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“La experiencia comparada demuestra que no hay otro camino que un examen nacional”

Advierte que "no podemos incurrir en el error de pensar que porque alguien ha hecho como que estudia derecho durante cinco años, tenga derecho a ser abogado".

Enrique Barros, ex presidente del Colegio de Abogados, accedió a ser entrevistado para la edición de marzo de la Revista Derecho Noticias  y conversar sobre las polémicas declaraciones del presidente de la Excelentísima Corte Suprema, Milton Juica -en el marco de la inauguración del Año Judicial-. Recordemos que el Ministro se mostró preocupado por la deficiente formación de los abogados del país, su falta de ética y su escaso profesionalismo.

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Sin duda, se trata de temas que han generado polémica, al igual que la idea de establecer un examen nacional para los licenciados en Derecho, medida que, a juicio de quienes la defienden, permitiría determinar quién está capacitado para ejercer la profesión y quién, después de cinco años de estudios, no está en condiciones de hacerlo. Para Enrique Barros, la propuesta del examen nacional es interesante, aunque se muestra partidario de discutir  la posibilidad de que no se aplique en quinto año de la carrera, sino que sea secuencial.

Otro punto que analizó el presidente del Colegio de Abogados es, precisamente, el rol que cumple esta institución a la hora de velar por el control ético y de buenas prácticas. En este aspecto, aseguró: "Estar colegiado también responde a un concepto de dignidad profesional, porque el abogado colegiado frente a sus clientes está expresando su interés y voluntad de comportarse correctamente en el ejercicio de su profesión".

 

-¿Comparte las críticas del presidente de la Excelentísima Corte Suprema, Milton Juica respecto de la deficiente calidad en la formación de los abogados?

Tengo la impresión de que hay dos cosas diferentes frente a las cuales el Colegio de Abogados está consciente y ha estado preocupado. Una, es el aseguramiento de la calidad mínima que debe tener una persona para que pueda ejercer como abogado y que son capacidades que se expresan en conocimiento jurídico y en ciertas habilidades prácticas que supone el ejercicio de la profesión. Lo segundo es un problema ético.

 

-En cuanto a la calidad de los abogados, ¿dónde radica el problema?

Existe una preocupación general y esta preocupación tiene que ver básicamente con el hecho de que el sistema universitario chileno es extremadamente abierto y, por consiguiente, tolera que se desarrollen proyectos universitarios serios, que tienen todas las características de una verdadera universidad, con exigencias, con rigurosidad y que, de alguna manera, uno espera que sus egresados tengan la formación básica que los habilita para ejercer la profesión.

 

-Pero, esta misma apertura puede generar complicaciones a la hora de controlar la eficiencia de las Escuelas de Derecho...

En un sistema tan abierto también se da la circunstancia de que hay programas de licenciatura frente a los que uno tiene derecho a preguntarse, ¿cómo es posible que logren los estándares académicos mínimos?

En pequeñas localidades, por ejemplo, hay universidades que no pertenecen a la misma región y en ellas se han constituido Escuelas de Derecho. Uno se pregunta, ¿con qué recursos académicos cuentan esas Facultades para los efectos de poder entregar el grado de licenciado?

 

-¿Cuáles son las universidades a las que se refiere?

En Illapel hay una Facultad de Derecho, en Loncoche hay otra. ¿Cuál es la densidad mínima que existe de capacidad académica?

En ciudades grandes también se han ido formando Escuelas de Derecho que son centros frente a los que uno se pregunta, ¿cuál es la base académica con la que están funcionando? Uno sabe lo que cuesta formar un académico y la densidad académica en Chile no es tan grande.

 

-¿Comparte las críticas que apuntan a la existencia de una alta oferta de estudios de Derecho frente a una demanda laboral que no es tan amplia?

Existen pocas profesiones en que el horizonte laboral sea tan extenso, tan diversificado. No todos serán Ministros de la Excelentísima Corte Suprema, no todos van a trabajar en los principales estudios de Santiago, no todos serán litigantes. Hay muchos ámbitos en que la profesión de abogado puede ser virtuosa, por mencionar, la administración municipal, la docencia o la administración de las empresas. Hay muchos lugares donde los abogados pueden ejercer un rol.

