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Lunes 13 de Mayo de 2013

De la industria creativa a la censura de Estado

El mImagen foto_00000004undo del arte   -como llamaría H. Becker  a la cadena de actores que actúan en la creación, exposición e interpretación  de una pieza artística- en nuestro país ha ido incorporando en su repertorio conceptual una nueva muletilla que, siguiendo la tendencia internacional,  permea   -de manera  insospechada hace algunos años-   toda la escena  nacional.  Esta muletilla es la de industrias culturales o, en el caso más extremo, industrias creativas. El concepto  se  introdujo con tal fuerza en el discurso de los agentes del campo artístico, que no tardó en  cristalizar en la elaboración nacional de las políticas culturales con un efecto perverso: la censura del Estado hacia la actividad creativa.

El concepto de industrias culturales o industria creativa acarrea consigo dos premisas importantes. La primera: si hablamos de industria, hablamos de  un conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad la producción de un bien de consumo (en este caso, la pieza artística u objeto creativo) y dos; como bien de consumo esta pieza artística se rige por la leyes del mercado.  A nadie presente en el mundo del arte pareció molestarle esta situación propia de la industria cultural. Por tanto, se presume aceptada por los grupos de interés.

En este contexto, cabe preguntarse: ¿Debe el Estado involucrarse en la actividad cultural del país?

En primera instancia, se debe aclarar que una intervención en torno a fallos de mercado no se justificaría en ningún caso. Ahondar sobre el punto, requeriría sobrepasar las pretensiones de esta columna. La intervención del Estado pareciera tener dos caminos a seguir: una opción es analizar los bienes culturales desde el concepto de excepción cultural, concepto elaborado en el marco del GATT (Acuerdo General sobre Tarifas e Intercambio), en donde se estableció que  la cultura y sus actividades productivas  deben estar excentas de las reglas del comercio común, fomentando la protección  contra debilitamiento y hasta la desaparición de las identidades culturales nacionales en manos del mercado. Otra opción es fomentar la industria cultural nacional a través de incentivos económicos a lo largo de la cadena de actores involucrados en la industria cultural. Esta última pareciera ser la opción escogida  por la política cultural nacional, financiado especialmente la etapa creativa de la pieza, mediante la  entrega de una cantidad significativa de fondos públicos a los artistas y estableciendo incentivos tributarios a los privados que decidan aportar a la industria. 

El problema de seguir ese camino, es que los fondos concursables de aporte estatal se han convertido en un mecanismo de censura burocrática radical, como lo demuestran estudios realizados  por el Observatorio de Políticas Culturales sobre los fondos de cultura para el año 2013.La política cultural no ha logrado zanjar una disyuntiva clave a la hora de seguir dicha opción: definir el valor de uso de los bienes culturales, es decir la aptitud que poseen  dichos bienes o piezas de arte para satisfacer alguna necesidad, factor fundamental  a la hora de justificar la intervención del Estado en la actividad cultural. El sector privado nunca ha tenido dicho problema, ya que ha sabido manejarse muy bien tan solo definiendo en el mercado el valor de cambio de aquellos objetos simbólicamente cargados.

Esta censura puede parecer difícil de encontrar a primera vista, pero se vuelve evidente para quien conozca la dinámica de los mencionados concursos y más de una vez haya tenido que recibir un proyecto rechazado con la siguiente frase: "No se justifica el impacto del proyecto en la comunidad con el monto requerido".  ¿Cómo es posible medir el impacto de una iniciativa cultural sin tener claro cuál es su valor de uso? ¿Acaso se puede medir el impacto de una pieza artística por la cantidad de personas a las cuales llega –cobertura-  olvidando la subjetividad de la interpretación estética?. Se vuelve muy difícil justificar una pieza artística –en la disciplina que sea– para el creador o creativo.  Leyendo los distintos proyectos postulante a fondos públicos se hace evidente el esfuerzo de manipular retórica o materialmente la pieza, para otorgarle un valor de interés nacional y tener así la opción se adjudicarse el monto requerido . De esta manera el proceso creativo se ve entorpecido por la industria creativa, haciéndole un daño tremendo al desarrollo de la creación estética, desde el comienzo de la formación del artista hasta la recepción de la pieza misma. Muchas universidades dedican gran parte de la malla de las carreras de artes a la  enseñanza de gestión cultural orientada a ganar fondos concursables.

Sostengo, por tanto, que la intervención del Estado en el campo del arte desde el concepto de industria cultural genera un efecto perverso, afectando de manera radical el desarrollo cultural del país.

Sostengo que es necesario reflexionar sobre los conceptos que se utilizan en la dinámica cultural de tal modo que aquello que se cristalice en las políticas públicas sea beneficio para los distintos agentes y no perjudicial.

Y sostengo que el mundo del arte no ha necesitado nunca de la intervención del Estado para desenvolverse y una política paternalista no aporta en nada, si es que el Estado no logra justificar de manera clara su intervención. En la sociedad actual, donde el énfasis en la actividad productiva con acento en lo económico ha socavado el resto de las acciones humanas, el aporte del Estado se hace fundamental, pero sentándose  éste sobre las bases mismas de la disciplina y reflexión estética y no ssupeditando el arte a lógicas y criterios  de producción empresarial como actualmente lo hacen los fondos concursables.

  ¿Cómo concretar dicho aporte? la discusión está lejos de zanjarse a nivel internacional, pero reflexionar sobre el estado de cosas actual es un comienzo para saber que se está haciendo bien y que se debe mejorar.

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Claudio Cortez Parraguez cursa quinto año de la carrera de sociología y desarrolló este articulo para la cátedra de Análisis Económico y Gestión Pública.Actualmente desarrolla  la práctica profesional en el Observatorio de Políticas Culturales.  Sus lecturas y trabajos se han encausado en la sociología del arte, la cultura y el análisis de las políticas culturales.