Por: Augusto Cavallari Académico Facultad de Derecho, Universidad Central
El 09 de junio, en la marcha organizada por la CONFECH, se produjeron manifestaciones que generaron graves desvíos de tránsito. Además, algunos estudiantes ingresaron en el templo católico de la Gratitud Nacional, donde rompieron vitrales y sacaron un Cristo, que enseguida destruyeron a golpes (como los linchamientos que reciben los delincuentes en las detenciones ciudadanas, que se muestran con frecuencia por la TV).
Justo en esos momentos, escuché en la calle a bien intencionados conciudadanos que recordaban las palabras del ex general Pinochet, cuando señaló que terminarían por echarlo de menos, porque en el Chile actual el desorden es caótico y ya no podemos seguir tolerando la delincuencia. Mientras que en el sector oriente, porque Santiago no tiene matices (o es oriente o es sur), se rompió una gran matriz de agua, cuyo cuidado corresponde a la empresa Aguas Andinas, que aunque estaba avisada de la inminencia del problema, no hizo nada al respecto, lo que produjo severas inundaciones (incluso del Museo de los Tajamares) y la interrupción del Metro, afectando miles de personas.
Pero esto no hizo clamar por la resurrección de un ex comandante en jefe y a nadie se le ocurrió pedir mano dura, pese a que cuando una empresa genera un problema de enorme magnitud, por su indiferencia social, no es un tema de delitos (porque en Chile no se sanciona severamente las conducta empresarial socialmente dañosa), y nadie repara en el descomunal desorden que causa.
Cuando se habla de acabar con los delincuentes se suelen ingresa en un mismo saco a los que ejecutan los denominados ‘portonazos’ (por ejemplo) o a los estudiantes (por los destrozos realizados en las marchas), porque todo parece una misma cosa. Resulta curioso que actividades que generan muchísimo daño social, nadie las considere como un tema de delincuencia.
En el sur del país existe una terrible contaminación provocada por la marea roja (que es un alga), cuya culpa es del calentamiento global (del cual todos somos partícipe y por eso nadie es responsable), muy pocos expresan la responsabilidad de las empresas salmoneras. Eso ha generado inmensos trastornos, pero no surgen voces que clamen por meter presos a los autores ni que deba primar el orden. Aseguran que debe responder el Estado, no las empresas y si alguien pregunta de dónde se va a sacar dinero, insisten que eso debe averiguarlo el propio Estado.
Analicemos el problema del dinero. Porque es un hecho que siempre falta dinero, más cuando se solicita incremento de impuestos. Ahí surgen voces protectoras de las empresas (y no me refiero a pequeñas y medianas, que se mencionan solo en las campañas electorales, sino a las empresas de envergadura, que se reparten mercados en cuarteles de bomberos o en salones de clubes sociales) argumentando que con eso se pretende paralizar la economía y que jamás deben ser tocadas, porque para maltratar a alguien están los delincuentes, a los que hay que aplicar las penas del infierno.
Y como el tema es serio, la falta de dinero tal vez explique paradojas de nuestras políticas de bienestar social, como el caso del Registro Social de Hogares (que reemplazó la Ficha de Protección Social), en el cual personas muy vulnerables obtienen altos porcentajes de manera inexplicable, que las priva de todo beneficio social, dado que hay que evitar el despilfarro y sostener a toda costa la máquina de la función pública, mientras afirman que las marchas de los estudiantes las hacen un grupo de delincuentes que solamente piden más plata, pero que, en todo caso eso le corresponde generar al Estado, que incluso debiera ser capaz de construir una máquina que vuelva de la tumba a militares difuntos, que sí sabrían qué hacer con tanto desorden, tanto ‘pedigüeño’ y tanto delincuente.