Miércoles 10 de Julio de 2013
Con la presencia de autoridades y académicos de diversas instituciones de educación superior del país, Universidad Central y el Grupo Intellego presentaron el seminario "El impacto de la nueva ley de acreditación en la educación superior chilena". En la instancia académica se analizaron los futuros escenarios en educación y las nuevas tendencias a nivel mundial sobre el nuevo proyecto de ley que daría paso a la nueva Agencia Nacional de Acreditación.
Rafael Rosell, rector de la Universidad Central, indicó que "se requiere un organismo capaz de articular y fiscalizar el sistema de educación superior (superintendencia) y el sistema de aseguramiento de la calidad, incluyéndose en su ámbito de control las entidades públicas de acreditación y las agencias acreditadoras, como, además, constituirse en la instancia de apelación de las decisiones de estos organismos acreditadores". Además, agregó que las resoluciones de la CNA no solo deben ser de fiscalización, sino también de apoyo para el desenvolvimiento de las instituciones de educación superior.
Matko Koljatic, presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, compartió las propuestas sobre la Ley de Acreditación que presentó ante la Comisión del Senado, respecto los art. 7, 15, 20 y 36, relativos a la composición de la Comisión, la obligatoriedad del proceso, los periodos de acreditación y la selección de la agencia de acreditación.
Por su parte, Enrique Fernández, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Tarapacá, formuló alcances respecto a materias que requieren definiciones no abordadas en el proyecto de Ley, tales como mayor limitación a posibles conflictos de interés de los pares evaluadores, así como la necesidad de procesos de capacitación sistemáticos y rigurosos para ellos.
En este contexto, Andrés Bernasconi, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, expuso sobre la ley corta, en especial, la vinculación tanto de la autonomía con la acreditación, como de la acreditación institucional con la acreditación de carreras, centrándose en la simplificación de éstas últimas en aspectos de curriculum y docencia y reservando para instituciones previamente acreditadas, la evaluación general de la organización en la acreditación institucional.
