Claudia Dides: A 20 años de la Conferencia de Población y Desarrollo de la ONU: Chile y la Nueva Constitución

Al cumplirse el 20 aniversario de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), y con motivo de la I Conferencia Regional de Latinoamérica y el Caribe que se está celebrando en Uruguay por estos días, solo es posible decir que Chile tiene aún muchas deudas, siendo un país con tasas de crecimiento económico destacables a nivel latinoamericano.

Hemos podido identificar en una investigación realizada en la Universidad Central, a lo menos, 16 desafíos que obstaculizan el cumplimiento de acuerdos internacionales relacionados con la salud sexual y reproductiva, y sus derechos. Algunos ejemplos de los problemas que persisten son los siguientes: desde el 2004 a la fecha, se constata un incremento sostenido del embarazo en la adolescencia, y un aumento del segundo embarazo adolescente y del tercero; siguen existiendo barreras y obstáculos que impiden a los y las adolescentes para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva en nuestro país; persisten problemas de stock de anticoncepción de emergencia y de recursos humanos en la atención primaria que puedan entregarlos oportunamente; no existe una política clara sobre educación sexual, seguimos haciendo parte de los 6 países en el mundo que penalizan completamente el aborto, bajo cualquier circunstancia, junto a El Salvador, Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Malta y el Vaticano; existe un aumento en infecciones de transmisión sexual que son enfermedades de notificación obligatoria: sífilis y gonorrea; respecto al VIH y sida la vía de exposición más declarada de nuevos contagios es la homobisexualidad, concentrando el 59 % de los casos en este último quinquenio y las mujeres tienen como principal vía de exposición la heterosexual, solamente un 29 % de la población masculina se ha realizado alguna vez este examen, mientras que en la población femenina esta cifra asciende a un 49 %.

Otro problema es la violencia de género, según información del Ministerio Público, los delitos de violencia intrafamiliar y femicidios persisten y aumentan año a año, por su parte, el número de denuncias por abuso sexual, si bien fluctúa, se mantiene en un mismo rango, superior a los 500 casos anuales. El Gobierno de Chile no cumple íntegramente las normas mínimas para la erradicación de la trata y respecto a la salud sexual de los hombres existen barreras en el acceso a servicios específicos. Persisten problemas en las estadísticas de los pueblos originarios que den cuenta de sus necesidades específicas, etc. El listado y las estadísticas son extensos y la falta de políticas públicas y voluntad política hace parte de la deuda tanto de la derecha como de la concertación en estos últimos 20 años.

En este contexto, es claro, que los derechos sexuales y reproductivos no están reconocidos por la Constitución chilena, es importante recalcar, que ellos hacen parte de las libertades fundamentales que corresponden a todas las personas, sin discriminación, y que permiten adoptar libremente, sin ningún tipo de coacción o violencia, una amplia gama de decisiones sobre sexualidad y reproducción. Implica contar con información y acceso a todos los servicios y medios que se requieren para ejercer estas decisiones. Estos derechos hacen parte de los derechos humanos que se entienden como universales, indivisibles y dinámicos constituyendo una potencial herramienta para la promover la justicia social y la dignidad de las personas. No existe ninguna norma constitucional legal que reconozca el derecho de mujeres y hombres a tomar decisiones libres e informadas en materia de sexualidad y reproducción. Existen algunas reformas en el campo pero son claramente insuficientes.

Estos derechos, dan cuenta del proceso histórico de ampliación de la ciudadanía expresión de luchas sociales y su constante proceso de construcción cuyo derecho básico es el derecho a tener derechos,requieren la capacidad para asumir las diferencias como parte de la vida social. Estos derechos buscan refundar la relación entre lo público y lo privado, ya que se trata de un cambio de paradigma puesto que la cosmovisión nacional solo establece una única identidad, es el nombre de esta identidad monolítica que apela a la tradición que se combates la diversidad sexual, se reafirman y enclaustran los roles y estereotipos, alimentado con esto la discriminación, la inequidad, la exclusión, el racismo y la injustica. Las mujeres y hombres chilenos, tenemos derechos a decidir en el marco de un Estado que garantice, informe y cuente con todos los recursos técnicos y económicos para acceder a los adelantos científicos en materia de sexualidad y reproducción.

Uno de los mayores desafíos, y que estamos en general casi todos de acuerdo, es que Chile necesita una nueva constitución, que sea legitimada por las personas y que contenga todos los nuevos derechos denominados de tercera generación. La Constitución que nos rige hasta ahora es herencia de una dictadura y con algunos parches de los gobiernos de la Concertación, mal llamados reformas. Los mecanismos por los cuales se llegue a ella, son los que están en discusión, a través de un plebiscito, asamblea constituyente, iniciativas como marca tu voto, la cuarta urna, entre otras. Las mujeres y los hombres chilenas necesitamos que este nuevo pacto social nos involucre y considere las necesidades sobre las sexualidades y la reproducción.

Claudia Dides Castillo, Socióloga, Universidad Arcis, Magister en Estudios de Género y Cultura, Universidad de Chile. Becaria CONICYT. Ha sido Directora de Gestión de Proyectos de la Vicerrectoría de Desarrollo Institucional de la Universidad Central (2011-2013). Profesora Investigadora de FLACSO Chile (2006-2011). Directora Programa Género y Equidad FLACSO-Chile (2006-2011) Investigadora de FLACSO Chile 2004-2011. Subdirectora del Centro de Investigaciones en Bioética y Salud Pública, Universidad de Santiago, (1996-2000). Investigadora Asociada Instituto Chileno de Medicina Reproductiva ICMER, 2003 – 2005. Investigadora de CORSAPS 2000-2005. Consultora e investigadora en temas de Género y Políticas Públicas, Salud Sexual y Reproductiva y Derechos para organismos nacionales e internacionales: Fundación Ford, CEPAL, UNFPA, OPS-OMS, Family Care International, Unión Europea, IDRC Canadá, CONICYT-Chile, APROFA. Evaluadora de Proyectos CONICYT. Miembro del Consultivo Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia. Docente en las Universidad Diego Portales, Universidad de Chile, Universidad de Santiago. Tiene diversos publicaciones artículos y libros de autoría propia desde 1996 a la fecha.