Demanda boliviana

Columna de opinión del profesor de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Central, Samuel Fernández, publicada en la edición del 15 de abril en la sección Voces de La Tercera.

Un día histórico. Así lo ha dicho en todos los términos el Presidente boliviano, Evo Morales, quien personalmente viajó hasta la sede del tribunal de La Haya para presentar la memoria boliviana como parte de la demanda contra Chile. La estrategia de la administración de Morales es que la corte internacional obligue al gobierno chileno a sentarse a negociar para discutir una salida al mar. En La Paz no hay otro tema más relevante.

Lo anterior representa un nuevo desafío limítrofe para nuestro país y pondrá a prueba el temple y experiencia de 35 profesionales que pertenecen a diferentes corrientes de opinión, especialidades legales, diplomáticas, de relaciones Internacionales, políticas, militares, y otras, quienes están dirigidos por los nuevos agentes designados por el gobierno. Nada podemos decir de sus capacidades, experiencia y compromiso, pues cada uno es del más alto nivel, como corresponde.

En todo caso, lo importante será alcanzar un consenso en cuanto a la estrategia a seguir y el énfasis en la línea defensiva que se decidirá una vez que seamos notificados de la Memoria boliviana. Este es un punto trascendental para defendernos en La Haya, considerando el reciente fallo en el juicio que nos llevó Perú sobre el límite marítimo.

Perú ganó a expensas de Chile territorio marítimo sobre el que pensamos no tenía derecho. Si bien lo significativo es que Chile mantuvo parte de lo que defendía, eso se logró no por nuestros argumentos jurídicos, ni por los tratados, ni por la práctica internacional, ni por los instrumentos presentados, ni por ninguna razón legal alegada ante la Corte, sino porque ésta determinó que el paralelo era una "práctica pesquera tácita" que partía del Hito 1, y no un límite marítimo convenido. Vale decir, no fue un fallo estrictamente basado en el Derecho Internacional, sino en un derecho  de esa época, cuestionable hoy, que ha evolucionado hacia soluciones más equitativas, acorde con los nuevos tiempos, donde otros factores, convicciones personales de los jueces y situaciones de desequilibrio también inciden ahora de manera esencial. Las últimas sentencias de la corte así lo confirman, y no sólo en el caso con Perú. Todo un aprendizaje  para el nuevo proceso con Bolivia.

Tendencia que no deberían dejar de lado "Los 35″, aunque ambos casos sean jurídicamente distintos, al igual que las argumentaciones y fundamentos que sustentan la autodenominada "gestión espectaticia" boliviana ante la Corte. Sin embargo, estas nuevas consideraciones igual podrían condicionarnos. Perú y Chile no recibieron opiniones ni a favor ni en contra. No así Bolivia, que ha iniciado una acción diplomática activa y expresamente sabemos que cuenta con respaldos regionales.

Si se apreciara que Bolivia presenta una situación inequitativa de enclaustramiento, la corte, para despejarla, basada en los variados ofrecimientos chilenos de solución -como actos unilaterales creadores de derechos obligatorios y múltiples negociaciones bilaterales frustradas, incluyendo la actualmente ofrecida-, podría considerarlas como base suficiente para decidir que deberíamos resolver esta controversia. Ampararnos únicamente en el derecho como lo concebimos, no fue acogido por la Corte en el caso con Perú, ni tampoco fue un caso ganado de antemano, como tantas veces se afirmó. Por ende, la demanda de Bolivia es un nuevo escenario digno de ser meditado frente a este nuevo pleito en la misma Corte.

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