Martes 26 de Agosto de 2025
El acuerdo permitirá la incorporación de estudiantes en prácticas en un plan piloto orientado a recabar antecedentes de arraigo en controles de detención, especialmente en causas vinculadas a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
La carrera de Trabajo Social de la Universidad Central y la Defensoría Regional Metropolitana Sur firmaron un importante convenio de colaboración que busca generar instancias de aprendizaje práctico para los estudiantes y, al mismo tiempo, aportar al fortalecimiento de la justicia social y el acceso a derechos de las comunidades más vulnerables.
En la ceremonia participaron la directora de la carrera, Judith Guajardo, y el defensor regional, Renato González, quienes destacaron la relevancia de esta alianza para ambas instituciones. El acuerdo contempla la incorporación de estudiantes en un plan piloto orientado a recabar antecedentes personales en los controles de detención, especialmente en casos que involucren a jóvenes sujetos a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
“Este convenio con la Defensoría Regional Metropolitana Sur refuerza el compromiso de la carrera de Trabajo Social con la formación de profesionales vinculados a los desafíos sociales y jurídicos del país. Nos permitirá generar instancias de aprendizaje práctico para nuestros estudiantes y, al mismo tiempo, aportar desde la universidad al fortalecimiento de la justicia social y el acceso a derechos de las comunidades más vulnerables”, afirmó Guajardo.
Además de impulsar prácticas profesionales, el acuerdo incluye la colaboración en actividades académicas y la implementación de un programa piloto que permitirá a los estudiantes aplicar sus conocimientos en contextos reales, con el apoyo y asesoría técnica de la Defensoría Penal Pública.
La Defensoría Regional Metropolitana Sur es parte de la Defensoría Penal Pública, organismo que brinda defensa penal a personas que carecen de abogado y son imputadas por delitos en distintas comunas de la Región Metropolitana. Este organismo, además, ha desarrollado líneas de defensa especializada en ámbitos como género, juventud, migración e imputabilidad, lo que amplía el horizonte de aprendizaje para los futuros trabajadores sociales de la UCEN.
El convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de renovación anual, consolidando una alianza estratégica que vincula la formación académica con el compromiso social y el acceso a la justicia.