razonablemente en la medida que la gente conoce y entiende que esto no es beneficencia, sino que tienen derecho a exigir una prestación de servicio de calidad. Para nosotros, y es natural en todas las instituciones, uno tiende a dar respuestas formales a los requerimientos. Por eso, de alguna manera queremos hacer un quiebre, aprovechando estas circunstancias en que hay una nueva administración, y no quedarnos en el aspecto formal, sino que ir a los temas de fondo y ver qué prestación estamos dando.
-¿Cuáles son las principales causales manifestadas por los usuarios para solicitar el cambio del defensor que le fue asignado?, ¿por ineficiencia?, ¿por falta de experiencia?
Hay distintas situaciones. Muchas veces tiene que ver con la falta de confianza que tiene el imputado respecto de su abogado defensor. En este sentido, hay que entender que la defensa pública es una manifestación del defensor de oficio, no del defensor de confianza. Nosotros no podemos garantizar un defensor de confianza a las personas, podemos garantizar un defensor de oficio y capacitado técnicamente. Quienes hoy pueden acceder a un defensor de confianza son los que pueden pagar y eligen al abogado.
- ¿Evalúan, por ejemplo, si el defensor ha actuado bajo los estándares de defensa mínimos o no?
Sí. Si el defensor ha hecho su trabajo, le explicamos al usuario que no accedemos a su solicitud de cambio, porque el defensor está trabajando como corresponde. Si el defensor no está haciendo su trabajo, entonces, recogemos el reclamo y accedemos al cambio, porque hay razones justificadas para ello.
-¿Qué sucede en el caso de un defensor al que, en reiteradas ocasiones, se solicita su cambio por parte de los imputados?
Existen distintos caminos. Cuando en el caso de una persona el cambio se acoge y es justificado, se pueden adoptar medidas que van desde la desvinculación hasta ser objeto de un sumario.
-¿Cuáles son los principales inconvenientes que ustedes advierten en la relación que, a veces, se da entre el defensor y el usuario?
Hay una tendencia muy marcada del abogado de decir “yo estoy haciendo bien mi trabajo y punto”, y no informan ni construyen una relación de confianza con el imputado. Puede ser que está trabajando bien, pero el cliente no entiende lo que éste está haciendo. Tan importante como hacer buena argumentación jurídica es explicar, en términos simples, a quien representamos lo que estamos haciendo. No nos debemos a un sistema abstracto de justicia, sino a una persona con nombre y apellido que confía en nosotros y cuyo único vínculo es el abogado defensor.
No queremos tener en la institución a gente que ha perdido la orientación esencial de nuestro trabajo que es representar a las personas con nuestras mayores competencias, con nuestras mayores capacidades, a personas que tienen dignidad y derechos. Si hay cosas como Defensoría Penal Pública que no nos gusta y que no vamos a tolerar, respecto de los defensores, son a aquellos que maltratan a sus representados o dejan que otros los maltraten y guardan silencio.
-¿Tiene otras falencias actualmente la Defensoría Penal Pública?
La principal falencia tiene que ver con que, en la medida en que aumentan las cargas de trabajo, se automatizan los procesos. Nosotros como defensores no podemos perder de vista, y es lo que cuesta mantener, la necesidad de cuestiones básicas como es una entrevista privada con nuestro representado. Toda causa debiera empezar con una entrevista para tomar conocimiento de cuál es la versión que tiene el representado, y en el caso en que no desee dar su versión, cuál es el objetivo que nos plantea, qué es lo que busca obtener de la audiencia –una salida alternativa, sostener su inocencia, llegar a un procedimiento abreviado, dispuesto a admitir responsabilidad-. Sin embargo, eso requiere de una conversación en el ámbito privado.
En la actualidad, si uno va a una audiencia se da cuenta que muchos imputados se sientan y jamás han hablado con la persona que tienen al lado como abogado defensor, nunca se han entrevistado.
Es un momento en que se deben tomar decisiones trascendentales para la vida y lamentablemente entramos en un proceso de automatización.
