Viernes 9 de Octubre de 2020
Reflexión de estudiantes de segundo año del Magíster en Abordaje de Personas Mayores y Envejecimiento UCEN, Consuelo Estadella Guerra, Carolina Medina Elgueta y Camila Toro Silva.
El avanzado envejecimiento de la población chilena, plantea diversos desafíos en múltiples áreas tales como el área sociosanitaria, económica y todas aquellas relacionadas al desarrollo humano. En este contexto en los últimos años se han impulsado varios esfuerzos tanto desde las instituciones gubernamentales como desde la sociedad civil, con el objetivo de contribuir al bienestar de la población de personas mayores, reconociendo factores determinantes como la protección y el libre ejercicio de los derechos humanos, los cuales se vinculan directamente a la calidad de vida de estas.
No obstante, en la construcción social del mundo occidental se han ido forjando imaginarios sociales que relacionan la vejez con características negativas tales como la vulnerabilidad, fragilidad y pasividad entre otras, lo cual conlleva a consecuencias sociales que constantemente amenazan el goce y ejercicio pleno de los derechos de estos sujetos sólo en razón de su edad, poniendo en riesgo el ejercicio de la autonomía.
Esta fragilidad en el ejercicio libre de los derechos y autonomía por parte de las personas mayores, ha quedado al descubierto en el ultimo tiempo en nuestro país a raíz de las medidas preventivas que se han implementado por la actual pandemia por virus Sars-CoV-2, productora de la enfermedad Covid-19.
Esta pandemia ha puesto en el ojo del huracán a los mayores, tomando como principal preocupación una tasa de mortalidad mayor en este segmento poblacional que otros segmentos etarios, tal como lo manifiesta último informe epidemiológico emitido por el Ministerio de salud, el cual fue publicado el 17 de Septiembre del presente año, da cuenta de que, a pesar de que las personas mayores representaban solo un 16,3% del total de contagios, estas representaban a su vez el 85% de los fallecimientos, lo cual evidentemente enciende las alarmas en todos los niveles sociales.
Sin embargo, un punto del cual poco se habla, es la amplia heterogeneidad en la condición de salud y estados funcionales que se pueden encontrar en este segmento de la población. Este aspecto resulta tener gran relevancia ya que, según Fasce (2020) la funcionalidad va a ser un factor determinante para estimar la sobrevida de estos frente a la enfermedad, destacando que la edad cronológica por sí misma no constituye en factor ineludible a la hora de definir la fragilidad de las personas frente a la enfermedad Covid-19.
La influencia de una visión uniforme de la vejez, que la asocia a dependencia funcional y condiciones deficientes de salud, influye en las percepciones y creencias que se atribuyen a este grupo humano, lo cual sumado a la actual crisis sanitaria, económica y política, ha generado un escenario fructífero para la proliferación de diversas conductas que dejan en manifiesto el edadismo presente en la sociedad en sus distintos niveles, tanto en contextos familiares, como en contextos institucionales y a nivel de políticas públicas.
Un ejemplo de esto, se manifiesta en los contextos más cercanos a las personas, donde con el afán de “cuidar y proteger”, algunos círculos familiares podrían propiciar una vulneración del derecho a la autonomía, restringiendo la toma de decisiones autónomas, argumentando un posible riesgo de contagio en la realización de actividades cotidianas, lo consideran pudiese implicar consecuencias fatales, obviando el derecho de las personas mayores a evaluar de manera autónoma los riesgos y decidir sobre sus acciones, incluyendo aquellas como salir de compras o realizar trámites legales en calidad de titulares.
Otro ambiente en el que se pueden identificar actitudes edadistas, es en los medios de comunicación y redes sociales, quienes constantemente aportan a la estigmatización de las personas mayores como sujetos de cuidados y no como sujetos de derechos, destacando un lenguaje que releva el rol de estos como sujetos de carencias, exclusión social y debilidad física, acuñando términos estigmatizadores como “ancianitos” o “abuelitos”, encasillando a la persona únicamente a un rol familiar que puede o no ejercer en su vida, pero que no resume la totalidad de su persona, ocupaciones o roles.
Este tipo de exclusión, que presenta a las personas mayores como sujetos de carencias y sufrimiento, puede generar riesgos mayores ya que, al instalarse en distintos niveles de la sociedad, logran calar incluso en la generación de políticas públicas y en la toma de decisiones gubernamentales, generando un marco regulatorio mayor que, inexplicablemente, avala las conductas discriminatorias; lo cual queda en manifiesto en el decreto emitido el 14 de mayo, que obligaba a las personas mayores de 75 años a ejercer una cuarentena obligatoria en todo el país, sin considerar las condiciones sanitarias locales, limitando el ejercicio de su derecho a la libertad sólo en razón de su edad con el argumento de proteger la salud, convirtiéndose en un motivo de carácter administrativo por sobre el carácter clínico que debiera primar.
Considerando este contexto, preocupa la realidad que podrían estar viviendo el 10% de personas mayores que viven solos, quienes posiblemente no cuentan con redes de apoyo para acceder a servicios básicos como adquisición de alimentos, pagos de cuentas, trámites formales entre otros, así como también el 31,8% de personas mayores que con anterioridad a la pandemia mantenían participación laboral activa para poder financiar sus gastos básicos (Casen, 2017).
Antes de concluir, es importante reconocer que efectivamente muchas personas mayores podrían estar en desventaja fisiológica para enfrentar la enfermedad por Covid-19, relevando a su vez la importancia del autoconfinamiento como uno de los principales métodos de disminución de riesgo de contagio. No obstante, las personas mayores en su condición de ciudadanos deben tener igualdad ante la ley, sin que la edad constituya motivo de discriminación o limitación en el ejercicio de los derechos. Esto debe considerar tanto el derecho a la libertad de movimiento, como el ejercicio de la autonomía, permitiendo la toma libre de decisiones como el exponerse o no a riesgo de contagio en alguna actividad cotidiana, tal como lo hace el resto de los ciudadanos.
Los equipos de trabajo relacionados al envejecimiento, así como aquellos ligado a los derechos humanos, tenemos el deber de posicionar el tema en la discusión pública, ya que bajo la sombra de un imaginario social de la vejez de tipo edadista, se están tomando decisiones que atentan el ejercicio pleno de los derechos de estos sujetos sólo en razón de su edad, lo cual se contradice con el llamado que hace la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien emplaza a los gobiernos a eliminar todo tipo de barrera física o social que limite la participación de personas mayores.
Este llamado debe tomar urgencia, considerando que, según las advertencias de los expertos, la pandemia por coronavirus podría demorar su erradicación, por lo que es necesario que en este escenario de vulnerabilidad los gobiernos y países se preparen para contar con herramientas de afrontamiento que no estén influenciadas por estigmatización y edadismos que puedan generar vulneración de derechos.