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Voto obligatorio

Por: Rafael Pastor Besoaín
Director Escuela de Derecho Universidad Central de Chile

A propósito de la propuesta programática de Carolina Goic respecto de volver a un sistema de voto obligatorio, quisiera aportar algunas luces provenientes de la economía del comportamiento que resultan muy útiles para analizar esta problemática.

En efecto, en vez de promover un retorno a nuestro antiguo sistema, creo que es más recomendable para Chile optar ahora por un sistema de inscripción automática, voto obligatorio y desinscripción voluntaria. Es decir, el ciudadano por el solo hecho de cumplir la mayoría de edad podría automáticamente votar o también desafiliarse del sistema. Con esta opción el legislador estaría optando por un mecanismo de default por el cual se modifica la arquitectura del contexto de toma de decisiones de los ciudadanos, empujándolos (con un nudge) a participar y evitar con ello los efectos negativos de sus sesgos cognitivos o heurísticas.

El premio Nobel de Economía de este año Richard H. Thaler y el Profesor de Harvard Cass R. Sunstein recomiendan reglas de default como éstas en su famoso libro: Nudge Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness. Con esto se busca evitar conductas predeciblemente irracionales o mala conducta (misbehavior).

Esta opción impondría un deber o carga al ciudadano insatisfecho que desea desafiliarse del sistema político sin afectar la libertad que cobija su derecho a participar nuevamente en una elección en el futuro mediante una nueva inscripción.

Además disminuye el sesgo de clase que arrojan los guarismos de las elecciones con voto voluntario, como asimismo genera un incentivo para mejorar cuantitativamente la participación ciudadana que el sistema de voto voluntario e inscripción automática suele afectar negativamente.

También es efectivo para mejorar la falta de representatividad del sistema político, puesto que condiciona a que en definitiva vote todo tipo de ciudadanos, no solo los con mayores ingresos y con ello podría también generar un impacto positivo en el foco y calidad de las políticas públicas.