Condeno los actos de violencia en la Catedral y estoy por el Aborto Terapéutico

Por: Claudia Dides C., Directora del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública – CESOP,  Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Central de Chile

Siempre he abogado públicamente por que exista un espacio de debate democrático en Chile para tratar los temas de salud sexual y reproductiva y los derechos que conlleva. No tengo ninguna duda que desde la vuelta a la democracia en 1990 el Estado arrastra una gran deuda con las mujeres y los hombres en el tema de derechos sexuales y reproductivos, y sobre todo con nuestros niños/as y adolescentes y también con personas mayores.

La derecha, pero también los gobiernos de la Concertación y sus partidos, han sido consistentemente conservadores en estos temas y han recurrido permanentemente al veto político para evitar todo avance, por pequeño que sea. No han querido dar un paso adelante en torno a derechos fundamentales como este y por la calidad de vida de las personas. Se han escudado en consignas y valores que suponen, autoritariamente, de observancia universal, sin atender a la diversidad cultural propia de una sociedad compleja y moderna.

No soy católica, pero vengo de familia católica y ortodoxa por el lado palestino. Porque lo viví día a día, ahí aprendí el valor del respeto a las distintas religiones y creencias. Aprendí también que nadie puede imponer sus valores y creencias a otro. Por eso mi crítica a la jerarquía de la Iglesia Católica que, imponiendo a la sociedad chilena las creencias de sólo una parte de la misma, ha vetado pertinazmente los avances de la ciencia en materia de salud sexual y reproductiva. Basta recordar que para tener hoy día acceso, a medias, a la anticoncepción de emergencia tuvieron que pasar 10 años para que finalmente se pudiera aprobar la legislación pertinente. Entretanto, miles de embarazos no deseados se dejaron de evitar y la vida y proyectos personales de miles de mujeres jóvenes se vieron irremisiblemente afectados. ¿Quién se hace cargo de ello?.

Vivimos en un Estado Laico, y no tenemos que mirar al Vaticano cada vez que hablemos de aborto, de anticonceptivos, de uso del condón, de familias de constitución diversa, de diversidad sexual. Pero la clase política si lo hace. Se ha hablado de crisis moral, de que se acaba la familia, de que todo es libertinaje, y el mundo y la vida sigue. Las personas se enamoran, se separan, tienen hijos, descubren nuevas orientaciones sexuales, todo fluye, independiente de los poderes fácticos y de una clase política que ha caído en una sordera social permanente. Aunque para algunas es más fácil enfrentar los problemas derivados de estas restricciones que se impone a nuestros derechos, porque tenemos los medios económicos y las redes para resolverlos, mientras la gran mayoría de la población chilena no los tiene. Es, por tanto, una inequidad más que se les impone.

Vivimos en un país que hace muy poco tiempo tiene una Ley de Libertad de Cultos (que fue iniciada, dicho sea de paso, por un Ministro no creyente). Aunque tarde, felizmente, en realidad, porque entonces se reconoce que no existe una única verdad, un único credo, que es posible la diferencia, que la humanidad tiene muchos discursos y que todos ellos tienen el legítimo derecho a expresarse.

Los hechos de violencia que acontecieron en Santiago en la reciente marcha convocada por algunos grupos y colectivos de mujeres en pro del aborto -que indudablemente tienen el legítimo derecho a expresarse- irrumpiendo violentamente en un espacio religioso, son totalmente condenables. Los integrismos y los fundamentalismos, y la intolerancia que los acompaña insoslayablemente, son los que no dejan avanzar a la Humanidad, son los que han suscitado los hechos más horrorosos de violencia de todo tipo, de género, sexual, guerras, muertes por pensar distinto, como en nuestro propio país nos ocurrió durante 17 años.

En Chile vivimos violencia simbólica y no tan simbólica, que nos afecta nuestra calidad de vida. Ella deviene en depresiones, stress, enfermedades psicosomáticas, y también en una creciente intolerancia. Eso es peligroso. Vivimos en un país de injusticia permanente, de abusos, de decisiones unilaterales que nos afectan sin embargo directamente, es decir un modelo económico, social y político, que se nos impuso en dictadura y que en democracia nadie fue capaz o quiso cambiar, nos priva del derecho a elegir. Todo ello, sin embargo, no justifica el uso de la violencia para luchar por cambiar estas situaciones. Pero cambio tiene que haber, ya que, si no, el país podría llegar a vivir momentos que nadie quisiera volver a vivir. La ceguera política existente tiene que terminar..

Claudia Dides Castillo, Socióloga, Universidad Arcis, Magister en Estudios de Género y Cultura, Universidad de Chile. Becaria CONICYT. Ha sido Directora de Gestión de Proyectos de la Vicerrectoría de Desarrollo Institucional de la Universidad Central (2011-2013). Profesora Investigadora de FLACSO Chile (2006-2011). Directora Programa Género y Equidad FLACSO-Chile (2006-2011) Investigadora de FLACSO Chile 2004-2011. Subdirectora del Centro de Investigaciones en Bioética y Salud Pública, Universidad de Santiago, (1996-2000). Investigadora Asociada Instituto Chileno de Medicina Reproductiva ICMER, 2003 – 2005. Investigadora de CORSAPS 2000-2005. Consultora e investigadora en temas de Género y Políticas Públicas, Salud Sexual y Reproductiva y Derechos para organismos nacionales e internacionales: Fundación Ford, CEPAL, UNFPA, OPS-OMS, Family Care International, Unión Europea, IDRC Canadá, CONICYT-Chile, APROFA. Evaluadora de Proyectos CONICYT. Miembro del Consultivo Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia. Docente en las Universidad Diego Portales, Universidad de Chile, Universidad de Santiago. Tiene diversos publicaciones artículos y libros de autoría propia desde 1996 a la fecha.