¿Eso ocurre por falta de tiempo para reunirse previamente con el cliente?
Afecta la falta de tiempo, la carga de trabajo –a veces los detenidos llegan tarde-, pero también nosotros debemos asumir nuestra cuota de responsabilidad, porque pasa también por la costumbre. No hay que perder la visión que no hablar con el cliente previamente no es una buena prestación de defensa y tenemos que resistirnos a eso y levantar los parámetros.
Nuevas líneas de gestión
-¿Hay otras líneas de gestión?
Nos interesa que desde la Defensoría Nacional Pública salgan lineamientos para atender a grupos específicos de representados. Con algunos estamos trabajando y debemos profundizar la labor, con otros no hemos trabajado y tenemos que comenzar a recorrer esa senda. El tema Mapuche lo hemos trabajo y vamos a reforzarlo, haremos un seguimiento para establecer lo que queremos lograr como meta de gestión de la Defensoría Mapuche. Ya hemos empezado a trabajar para implementar en todo Chile un modelo de defensa indígena y, para eso, seguir con la línea de capacitación e interrelacionarla con otras instituciones expertas en la materia.
-¿Qué sectores nuevos incorporarán a la gestión de la Defensoría Penal Pública?
El tema de los migrantes. Es una realidad potente en el norte del país y en la Región Metropolitana. Tenemos cada vez una tasa mayor de imputados y de personas que están en la cárcel y que son extranjeras. Hay todo un tema de una legislación que no necesariamente se ajusta.
-¿En qué sentido no se ajusta?
Para otorgar beneficios intra-penitenciarios, la gente necesita tener arraigo familiar. Casi por definición un migrante tiene su familia en su país de origen. Resulta injusto que ellos no puedan acceder a beneficios, porque la verdad es que su situación de migrante es la que se lo impide y no que sean refractarios a la reinserción o que no estén en posibilidades de hacerlo.
-¿Qué se plantea hacer considerando que son aspectos establecidos por ley?
Hay cosas que establece la ley, pero son criterios de carácter técnico. Por ejemplo, la ley establece que uno de los factores para decidir la medida cautelar es el arraigo social, pero es objeto de interpretación judicial. Nosotros tenemos que capacitarnos y explicar a los jueces que, en el caso de los migrantes, el arraigo social debe tener una connotación distinta.
-¿En qué etapa están en relación a este tema?
Estamos diseñando un proceso de capacitación, porque como dije antes, como Defensoría Nacional Pública nunca habíamos trabajado en esto.
Otro tema al que nos queremos abocar de manera especial son los discapacitados mentales. Muchas veces llegan a recintos penitenciarios –dentro de una cárcel es difícil proporcionar asistencia psiquiátrica y asistencia especial-. No hay un seguimiento sistemático, y como Defensoría lo estamos haciendo, para que aquellas personas que tienen enfermedades mentales graves dejen de estar en las cárceles.
Nuestra intención es alinear las políticas de la Defensoría Nacional Pública con los grupos vulnerables y con la defensa especializada.
-Y en materia de derechos humanos, ¿se propone alguna idea?
Precisamente, tendremos un proceso de capacitación sistemática en materia de derechos humanos. Si bien la protección de los derechos y garantías de los imputados está tremendamente vinculada a los derechos humanos, no hay un conocimiento sistemático de todos los directivos y los defensores de lo que es la realidad del sistema Interamericano de derechos humanos.
-¿En qué área se pretende específicamente trabajar?
Por ejemplo, existen aspectos importantes de considerar y preguntarse: ¿cuál es el desarrollo doctrinario y jurisprudencial de los derechos humanos en materia procesal y procesal penal?, ¿qué se entiende hoy día por las garantías del proceso?, ¿por igualdad y no discriminación?
Hay una serie de argumentación bastante desarrollada en el extranjero y en Chile no somos necesariamente un país permeable a incorporar todos estos conceptos.
&Cabe señalar que esta entrevista será publicada en la Revista Derecho Noticias de enero 2012.