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Con nuestro futuro no se improvisa

Gabriel Iturra, presidente Federación de Estudiantes de la Universidad Central (FEUCEN)

Imagen foto_00000014El escenario de la gratuidad post fallo del Tribunal Constitucional (TC) tiene a todo el país expectante. Muchos chilenos y chilenas no comprendemos lo que ocurre. Este escenario se asemeja bastante a la final interrumpida del campeonato local: dos bandos supuestamente antagónicos disputando en la cancha.

Por un lado, una derecha reaccionaria con algunos de sus dirigentes históricos imputados, usando a "los pobres y más discriminados" de Chile como fuente de su argumentación. En la contienda, un gobierno cuya estrategia es la improvisación junto a una coalición tensionada, donde algunos ocupan las consignas históricas del Movimiento Estudiantil y otros defienden becas y alianzas público-privadas.

Tras el dictamen comenzaron los dimes y diretes en la cancha, cual barra de Wanderers o Colo-Colo, con un árbitro llamado Tribunal Constitucional, intentando hacer de réferi en la pugna entre ambos, mientras el pueblo de Chile, el movimiento social, seguimos siendo parte de una galería multitudinaria, donde ni siquiera podemos tocar la pelota.

"Es que es mucho mejor que exista educación gratuita para algunos, a que nadie tenga", nos dicen. Pero no podemos ser cómplices encubiertos de este engaño, donde la gratuidad sigue siendo una promesa incumplida. Por presiones al interior de la Nueva Mayoría y de los sectores conservadores, se cambió la versión de nuestra demanda histórica. A pesar de esto, la educación gratuita sigue siendo posible para cada uno de los estudiantes de este país, porque es un derecho social y porque existen los recursos para financiarla. Más allá de la política del terror de los empresarios y del "realismo sin renuncia" del gobierno.

Por otra parte, señalar que aquí no se trata de tomar bando por ninguno de los dos sectores o "barras" en disputa, dos sectores que quieren mantener un modelo económico y social imperante en el país y que pelean por cuestiones de forma, pero no de fondo. Lo queramos o no, si se ejerce discriminación en contra de los estudiantes por el hecho de pertenecer a una u otra institución, nos preguntamos; ¿Qué responsabilidad tiene un estudiante de los sectores más empobrecidos, que producto de un sistema educacional que se cae a pedazos, no logra obtener un buen resultado en la PSU y es forzado a escoger entre vivir con un sueldo mensual indigno de $241.000 o con la esperanza de "surgir" en la vida, aspirar a otra condición social matriculándose en una institución privada, aunque esta no entregue calidad ni asegure democratización, una institución que lucra con el dinero y los sueños del estudiante? Aquí el responsable es el Estado, tras una dictadura que privatizó la educación, y una Concertación ahora camuflada de Nueva Mayoría, que profundizó aún más el modelo económico y educacional mejorando el acceso producto de la desregulación, mediante el Crédito con Aval del Estado (CAE), la creación de universidades privadas sin hacerse cargo de generar una estructura de educación pública para asegurar que todo estudiante pueda acceder a la educación superior sin barreras como las existentes hoy en día.


Gratuidad


Frente al fallo del TC, La gran pregunta es: ¿Se declara inconstitucional por el hecho de que el Estado no puede obligar a instituciones cumplir con tales requisitos? ¿O la argumentación jurídica radicaría en torno a que el Estado no puede obligar solo a algunos a cumplir criterios que debieran cumplir todas las instituciones? No se clarifica si se rechaza la naturaleza de lo pedido o el fondo del asunto controvertido.

Como fuese, hoy el gobierno dispone de 536 mil millones aproximados para financiar la gratuidad vía glosa presupuestaria. ¿Cómo decidirá el gobierno cuál es el mejor mecanismo?