 

-Usted plantea que lo importante es que los abogados respondan a un mínimo estándar de calidad profesional. En la práctica, eso no ocurre, entonces ¿de quién es la responsabilidad?

En aquellos países en los que el sistema universitario es más homogéneo que en Chile, por ejemplo, las naciones europeas, existen mecanismos a través de los cuales se distingue lo que es la formación académica de lo que es la calificación profesional. El título académico le corresponde otorgarlo a las universidades y para eso existe la Ley General de Universidades. Sin embargo, el grado académico y la calificación profesional no necesariamente coinciden, entre otras cosas, no sólo por la diferente calidad de la formación universitaria, sino también por las diferencias de enfoque.

No existen mecanismos a través del cual uno pueda juzgar resultados. Mi impresión es que el sistema de universidades privadas ha sido muy virtuoso en Chile, ha introducido dinamismo.

Las universidades tienen derecho a desarrollar su plan de formación de manera diferente.

Las mejores universidades del mundo, son probablemente las del mundo anglosajón, las grandes universidades norteamericanas y las inglesas, no forman para la profesión, se concentran en que los estudiantes aprendan estructuras básicas, aprendan a pensar en derecho y a discernir.

 

-Si la formación académica le compete a las universidades, ¿a quién le atañe, entonces, la calificación profesional?

Ése es un problema público y eso debiera ser definido naturalmente por la autoridad política. Tienen que ver los colegios profesionales, la Excelentísima Corte Suprema, por ejemplo. No se trata de establecer estándares muy altos, sino el estándar básico y fundamental que tiene que tener un licenciado en derecho para que pueda ser calificado como abogado.

-Pero, eso que usted señala como básico, actualmente no se puede garantizar...

Creo que eso no está asegurado. Tengo la impresión que ésta es una curva, que hay muchos que están encima del estándar mínimo y otros están bajo ese estándar.

 

-¿A qué atribuye el explosivo aumento de Escuelas de Derecho a lo largo del país?

Es muy fácil y barato implementar la carrera. Como no hay barreras de entrada en cuanto a profesores y calidad docente, es muy sencillo crear la carrera. Llevo muchos años enseñando y, algunas veces, me asombran algunos ex alumnos que ahora son profesores.

 

-¿Por qué?

Porque una persona que uno sabe que fue un alumno mediocre, hoy está de profesor en una universidad. El sistema ha tenido la gran virtud de abrir un campo de formación superior a muchos jóvenes chilenos. Se ha quintuplicado, en dos décadas, el número de estudiantes universitarios, y eso naturalmente tiene su valor. Sin embargo, el que se haya quintuplicado la cifra de alumnos, no necesariamente significa que se agrega tanto valor académico como parece indicar el título. Ése es el problema.

 

-¿Cómo cree que es la formación de los docentes de las distintas universidades del país?

Cuando regresé de mi doctorado en Alemania, la gente que tenía doctorado y postgrados en Chile, era muy poca. Hoy, en cambio, hay muchas personas que tienen doctorado, hay gente que tiene estudios superiores en universidades importantes. En ese sentido, diría que las capacidades docentes en Chile han aumentado y muchas Escuelas de Derecho han hecho una importante contribución al progreso del Derecho en Chile. Hay otras Escuelas que, tal vez, no lo han hecho con ese mismo grado de excelencia, pero están formando honestamente a personas que se puedan ganar la vida y valer decentemente en la profesión.

Un profesor honesto y bien calificado no necesita ser doctor para ser un buen docente de Derecho.

 

¿Es válido un examen nacional en quinto año?

 

-¿Qué medidas se debieran implementar a corto plazo para mejorar la formación de los estudiantes?

La solución de corto y largo plazo va de la mano. No es muy fácil establecer medidas intermedias. Hoy, lo que se establece en la Ley es que el grado de licenciado es otorgado por una universidad reconocida por el Estado. Resulta que tenemos 150 programas de licenciatura en Chile. El problema es cómo se mide la calidad.

 

-Usted, ¿es partidario de establecer un examen de carácter nacional para determinar si un licenciado cuenta con los conocimientos necesarios y las habilidades y destrezas que le permitan trabajar en forma idónea?

