Por. Nelly Baeza, Salubrista y docente de Facsalud
Hace 10 años, el 3 de septiembre de 2004, fue promulgada la Ley de Acceso Universal a Garantías Explícitas, conocida como AUGE, Ley 19.966, la cual comenzó a operar oficialmente el 1º de julio 2015.
A principios de la década anterior, nuestro país hizo el diagnóstico que formó las bases de la reforma sanitaria. Era evidente la necesidad de legislar ante la inequidad de nuestro sistema sanitario mixto y la diferencia que viven las personas según su condición social.
Nuestra constitución no garantiza el derecho a la salud, menos a la atención sanitaria, por ello, incorporar derechos en salud, de manera intermedia, para las personas fue un gran hito para nuestra historia de salud pública, pero hubo que negociar el fondo solidario con los sectores neoliberales.
La Ley 19.966, que luego pasó a ser de Garantías Explícitas en Salud (GES), significó un avance, un paso para que las personas con menos recursos económicos recibieran lo que necesitan y para que los sectores medios no se empobrecieran por padecer una enfermedad. La ley generó muchas expectativas entre la población, esto porque, si bien como país ya llevamos 40 años operando en un sistema mixto de salud, las personas nos seguimos rebelando por tener que pagar por la atención sanitaria.
La ley fue incluyendo problemas de salud que tuvieran un tratamiento conocido y exitoso, con los recursos financieros existentes y la tecnología adecuada. Y aunque seguimos realizando bingos o rifas para financiar algún medicamento o técnica nueva de un problema no garantizado para un pariente o amigo, al mirar los números, podemos decir que hemos avanzado. Al 2013 se atendieron 18.506.103 problemas de salud con garantía, el 96% de ellos por FONASA. Sólo para mostrar un caso, a junio de 2013 había 59.949 niños operados de cardiopatía congénita, independiente de su lugar de nacimiento, ubicación geográfica o nivel socioeconómico.
El GES deberá seguir incorporando nuevas patologías y más actividades preventivas, como lo que está sucediendo ahora con la vacuna contra el virus del papiloma humano. Es fundamental difundir y promover el examen de medicina preventiva anual, como un derecho y un deber. Ahí está la clave para mantener nuestra salud y usar cada vez menos el sistema hospitalario.
No obstante, no debemos olvidar que nuestro sistema salud no es integrado, sino que mixto, donde existe un seguro público para la mayoría de las personas con más necesidades sanitarias y menores recursos, y un seguro privado para los que tienen recursos para pagar las primas, según sus riesgos personales, además del sistema especial para las Fuerzas Armadas.
La Ley de Garantías Explícitas en Salud si bien introdujo más equidad en la atención de salud, aún no existe voluntad entre los actores, en especial por parte de las ISAPRES, de tener en nuestro país un sistema integrado de salud.