Por: Juanita Rojas Decana Facultad de Comunicaciones, Universidad Central
La profusión de opiniones respecto a la pertinencia de la querella presentada por la Presidenta de la República en contra de editores y periodistas de revista Qué Pasa permitiría pensar que está todo dicho. Sin embargo, creo necesario abordar el tema desde un punto de vista estrictamente profesional, esto es, la ética periodística y el cumplimiento de las técnicas disciplinares básicas del reporteo y edición, esas que se aprenden en cualquier escuela de Periodismo de Chile o el mundo.
Convengamos en que el principio de la libertad de expresión no puede ser relativizado, porque el riesgo de correr interesadamente los límites es demasiado peligroso. Lo sabemos aquellos que sufrimos en carne propia la censura y la persecución en otro período de nuestra historia, época en que muchos de los que hoy aparecen como adalides de la libertad de prensa fueron cómplices o guardaron un ominoso silencio. Pero eso ya es parte de nuestra historia.
La censura es siempre indeseable. Pero eso no invalida el derecho de los afectados por injurias o calumnias a recurrir a la justicia, en el entendido que cualquier diatriba o mentira lanzada en redes sociales o medios de comunicación formales no se puede amparar en la libertad de expresión. Y ahí radica el cuestionamiento ético. Lo que diferencia a un medio de comunicación serio de un ciudadano cualquiera, es que este último puede emitir juicios, opiniones o entregar informaciones por las que solo responde a título personal. El medio y los periodistas cumplen una función social y su responsabilidad es mayor, por lo que deben someter su quehacer a reglas y normas éticas.
Conceptos como chequeo y contra-chequeo de información, contrastación de fuentes y comprobación de su verosimilitud, contextualización de la noticia y su origen, así como los antecedentes de sus protagonistas, son conocidos por todo profesional del periodismo. No cumplir alguno de esas reglas habla de un mal ejercicio profesional o, derechamente, de la manipulación de la información con fines espúreos. Ambas cosas son de gravedad extrema cuando está en juego la fe pública.
Es cierto que parte importante del trabajo periodístico es la edición, pero eso no puede ser sinónimo de cercenamiento que implique modificar el sentido de la noticia o, peor aún, de un uso parcial de la información que pueda cambiar la percepción del destinatario. Si a revista Qué Pasa no le pareció responsable publicar las conversaciones interceptadas a un operador de dudosa calaña en su página web, dada las delirantes acusaciones que hacía contra distintos personajes públicos (por eso retira la publicación y pide excusas), nada justifica profesionalmente usar esos mismo dichos de manera parcial para enlodar a una persona en particular. Sea la Presidenta o cualquier otro.
La concentración de la propiedad de los medios, las orientaciones e intereses de los dueños de esos medios y el mal uso que pueden hacer de ellos es un debate que está pendiente y que, lamentablemente, ni la sociedad ni ningún gobierno ha querido enfrentar en Chile. Tampoco es paranoia pensar que lo anterior ofrece un espacio para la manipulación, aunque algunos opinólogos de fin de semana digan lo contrario. Pero un ejercicio profesional digno y apegado a las normas es un mínimo exigible, más allá de propiedades, intereses políticos o económicos.
Por todo lo anterior, me parece un error presentar una querella penal contra los encargados de la publicación, en la medida que se desvió el foco del problema hacia la amenaza a la libertad de expresión, cuando lo que debe ser juzgado es el comportamiento ético de los profesionales del medio. El Colegio de Periodistas ha hecho funcionar de manera transparente y eficiente esta instancia y sus resultados demuestran que no promueve defensas corporativas (como les gustan a algunos) ni caza de brujas. Una lástima, porque se perdió la oportunidad de exponer ante la ciudadanía qué tipo de información se les entrega.