Samuel Fernández Illanes Académico Facultad de Derecho, Universidad Central
De este pretendido delito nos acusó Evo Morales, y añadió que era equivalente a un genocidio o crimen de lesa humanidad que Chile cometería, al pagar Bolivia impuestos por el tránsito de sus mercancías por los puertos nacionales. Los mismos que todo chileno paga. Podría ser algo anecdótico u otra delirante acusación típica de Evo, opinando nuevamente sobre nuestros asuntos soberanos. Pero es más serio y tiene objetivos precisos. Por cierto no existe tipificación alguna de este crimen internacional. Las prácticas económicas y comerciales así como las facilidades reciprocas entre países, se acuerdan entre los interesados. Chile cumple totalmente las suyas derivadas del Tratado limítrofe de 1904, e incluso va más allá de las acostumbradas a estados sin litoral, en las facilidades otorgadas. Si hubiere mayores concesiones, serían en reciprocidad o por condiciones especiales de amistad. Con Bolivia no existen ni las merece. No hay violación de ningún derecho existente o pactado.
Insistió en que practicamos trabas al comercio exterior boliviano y que hasta las huelgas son para perjudicarlos, porque Chile está gobernado por élites familiares, y nombró algunas. Otra clara muestra de provocación inamistosa y de acusaciones temerarias. Y aquí es el Gobierno de Bolivia el que efectivamente transgrede el derecho y las prácticas internacionales, no Chile. Es el caso del compromiso de “convivir en paz como buenos vecinos”, de la Carta de Naciones Unidas. O los principios de derecho internacional de las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados (Resolución 2625 XXV de 1970), y la prohibición de la agresión, no sólo la militar, sino que cualquier otra, como aquellas verbales, que constantemente utiliza.
El propósito es de propaganda para influenciar al resto de los países de que Chile actúa de tal manera, que condiciona el desarrollo boliviano e incumple el Tratado. Y de paso, precave y predispone a cualquiera sea la decisión de la Corte en el pleito, para incumplir la sentencia, si le fuera adversa. Una actitud irresponsable, pues no basta someterle el diferendo, sino que se deben crear las condiciones para su solución.
No existe el “economicidio”, y por lo mismo debemos contrarrestarlo de manera activa y no pasiva.