La experiencia comparada demuestra que no hay otro camino que un examen nacional, que sea preparado inteligentemente. No es un examen que fije un ranking de universidades, no debe ser un examen con nota, sino que plantee si aprobó o reprobó el licenciado.

 

-¿Y en qué aspectos se debiera centrar este eventual examen?

Pienso que debiera estar orientado a los dos aspectos fundamentales de la formación jurídica como son los conocimientos de derecho y las habilidades prácticas que se refiere a la forma cómo se enfrenta un problema.

 

-¿Es justo que un alumno en quinto año, en su último año de formación, tenga que someterse a un examen y el resultado sea rotundo: no está capacitado para ejercer la profesión?

Es muy duro, lo sé. Me pregunto, ¿esa persona que terminó los cinco años y tiene el título de licenciado pero carece de los conocimientos y las habilidades mínimas para ejercer la profesión, por el hecho de haber estudiado cinco años tiene que ser abogado? Es licenciado y no perderá ese grado académico.

 

-Pero, ¿por qué no establecer medidas remediales desde el primer año de la carrera y no esperar hasta el último año?

Esto puede ser secuencial. No veo ninguna dificultad en que sea secuencial. No podemos incurrir en el error de pensar que por que alguien ha hecho "como que estudia derecho" durante cinco años, tenga derecho a ser abogado.

 

 -El presidente de la Excelentísima Corte Suprema, Milton Juica sostuvo que el máximo tribunal requiere más atribuciones para controlar la calidad de los abogados y, de no ser así, se mostró partidario de desvincularla de la responsabilidad de otorgar los títulos. ¿Cuál es su opinión, respecto del tema?

Es un recarga, pero también es un compromiso, es una tradición que tiene un lado positivo. Mal que mal, los abogados prestan juramento ante la Excelentísima Corte Suprema.

 

-Pero, ¿sólo porque es una tradición es válido?

Es una tradición y las tradiciones de alguna manera se justifican, porque resulta que el abogado está comprometido con la observancia del derecho y el cuidado de la administración de justicia.

 

-Insisto, ¿puede pesar más una tradición que el sentido práctico?

Si se mantuviera el actual estado de las cosas, sería preferible que cada universidad entregara el título. Ya no se tendría un certificado en la pared que diga Excelentísima Corte Suprema, sino que diría Universidad x.

 

-Sin embargo, uno puede recurrir a un abogado y aunque haya jurado ante la Excelentísima Corte Suprema y tenga colgado en la pared el título, eso no garantiza que sea un buen profesional, que tenga los conocimientos necesarios y actúe éticamente...

Así es, porque la Corte legalmente no tiene ninguna facultad para controlar nada. La mejor solución es que exista algún estándar común mínimo, no excesivo, porque la profesión de abogado tiene muchas virtualidades.

 

"Estar colegiado responde a un concepto de dignidad profesional"

 

-Una de las críticas vertidas contra el Colegio de Abogados apunta a las pocas atribuciones que tiene frente a un abogado que incurre en conductas poco éticas.

El Colegio ejerce jurisdicción sólo en quienes están colegiados. El Colegio de Abogados de Chile recibe aproximadamente 600 nuevos abogados. Diría que menos de un 50% de los nuevos abogados se colegia.

 

-Esto implica que un porcentaje importante de nuevos abogados no están sujetos a un control ético y a un control de buenas prácticas...

El Colegio tiene un procedimiento de control de buenas prácticas que es muy eficiente y directo, tratando de solucionar los problemas de quienes son víctimas de abuso por parte de los abogados. No sólo cumple una función sancionadora, sino también una función mediadora y de protección de los clientes.

Estar colegiado también responde a un concepto de dignidad profesional, porque el abogado colegiado frente a sus clientes está expresando su interés y voluntad de comportarse correctamente en el ejercicio de su profesión.

 

-A su juicio, ¿la colegiatura debiera ser obligatoria?

No. Hay un principio constitucional de libertad de asociación y entiendo que, en razón de este principio constitucional, la colegiatura no es obligatoria. Hay una razón y no es una cosa caprichosa.