Click acá para ir directamente al contenido

Los desafíos del SENAME: ¿Por dónde comenzar?

Por: M. Angélica Jiménez, Tamara Santos, Paula Medina.
Investigadoras Centro de Investigaciones Criminológicas de la Justicia Penal

En la década del 90, Chile ratifica la Convención Internacional de los Derechos del Niño, inaugurándose una nueva época en materia de infancia y adolescencia. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en otros países de la región, como Ecuador, El Salvador, Brasil, Venezuela, Perú, entre otros, que cristalizaron la protección integral en un Código para la infancia y adolescencia, dotándose así de una plataforma normativa e institucional, Chile privilegió la creación e implementación de una Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA), a pesar de las voces que ya en ese entonces auguraban que sin una ley de protección integral, con sus esperados efectos preventivos, la LRPA tendría como consecuencia una criminalización de los problemas sociales de la infancia. De este modo, se desaprovechó la conciencia y la disposición política e institucional que existía en ese momento para avanzar en el desarrollo de ambas líneas en paralelo.

A pesar de la falta de un código proteccional y de una institucionalidad exclusiva para estos fines, durante los años transcurridos se ha desarrollado una oferta proteccional creciente, pero que siempre ha sido precaria tanto en profesionalización como en recursos. En este sentido, la "actual" crisis del Sename probablemente obedece más a una visibilización coyuntural y no necesariamente a una agudización de los problemas históricos que existen en la atención de los niños.

Por otra parte, un problema central del diseño de esta política pública, ha sido la concentración de toda la responsabilidad en la acción del Servicio Nacional de Menores, concibiendo la política de la infancia como sectorial, sin considerar que la protección integral es eminentemente intersectorial. En este sentido, las leyes de protección integral a la infancia fueron pensadas prioritariamente para la protección de derechos universales, lo que implicaría que la mayor parte de los recursos debieran ser destinados a garantizar la protección a ese nivel (educación, salud, vivienda, etc.).

En la medida que una política para la infancia intersectorial opere eficientemente, sería esperable una reducción de casos de alta vulnerabilidad, y en consecuencia, el SENAME o el organismo que se defina, solo debiera actuar de manera subsidiaria. La experiencia comparada indica que, aun contando con una ley de protección integral que garantice derechos universales para los niños, niñas y adolescentes, siempre existirá un segmento de niños con problemas de alta complejidad, que requerirán programas de intervención focalizados, con profesionales especializados para abordar cada una de sus problemáticas, y que dichos programas, pese a llegar a una población reducida, tienen un alto costo. Esto es válido tanto para la intervención en materia de protección, como para el ámbito de los infractores juveniles, ya que si bien estos -pese a requerir una intervención distinta- un porcentaje significativo de ellos también presenta graves problemas de vulneración de derechos.

En este sentido, tenemos en Chile un escenario doblemente difícil. No solo no hay una ley de protección integral, lo que hace que el SENAME absorba toda la deficiencia de la política pública universal, sino que a su vez, los recursos actuales destinados a la intervención del Sename no se condicen con la complejidad de la problemática que aborda.

Pareciera que el debate público y político actual se ha centrado principalmente en las propuestas legislativas o de reforma institucional del Sename, dejando en un segundo plano la necesidad de mejorar de manera inmediata y urgente la intervención directa en este segmento de niños/as, y que una ley o una nueva institucionalidad no necesariamente mejorarán, como ya se ha evidenciado en el caso de la LRPJ.

En este nivel, las prioridades son de gestión institucional, de especialización profesional y de recursos financieros. Según lo que han mencionado los propios profesionales e instituciones colaboradoras, se requiere al menos triplicar los recursos económicos existentes para hacer frente a esta tarea.

En relación a la especialización, se necesita de personal debidamente capacitado y formado para intervenir en casos de alta complejidad, en especial la calificación del personal de trato directo, y también en las áreas de atención psiquiátrica y salud mental, procesos terapéuticos reparatorios con familias, desarrollo de habilidades parentales, entre otros.
Las universidades deben aportar a esta tarea, por la vía de construir conocimiento a través de la investigación y de la formación continua de profesionales idóneos y competentes en las todas las áreas que tengan incumbencia con el problema. Por su parte, las instituciones públicas deben promover y facilitar en sus funcionarios la posibilidad de acceder a la renovación y actualización constante de sus conocimientos.

Adicionalmente, el contexto laboral en el cual se insertan estos profesionales requiere que se considere muy especialmente la envergadura de su tarea, la gravedad de los conflictos que enfrentan y el desgaste que estos implican, todo lo cual amerita remuneraciones e incentivos acordes a esta exigencia, adecuadas condiciones de trabajo, equilibrios en cargas laborales y adecuados programas de autocuidado.

De este modo, el desafío planteado se sitúa a dos niveles: avanzar en la formulación de una legislación acorde a la protección integral, pero paralelamente, enfocarse de manera urgente en la intervención directa con los niños, niñas y adolescentes, mejorando tanto la especialización de los profesionales como sus modelos de intervención, optimizando las condiciones laborales, la gestión institucional y proveyendo todos los recursos financieros que se requieran para ello.