Sabado 4 de Abril de 2015
Carta al director de El Mercurio publicada por el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública Andrés Dockendorff
Señor Director:
Constituye un error pensar que la crisis político-institucional por la que atraviesa nuestro sistema político se resolverá solo con más transparencia y financiamiento público para las campañas electorales. A todas luces, ello será insuficiente si al mismo tiempo no se apunta el foco del debate al funcionamiento del régimen presidencial. Lo anterior, particularmente en lo que atañe al rol del Congreso Nacional.
En una democracia representativa, la asamblea y los partidos juegan un papel fundamental a la hora de procesar las demandas, servir como contrapeso al Ejecutivo y articular la representación. Lamentablemente, el Poder Legislativo chileno cuenta con menguadas atribuciones para fijar la agenda y participar en la formulación de políticas públicas.
Dado lo anterior, resulta plausible argumentar que el grave déficit de representación que sufre el sistema político chileno tenga algunas de sus raíces en el acentuado desbalance de atribuciones entre poderes. Mientras que el Congreso y los partidos operan como "buzón" y caja de resonancia de conflictos políticos coyunturales, el Ejecutivo concentra los principales resortes decisionales. Si a lo anterior se agrega que los municipios entregan soluciones de política pública altamente tangibles a escala local, se tiene a la legislatura atenazada entre un Presidente con amplios poderes, por un lado, y alcaldes que operan la "ventanilla del Estado", por otro. Esto explicaría que los partidos y el Poder Legislativo sean percibidos por la ciudadanía como actores escasamente relevantes en lo que se refiere a la toma de decisiones y provisión de bienes públicos.
Deviene en algo necesario evaluar críticamente el efecto que ha tenido nuestro presidencialismo "exagerado", que dispone, por ejemplo, la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en toda materia que involucre gasto, el monopolio de las urgencias, el poder de veto del Presidente y el débil (e inflexible) sistema de ejercicio de responsabilidad política depositado en la asamblea.
En contra de fortalecer el rol del Congreso Nacional se suelen esgrimir argumentos culturalistas ad hoc . No obstante, debe tenerse presente que la gobernabilidad no se nutre únicamente de la efectividad de la toma de decisiones de la autoridad, sino que también de una adecuada distribución de poder entre las principales instituciones.
En definitiva, el correcto funcionamiento de la democracia no solo requiere de mayor transparencia y regulaciones más duras en cuanto a su financiamiento, sino que también de diseños institucionales más inclusivos que favorezcan la distribución de poder, la competencia y la representación democrática.
Andrés Dockendorff
Profesor Facultad de Ciencias Políticas y Adm. Pública
Universidad Central de Chile
