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Violencia contra la pobreza

Dos hechos soterrados han emergido al debate público en los últimos días. El de la pobreza con las cifras de la CASEN 2011 y la “cumbre de seguridad” sobre la situación mapuche. El asunto es que ambos convergen cuando se trata de los niños y niñas.



Imagen foto_00000003Mientras la cifra oficial de pobreza es de 14,4% -sin considerar a la extrema pobreza-  la pobreza infantil sube entre aquellos con 4 a 17 años de un 21,5% a 22,5% y entre los de 0-3 años baja de 24,6% a 24,0%, por lo que la pobreza de los menores de 18 años es un 63% mayor que la media.  Al sumar los dos grupos de edad, entre todos aquellos definidos como  pobres, se obtiene un 46,5%  de niños y niñas.

Esto implica que ser niño o niña en Chile, en vez de ser un privilegio, se transforma en un riesgo mayor de ser pobre que en un adulto. Deberemos esperar para poder conocer hasta qué punto ser niña puede ser más perjudicial aún, si se mantiene la tendencia existente entre los adultos en que las mujeres predominan por sobre los hombres en condiciones de pobreza.

A lo anterior, hay que señalar que la región de la Araucanía es la más pobre del país, con un 22,9% de pobreza sobre la media nacional de 14,4%. Si se considera la tendencia a que los estratos de menores ingresos tienen una mayor cantidad de niños (aproximadamente el quintil de menos ingresos tiene un 80% de hogares con niños y el de mayor ingreso sólo el 40% tiene niños), podemos concluir que en esa región la situación de la niñez adquiere una mayor gravedad, que se refleja también en la calidad de los servicios de educación, salud y alimentación.

Y es precisamente en esta región donde la niñez víctima de la represión ha alcanzado cifras preocupantes. Este 23 de julio, tres niños mapuches fueron brutalmente golpeados por Carabineros, los que dispararon balines antidisturbios a la entrada del hospital de Collipulli.

Pero este hecho ya es una tendencia en la región, pues la Corte de Apelaciones de Temuco ha condenando la violencia excesiva que utiliza la fuerza policial: “ordena a la Prefectura de Carabineros Malleco efectuar los procedimiento policiales en dicho sector con estricta sujeción a la normativa constitucional y legal vigente, absteniéndose, en lo sucesivo, de afectar los derechos fundamentales de las personas amparadas, teniendo una especial consideración respecto de los menores de edad”; resolución que fue ratificada por la propia Corte Suprema.

En otro caso de violencia policial contra un niño de 12 años de la Comunidad Temucuicui, la misma Corte Suprema, en enero de este año, ratificó un recurso de amparo pues “la detención del menor F.M.M., vulnera las normas de la Convención Internacional de Derechos del Niño, especialmente lo dispuesto en sus artículos 6.2 y 16.1, que imponen a los Estados partes la obligación de garantizar la  ‘supervivencia y desarrollo de los niños’ (y evitar) injerencias arbitrarias o ilegales en su familia y domicilio”, situación ocurrida precisamente en este caso, “resultando evidente que ello vulnera la libertad personal y seguridad individual del menor de edad y que motiva acoger el recurso de amparo”.  

Incluso este viernes 20 de julio, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema acogió la apelación interpuesta por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría Penal, en relación al allanamiento realizado por personal de Carabineros en la comunidad Wente Winkul Mapu, en Ercilla, estableciéndose que el operativo policial se realizó haciendo un uso excesivo de la fuerza (ver noticia).

La Red de Organizaciones de Infancia, ROIJ, y la organización ANIDE han informado de estos hechos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya en marzo del 2011 y ahora piden un pronunciamiento para que el Estado enfrente a través del diálogo y respeto al Convenio 169 las demandas del pueblo mapuche y someta a la policía a procedimientos acorde a los derechos humanos (ver comunicado ANIDE).

Si sabemos por la última CASEN que la pobreza tiene “rostro de niño” y que la región de la Araucanía es la más pobre entre las pobres, la mejor respuesta del Estado chileno para el desarrollo integral de los niños no puede ser la violencia policial y el temor, ni el clima bélico y discriminador que se vive en esas zonas, que Unicef denunció en abril de este año.  

Quizás lo anterior sea también otro motivo de por qué el Estado no se da una ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes que les garantice sus derechos.

 

 

Por: Osvaldo Torres, académico de la Universidad Central.

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