Pedro I. Bustos Beck Arquitecto – Docente Socio Activo Asamblea General Universidad Central de Chile
El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), organismo que hoy suscriben 25 universidades, entre públicas y privadas, “es una persona jurídica de derecho público, de administración autónoma como un organismo de coordinación de la labor universitaria de la nación”. No obstante dicho título, surge inmediatamente la interrogante respecto a la verdadera extensión de dicha representatividad nacional.
Respecto el sentido de calidad
Una de las contribuciones del CRUCH al entorno universitario fue “el establecimiento de un sistema de selección y admisión de alumnos a las universidades, mediante la creación de una Prueba de Selección Universitaria, única en América Latina, y aplicada desde el año 1967 a la fecha”. Prueba de selección que corresponde todavía, a uno de los indicadores cuantitativos gravitantes que se utiliza hoy como signo de “calidad de los estudiantes” para optar a matricularse a las universidades chilenas.
Con el crecimiento explosivo de la “oferta universitaria” desde la década de los 90, se ha generado una lucha desenfrenada entre estas instituciones para pertenecer a la élite de “las mejores”; buscan acreditaciones en el extranjero, subcontratan investigaciones para aumentar sus publicaciones, persiguen potenciales estudiantes al interior de los colegios con “desinteresadas presentaciones”, buscan los mejores puntajes y para ello algunas apuestan a la apertura de Facultades de Medicina, entre otras estrategias, para mejorar los promedios de puntajes de ingreso logrando a la vez un mejor AFI (Aporte Fiscal Indirecto).
Todo comienza con este proceso de selección universitaria que se orienta hacia la apropiación de un capital cognitivo funcional e estos intereses, como una suerte de círculo que se alimenta así mismo. procurando la captura de aquellos “mejores exponentes”, que dicho sea de paso ya los están preparando en la educación secundaria- olvidando el principio que suscribe la educación como un derecho social y quebrantando el de independencia, con tal de mantener sus puestos dentro de las estadísticas y mejorándolo al interior de las aulas a través de un segundo filtro, la evaluación como el final de la creatividad, precarizando las otras formas de habilidades de aquellos jóvenes “no utilitarios” e impidiendo su posibilidad formativa.
Está suficientemente establecido que la PSU posee una alta correlación con el estatus socio-económico de las familias de las cuales provienen los estudiantes. Entre jóvenes de bajos ingresos, contar sólo con la posibilidad de cursar la enseñanza media en un establecimiento municipal, involucra que de manera muy excepcional tendrán oportunidad de acceso a la educación universitaria”( Espinoza, Vicente; “Jóvenes: La experiencia de la desigualdad de oportunidades”; Académico IDEA-U.de Santiago, Proyecto Desigualdades (Anillos SOC12); Le monde diplomatique, Año XI, Nº 128, Abril 2012).
Hoy se imputa la desigualdad económica como factor determinante para la inclusividad y movilidad al interior de las universidades, como que esto pudiese “volver formalmente iguales ante la educación a los sujetos de todas las clases sociales, (sin embargo), la eficacia de (estos factores) es tal, que la igualación de los medios económicos podría realizarse sin que el sistema universitario deje por eso de consagrar las desigualdades a través de la transformación del privilegio social en don o mérito individual” expresaba Pierre Bourdieu en su investigación denominada Los Herederos, de 1964, a diez años de la creación de CRUCH
Aparentemente todas las discusiones respecto a la actual reforma educacional y las orientaciones que mantiene el CRUCH, no pretenden reconocer nuestros propios procesos y lecturas históricas, ni tampoco los actuales pasos que recorre el fenómeno universitario, legitimando sólo los privilegios de origen.
En el afán de ser modernos, la implementación de modelos ajenos, ha constituido un sello para el desarrollo de las instituciones de educación superior. No obstante, para ser justos, hemos de reconocer que la adquisición de patrones, formas o la aparición de productos irruptores ha modelado nuestra nación desde sus inicios, y la universidad sólo ha sido replicadora, con algunas honorables excepciones iniciales, sin más, nuestra revolución industrial sólo fue un abrupto impulso, tras la importación de maquinarias para la extracción de minerales.
