Patricia Villegas Díaz, Abogada, académica Universidad Central Región de Coquimbo
El 1 de noviembre del presente año, entró en vigencia la Ley 21.275, de artículo único, que modifica el código del trabajo, para exigir de las empresas pertinentes, la adopción de medidas que faciliten la inclusión laboral de los trabajadores con discapacidad.
Los legisladores de esta norma consideraron que es menester “que la sociedad avance en concebir la inclusión de las personas con discapacidad como algo natural, en razón de sus excelentes aptitudes como trabajadores, y no como el cumplimiento de una cuota”.
Según se indica en la historia del texto, lo que se buscó fue “rodear la actual ley con una serie de políticas públicas y leyes que incentiven una participación eficiente de los trabajadores con discapacidad en el mundo laboral, y del resto de los trabajadores con las personas con discapacidad”.
Este cuerpo legal establece que –en las empresas que deben mantener contratadas un 1% de personas con discapacidad- sus áreas de recursos humanos tienen que contar con al menos un funcionario con conocimientos específicos en materias que fomenten la inclusión laboral, lo que será acreditado por el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales.
Agrega que esas organizaciones tienen que promover políticas en materias de inclusión, informando anualmente a la Dirección del Trabajo. Asimismo, elaborar y ejecutar anualmente programas de capacitación a su personal, para dar herramientas tendientes a una efectiva inclusión.