Paulina Maturana.
De acuerdo a esta iniciativa, los bienes jurídicos protegidos por esta nueva ley serían: la familia, la vida y salud de la madre; la vida de la criatura por nacer; la vida y salud del hijo nacido vivo y la igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres.
El mensaje presidencial del citado proyecto es claro en señalar que su objetivo pretende el reconocimiento del valor de la maternidad, de la familia y de la infancia, porque "nuestras mujeres quieren ser madres".
Sin restar valor a tal afirmación, pues muchas de nosotras lo somos y otras tantas desean serlo, me di a la tarea de revisar el proyecto de ley desde la óptica de los derechos humanos de las mujeres. Para ello, me propuse contestar una serie de interrogantes luego del estudio del articulado: ¿Todas las mujeres quieren ser madres?, ¿asegura nuestra legislación el derecho a decidir sobre la sexualidad y la reproducción?, ¿aquéllas que deciden serlo, estarían protegidas por esta legislación de toda discriminación en el empleo?, ¿asegura la propuesta la estabilidad en el empleo de toda mujer trabajadora?, ¿consagra esta nueva ley un real incentivo para la maternidad de la mujer trabajadora?, ¿protege a la trabajadora pobre, de clase media y rica?. Y surgen otras interrogantes: ¿considera esta propuesta la situación de las mujeres solteras jefas de hogar que quieren tener hijos?, cuando el padre está presente, ¿asegura la ley una efectiva corresponsabilidad en la crianza de los hijos?
Hecha la tarea, tristemente debo decir que tras la revisión de la normativa con perspectiva de género, las respuestas a las interrogantes planteadas se resumen en un gran no.
Afirmamos que la nueva normativa propuesta por el Ejecutivo está lejos de considerar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, resguardar las condiciones de empleo en caso de embarazo, su estabilidad en los mismos, y menos la igualdad de oportunidades y la no discriminación. La nueva normativa, incluso, resta a las mujeres derechos ya reconocidos por el Código del Trabajo.
Las mujeres como sujetos de derechos son las grandes ausentes en este proyecto. Tal situación es inaceptable dado el actual desarrollo internacional de los derechos humanos.
La génesis de esta perspectiva se remonta a la Conferencia Internacional de Derechos Humanos en Teherán (1968) en la que, por primera vez, se estableció que el padre y la madre tienen el derecho humano fundamental de determinar libremente el número de sus hijos y los intervalos entre sus nacimientos. Desde entonces, diversas convenciones internacionales, tales como la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), han resguardado específicamente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como parte del catálogo de derechos humanos.
Por su parte, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), la Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes (1989), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), sin duda constituyen el estándar internacional en la materia, que el Estado chileno debe cumplir.
Asiste al Ejecutivo y al Poder Legislativo, la oportunidad de acortar las brechas e iniquidades en lo que a igualdad y no discriminación de las mujeres se refiere. El proyecto en comento es la instancia de establecimiento de una política pública que permita hacer carne en el día a día de las mujeres chilenas, sus derechos humanos".