Desde esta perspectiva, algunos investigadores plantean que la fundación de nuestras universidades fue pasiva y que sólo se acogió a modelos determinados. El Profesor de Estado, Willy Thayer Morel expresaba, “La universidad nacional chilena, no sólo no fue reflexivamente autónoma respecto de los intereses del estado moderno; fue, en general, su cómplice. Lo fue, necesariamente, cuando formó parte del proceso de creación del estado moderno; lo ha sido en períodos de democracia; lo fue durante la dictadura y lo es ahora en el evento de la extinción del Estado. La universidad moderna en Chile, careció de pensamiento fundamental… nunca necesitó acá, ser filosóficamente fundada. Pues aquí solo se repetía, más o menos pasivamente, lo que había sido fundado en la modernidad europea”
Ya en la década de los años 60, a seis años de la creación del CRUCH, líderes importantes de nuestra nación, se cuestionaban el hecho que las universidades que estaban destinadas a ser paladín del desarrollo del país, se aislaban de sus procesos históricos, sin dar respuesta a las necesidades de nuestra sociedad, al no enfrentar los problemas de desarrollo a través del reconocimiento de su realidad y riquezas propias.
El 26 de Septiembre del 2014, El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas ante la reforma educacional emitió una Declaración Pública donde expresó que; “valora la decisión de introducir cambios sustantivos a un sistema educativo que muestra altos niveles de desigualdad y segregación, características que atentan contra la calidad general del sistema. Valora que la política pública asuma la educación como un derecho social garantizado por el Estado, procurando asegurar una educación de calidad, equitativa e inclusiva. … En suma, el CRUCH apoya una reforma orientada a la calidad educativa, al desarrollo humano, a la integración social y al fortalecimiento de un sistema democrático de convivencia”
No obstante lo declarado, una mirada crítica respecto este órgano colegiado, podría preguntarse si después de medio siglo desde su fundación, responde a este nuevo escenario universitario y sus formas de organización social. ¿No sería prudente en virtud de este tiempo avanzado reevaluar su predominio sobre este nuevo panorama formativo (por sobre el actual selectivo) velando por el “desarrollo humano, la integración social y al fortalecimiento de un sistema democrático de convivencia” poniendo en valor lo colectivo por sobre lo individual?
Siendo esto una responsabilidad demasiado grande.
¿No sería prudente, liberar al Consejo de dichos encargos?
¿Dónde está el estudiante en la discusión?
Gratuidad y calidad son variables escalares de un mismo cuerpo, una opera a nivel institucional, la otra de manera importante dentro del aula, órgano, desde donde el sueño de la inclusividad debería ser más cercano.
No obstante, en esta discusión el estudiante aparece como un cuerpo abstracto, que sólo se ha adaptado operativamente a este programa, funcional para los discursos orientados hacia una ruta de producción como fin, donde el problema no es la sociedad o “el nosotros colectivo que sirva de referente y aliado en el proceso de autoconstrucción como personas”(PNUD, Transformaciones culturales e identidad juvenil en Chile, n°9 Temas de desarrollo humano sustentable), sino la individualidad y las ganancias particulares como objetivo deseado.
Un desigual balance en las oportunidades constituye una constante secular en nuestra sociedad. Las universidades pese a sus discursos de cohesión e inclusividad constituyen en su mayoría el lugar donde la homogeneidad de clase se consolida.
En definitiva, el modelo educativo sólo se ha adaptado a las nuevas formas de producción. La propagación de instituciones de educación superior universitaria en sus diferentes modos, no han enfrentado la desigualdad como materia de su corpus formativo, siempre tangencial, sólo como una política de lo implícito, se deja al arbitrio del docente al interior de la sala.
Entonces
¿Dónde está finalmente la vulnerabilidad, en los estudiantes o las instituciones?
No Deberíamos sincerar aquel modelo donde los jóvenes están determinados desde la educación primaria, y que según sus desempeños en los primeros años el Estado fija su ruta formativa y laboral futura.
No lo declaramos, pero en la práctica es esto lo que sucede en nuestro país, el joven ya está altamente determinado por su origen y si no es coartado en sus estudios, porque logró superar dichas barreras, encontrará obstáculo en el mundo laboral por su condición cultural o etnia, que dicho sea de paso en los procesos de selección son materia de discriminación obviamente oculta.
Las sociedades que se dicen modernas tienden a elevar de manera perniciosa el valor de equidad social a un estatus de lucha a través del mérito individual, cualquier individuo, independiente de su origen y entorno cultural, podría alcanzar indistinta posición en la sociedad, mejorando su calidad y expectativas de vida.
Esta naturalización de la competencia individual como forma social de equidad, que los cuerpos colegiados promueven tácitamente como fin último, atenta a fin de cuentas contra la posibilidad de crear una sociedad más justa y democrática, a través del yo colectivo.