Académica Paula Medina integra mesa de trabajo para elaborar anteproyecto de ley de ejecución de penas

Para incorporar aportes esenciales que permitan elaborar un proyecto de Ley de ejecución de penas, la académica Paula Medina, Directora del Magíster de Criminología y Justicia Penal, fue convocada para integrar una mesa de trabajo con diversos expertos para fortalecer la propuesta de articulado.

Chile no cuenta con una norma de rango legal que regule la ejecución de las penas privativas de la libertad, lo que infringe disposiciones constitucionales e internacionales y el principio de legalidad y su garantía de reserva legal.

El ordenamiento jurídico penitenciario se caracteriza además por una amplia dispersión normativa, esto es, una multiplicidad de cuerpos legales con distinta jerarquía legal que regulan la materia, por lo que resulta deseable el intentar unificar a lo menos algunas de estas materias en un solo cuerpo normativo.

Es por lo anterior, y atendido además que el Programa de Gobierno contempla enviar un proyecto de Ley sobre esta materia, que la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos trabaja en un borrador preliminar.

Sobre dicho documento es que se conformó una mesa de trabajo con diversos expertos que puedan realizar los comentarios que estimen pertinentes sobre el articulado propuesto. Los especialista convocados son: Paula Medina, U. Central; Jorg Stippel, U. Autónoma; Mauricio Sánchez, U Chile, Álvaro Piñol, U Chile, Paula Vial, PUC; Álvaro Castro, U. Chile y José Henríquez, Asociación de Pensamiento Penal Chile. También participa un representante del Defensoría Penal Pública y de Gendarmería de Chile.

Para ello, dichos expertos se reunirán en forma semanal en los meses de septiembre y octubre del presente año, para trabajar sobre recomendaciones de mejora o incorporación de nuevos artículos a dicho cuerpo normativo.

Esto con un objetivo central: establecer recursos y procedimientos específicos para que una persona condenada y privada de libertad, pueda reclamar ante el juzgado de garantía y en definitiva, tenga derecho de acceso a la justicia.