Dentro del debate educacional suenan fuertes dos propuestas: la primera financiar a las universidades del Consejo de Rectores (CRUCH) vía convenio por desempeño, y a los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales aumentando la beca Nuevo Milenio.Esto significaría obligar a las universidades del CRUCH al cumplimiento de ciertas metas, desvirtuando la naturaleza del que hacer universitario, sometiendo a las universidades a criterios de competitividad neoliberal como lo son los rankings del mercado. Se podría decir que lo bueno de esta iniciativa, sería un mensaje de avanzar hacia el financiamiento de los que no lucran, pero las becas y créditos seguirán existiendo en todo el sistema de educación superior, manteniéndose la lógica de que se sigue lucrando.

Otros, sin tapujo hablan de implementar un financiamiento vía beca, que como se implementaría un año, en teoría, no sería tan complejo, siguiendo con las lógicas de mercado en donde se fomenta la competencia entre instituciones de educación superior repitiendo justamente lo que queremos cambiar hace más de 20 años en la educación chilena. Porque la Democracia Cristiana (DC) y la derecha no le dicen de frente a cada uno de los chilenos y chilenas que lo que buscan es que se siga permitiendo a los empresarios de la educación que nos sigan robando, que sigan lucrando, por un año más. Lo del discurso de la discriminación es solo un bluf.


Educación pública y gratuita


La educación pública, para que sea tal, debe entonces estar íntegramente financiada por el Estado, con los impuestos de todos los chilenos, conforme a cargas tributarias proporcionales a los ingresos de los distintos grupos sociales y, en tal sentido, no puede ser financiada adicionalmente de manera directa por las familias como requisito de acceso. Al ser cubierta cabalmente por el Estado, las instituciones públicas educativas no pueden lucrar, porque a nadie en particular le puede asistir el derecho o el privilegio de beneficiarse del dinero de todos los chilenos. Y porque, de ocurrir aquello, se abre la posibilidad de que determinadas necesidades educativas, en la compleja labor de las instituciones, no sean adecuadamente cubiertas y tales recursos pudiesen estar siendo eventualmente utilizados en beneficio personal de un sostenedor o propietario. Esto, sin perjuicio de que un administrador o directivo reciba una retribución justa por su trabajo y en la magnitud de sus responsabilidades que claramente no son los sueldos millonarios con los que en la actualidad cuentan decanos, rectores y directivos de universidades estatales o privadas.

En la actualidad, existen 16 universidades privadas que no se encuentran acreditadas, dato no menor, si pensamos por un instante que la mayoría de estas universidades han sido cuestionadas en el pasado y en la actualidad por poseer holdings financieros, sociedades espejo, sociedades de inversiones, u otro tipo de artimañas legales para hacer lo que todo Chile sabe hace años: robarnos la plata a cada uno de los chilenos y chilenas. Aquí la cosa no es tan compleja, este tipo de instituciones privadas no pueden recibir recursos del Estado. En tanto, es responsabilidad del Estado asegurar a cada uno de estos estudiantes poder estudiar en una institución que cumpla con los criterios mínimos de probidad, excelencia y democracia; deben y tendrán que hacerse cargo. No permitiremos más ARCIS, más universidades del Mar en Chile. Una solución concreta sería idear de manera masiva un traslado de estudiantes de estas instituciones a universidades públicas que cuenten con los requisitos anteriormente descritos.

Para las universidades privadas, llegó el momento de tomar posición, de decidir cuál es la misión y visión que los fomenta a realizar la hermosa tarea de educar. En la medida que se avance a construir este nuevo sistema nacional articulado de educación pública, los privados deberán optar por comenzar un proceso de transición a lo público o mantenerse lisa y llanamente por su opción de ser universidades privadas sin vocación pública.

Aquellos que entiendan lo que significa la educación en Chile, no tendrán problemas en ser parte de un sistema estructural de educación pública, articulado desde la pre-escolaridad hasta la educación superior, que contemple una transición desde lo privado a lo estatal y público.

Lo único que ha quedado claro ante tanta incertidumbre, es que las elites políticas empresariales del país fracasaron, que Chile se cansó de esperar, que este 2016 los estudiantes volveremos a las calles, con más coraje que en 2001, con más ansias que en 2006, con más convicción que en 2011.