Por: Esteban Elías, abogado y docente de la Universidad Central de Chile.
La actual situación en la que se ven enfrentados Codelco y la empresa británica Anglo American tiene tres componentes que son dignos de analizar: en primer lugar, uno político, que se manifiesta en las reacciones por parte del Gobierno y los partidos políticos en cuanto a defender con distintos matices los "intereses nacionales" que representa Codelco. En segundo lugar, existe un componente de carácter económico, representado por las distintas consecuencias que significarían para la minera estatal no llevar adelante una transacción en los términos planeados, la que figuraba en sus planes de desarrollo estratégico para el 2010; y un tercer aspecto de carácter jurídico, por las recientes acciones judiciales y los distintos análisis jurídicos que la situación ha creado, transformándose potencialmente en el juicio de mayor cuantía de la historia judicial de nuestro país.
Más allá de las consideraciones anteriores, éste es un tema en que nuevamente sale a la luz la discusión sobre la nacionalización de los recursos mineros y la revisión de las concesiones mineras. Sobre este punto, vale la pena hacer memoria y situarse a principios de la década del setenta, cuando Chile al igual que Zambia tenía toda su producción minera en manos del Estado. En efecto, la producción total de toneladas de cobre en 1970 fue de aproximadamente 700.000 toneladas métricas de cobre para ambos países. Para finales de 2011 se estima que la producción total de cobre para Zambia será cercana a las mismas 700.000 toneladas métricas de la década del setenta, mientras que Chile proyecta producir 5.700.000. Sobre este punto cabe hacer presente que para el 2012, se estima que el aporte que harán las mineras privadas a las arcas fiscales, será mayor que la de Codelco.
No debemos olvidar que, de acuerdo a nuestra Constitución, cuando el Estado de Chile opta por asumir un rol empresarial, como es el caso de Codelco, éste debe someterse a las mismas reglas del juego que cualquier otra empresa privada. De esta forma, el pretender otorgar privilegios especiales de protección o garantías que van más allá de la normativa vigente aplicable al resto de las empresas, se violenta nuestro ordenamiento jurídico. Lo anterior, no significa que Codelco deba abstenerse de actuar o adoptar una postura conformista, sino, muy por el contrario, debe defender con contundencia sus intereses, que al final del día representan los intereses de todos los chilenos. Sin embargo, esto no significa que las autoridades tengan que dotar a la estatal de una protección especial frente a un conflicto radicado entre dos empresas.
Dada la situación de inestabilidad financiera y económica que se vive hoy en día a nivel mundial, resulta más importante que nunca que nuestro país mantenga el respeto por su institucionalidad y normas claras y precisas frente a la inversión extranjera, donde los distintos actores que ingresan a nuestro país sepan desde un comienzo a quá atenerse.
Es de esperar que Codelco sea capaz de defender su postura mediante las vías establecidas y que nuestro país siga manteniendo su imagen como garante de su institucionalidad.