Viernes 17 de Octubre de 2014
El rector de la UCEN, Rafael Rosell, junto al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esta casa de estudios, Andrés Naudon, y el secretario General del Senado, José Luis Alliende, firmaron un convenio específico de asesoría a la Cámara Alta.
La Sala de Sesiones del Senado en el Ex Congreso fue el solemne escenario de la firma de un convenio específico de asesoría en materias legislativas entre el Senado de la República y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile. La ceremonia del acuerdo entre ambas instituciones se realizó en el marco del coloquio "Tres Desafíos al Derecho de Familia: la identidad de género y la diversidad sexual en las relaciones de Familia", actividad organizada por el Departamento de Derecho Privado de nuestra facultad con el patrocinio de la Cámara Alta.
El prosecretario general y tesorero del Senado, José Luis Alliende, y el rector de la Universidad Central, Rafael Rosell, junto al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Andrés Naudon, protagonizaron la firma oficial de este importante convenio de trabajo. Al respecto, el representante de la Cámara Alta señaló que este apunta a poder contar con el aporte intelectual y académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central para poder mejorar el trabajo legislativo. "Nos resulta altamente satisfacorio este apoyo que estamos recibiendo de la Universidad Central, pues representa el compromiso de esta institución con la mejora de nuestras leyes y el aporte a la información que reciben nuestros parlamentarios", afirmó.
El rector, por su parte, destacó la importancia de este nuevo convenio entre ambas instituciones y el interés de la UCEN de seguir contribuyendo al desarrollo del país desde la expertiz académica, sobre todo en el ámbito humanista. "Nuestra política institucional se desarrolla con un claro espíritu académico y ético con la finalidad de aportar al desarrollo del país. Nos sentimos profundamente orgullosos de eso", indicó. Por otra parte, señaló que el coloquio sobre Derecho de Familia y homoparentalidad coordinado por la FCJS y el Senado, "es una expresión concreta del trabajo que comenzaremos a desarrollar colaborativamente".
El decano de la FCJS, Andrés Naudon, cerró el acto protocolar manifestando su alegria por la suscripción de este importante convenio, "que posiciona a nuestra facultad a la vanguardia en materia de vinculación con el medio al lograr ser la primera facultad de nuestra Universidad en hacer concreto este convenio marco con el Senado de la República". Luego, inauguró el coloquio con unas palabras en las que destacó la importancia del debate en torno a los tres polémicos temas que se desarrollarían en la jornada: identidad de género y orientación sexual,el AVP y la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo.
Coloquio sobre desafíos al Derecho de Familia
La primera ponencia estuvo a cargo de la investigadora del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Central (CIJUCEN), doctora Fabiola Lathrop, quien se refiriró de forma crítica al proyecto de Acuerdo de Vida en Pareja (AVP) aprobado recientemente por el Senado y que ahora deberá iniciar su discusión en la Cámara de Diputados. Sobre esta materia, destacó la iniciativa como un avance en terminos de diversidad sexual y principio de igualdad y no discriminación al reconocer derechos de las personas con orientación homosexual.
No obstante, enfatizó como debilidades del mismo la brevedad y poca precisión sobre dos aspectos esenciales. "En primer lugar, en cuanto a la determinación y falta de certeza sobre la naturaleza jurídica y, en segundo lugar, tiene la falencia de dejar al margen a parejas que no celebran ni matrimonio ni AVP, pero igualmente forman familia, adquieren bienes y se disuelven, ya sea porque un miembro fallece o porque cesó el afecto".
El director del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UCEN, Jorge Ulloa, fue el segundo exponente de la jornada con una presentación en la que ahondó en las distintas aristas innvolucradas en materia de adopción por parte de parejas del mismo sexo, tema que -de acuerdo al académico- ha sido tratado tanto en la ley vigente como en los proyectos actualmente en discusión referidos a la adopción, pero sólo para ser excluido desde un principio.
En su intervención, el profesor Ulloa planteó los casos de México y Colombia, países en que la cuestión ha sido objeto de pronunciamiento a nivel de control de constitucionalidad. Al respecto, comentó que "este debate es de especial relevancia, ya que no se puede perder de vista que en nuestra Constitucion de la República la familia constituye una cateroria politica fundamental y no me cabe duda que en nuestro país se va a producir la misma situacion". Según el profesor Ulloa, la dificultad del debate radica en que "deben ajustarse intereses diversos y no necesariamente convergentes, a saber: interés superior de los niños, dignidad, igualdad y libre desarrolo de la personalidad, sin perder de vista la autonomia familiar. Todas cuestiones de primer orden y claves de un ordenamiento constitucional que se pretende autodefinir y sustentar como justo".
Por último, fue el turno de la docente de la Universidad de Concepción, especialista en infancia y derechos humanos, doctora Ximena Gauché. Su ponencia abordó, principalmente, el significado de la transexualidad; el origen de la idea de legislar, su desarrollo mediante indicaciones y el actual estanco en su tramitación legislativa; así como las bases esenciales para discutir una futura ley sobre este tema, abarcando tanto las cuestiones intransables como las que están abiertas a debate.
Sobre la transexualidad, la profesora Gauché indicó que "el mayor problema es la falta de reconocimiento de la identidad de genero o la falta de una normativa idonea para solucionar el tema registral de las personas que asumen esta disociación sexual y se reconocen como personas transexuales. Esto es lo que provoca muchas de las vulneraciones de derechos". Por otra parte, apuntó como principales discusiones la confusion entre identidad sexual e identidad de género; la situacion de los menores de edad; los temas procesales, en el sentido del procedimiento y la jurisdicción; y los temas de familia. En estos aspectos, defendió la importancia de que se desarrolle un debate en que cada posición sea defendida con argumentos, especialmente a nivel parlamentario.
