Un éxito fue el Coloquio sobre "Derecho Penal y pueblos indígenas: debate para un pluralismo jurídico" realizado el 12 de enero y que organizó el Centro de Investigaciones Jurídicas (CIJUCEN) y el equipo académico del proyecto FONDECYT Regular 2010 N° 11100086.
Al evento asistieron más de cuarenta personas, quienes manifestaron su satisfacción por el interesante análisis que hicieron los expertos invitados: profesora, Dr. Myrna Villegas (investigadora de CIJUCEN), el abogado, Lautaro Loncon (Red por los derechos educativos y lingüísticos de los pueblos indígenas de Chile), el abogado, Luis Jiménez (estudiante diplomado en Antropología Jurídica en la Universidad de Chile) y la profesora, Dr. (Ph), Kemy Oyarzún (Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile".
La Dra.Myrna Villegas, durante su intervención, destacó la necesidad de "contar con una reforma penal integral que reconozca la diversidad cultural, de manera real y no ficticia, como ocurre en la actualidad". Agregó que "Chile es un país bastante atrasado en materia de reconocimiento indígena, no hay reconocimiento constitucional".
En forma tajante, la investigadora de CIJUCEN afirmó que "el Estado de Chile ha abusado con la población indígena. El Estado de Chile ha retrasado el reconocimiento de manera irresponsable y el reconocimiento en materia penal se limita a una norma que es insuficiente".
Myrna Villegas manifestó que "las reformas que se pretenden impulsar dan cuenta de un reconocimiento tardío. No se reconoce al indígena como un otro real".
Tema indígena desde la perspectiva penal
La especialista explicó por qué resulta imprescindible abordar de manera especial el tema indígena desde el punto de vista penal. "Todas las comunidades tienen sus usos y costumbres y su derecho consuetudinario que está plasmado en sus instituciones propias. Sin embargo, existen ciertos actos que son delito para el Estado y que pueden no serlo para la comunidad indígena, como por ejemplo, ocupar territorios ancestrales que están hoy en día en manos de empresas forestales o de particulares, o el acceso carnal entre hermanos. Lo que nosotros conocemos como delito de incesto, para ellos es una manifestación de su cultura. Por otro lado, a veces, una conducta es inocua para el Estado desde el punto de vista jurídico, pero para la comunidad indígena constituye un delito grave en la medida que atenta contra el colectivo, como por ejemplo, "causar mal de ojo", robarle la gallina a un vecino o las riñas que son duramente castigadas en la justicia comunitaria".
La Dra. Villegas preguntó ¿cómo se han abordado estas situaciones desde el punto de vista penal?: "Vamos a distinguir dos niveles, uno de ellos es el que dice relación con la responsabilidad penal del indígena y, el otro, relacionado con el Convenio 169 referido al acceso a la jurisdicción. Con respecto a la responsabilidad penal que le cabe al indígena, en 1941 un criminólogo afirmó que el indígena más que un ser responsable penalmente era un sujeto peligroso, porque tenía un peculiar estado psicológico y mental, y su posición en la sociedad, le impedía tomar conciencia de sus actos y, más aún, de la significación que el acto tiene para la cultura dominante en la que se inserta". Según la abogada de la UCEN, en la práctica esto no es más que la imputabilidad del indígena, igual a la de un enajenado mental o un menor de edad".
Agregó que existe otra visión referida al hecho que cuando un indígena transgrede una ley vigente por obedecer a su cultura, "estaba en un error de prohibición, que le impide internalizar una norma y actúa anti-jurídicamente, pero no tiene conciencia de la ilicitud de su acto". Según Myrna Villegas, "estas miradas subsisten hasta el día de hoy".
La necesidad que el Estado adecue su ordenamiento jurídico
Por su parte, Lautaro Loncon indicó que "la defensa corporativa de no estigmatización del pueblo Mapuche en el teatro de la hipocrecia no ha cambiado la conducta del Estado ni de sus instituciones, éste sigue siendo el mismo. Es el mismo que hace poco más de cien años asesinó a nuestros abuelos, a las lamgenes,a los niños, a nuestros peñi, es el mismo que ocupó, usurpó y repartió nuestro territorio como un botín de guerra entre los colonos y, otros, aún mantienen nuestras tierras usurpadas. Es el mismo que ha mantenido negado, oprimido, excluido al pueblo Mapuche en estos docientos años de su existencia".
Agregó: "el Estado debe saber que mientras las comunidades Mapuche desean el diálogo y el Estado no se abre a él, en una disposición de resolver los problemas de usurpación de nuestras tierras, de la restitución de nuestro derechos como pueblo, acciones como las recientemente vividas probablemente van a persistir y agudizarse y cada día recobrarán mayor legitimidad en el pueblo Mapuche, pues lo vivido, es la expresión de esa falta de díalogo serio que tenga como propósito resolver el problema de fondo".