Lunes 18 de Julio de 2016
La carta magna del dictador Augusto Pinochet no termina de morir. La nueva constitución propuesta por la Nueva Mayoría no termina de nacer.
En octubre del 2015 la presidenta Michel Bachelet formalizó el inicio de un proceso constituyente para cambiar la Constitución de 1980 que emanó de un plebiscito en plena dictadura de Pinochet.
El anuncio presidencial vino a zanjar una disputa entre diversos sectores de la coalición gobernante (Nueva Mayoría) respecto de la necesidad de dar cumplimiento al compromiso programático de generar un mecanismo institucional, democrático y participativo que pudiese sustituir la actual Constitución. Este punto no deja de ser importante toda vez que previamente el gobierno había impulsado tres reformas «estructurales» (Tributaria, Educacional y Laboral) que tensionaban la relación de la Nueva Mayoría con el empresariado, los medios de comunicación monopólicos, con sectores de clases medias y los partidos de derecha y centro derecha. En ese escenario, al interior de la coalición se volvieron a producir conflictos serios que amenazaban con posponer o renunciar al propósito de crear una nueva institucionalidad para el país, bajo el argumento que el crecimiento económico estaba siendo afectado por la incertidumbre o que la inseguridad jurídica podía arrastrar a una mayor debilidad gubernamental.
El actual proceso constituyente se estructura en diversas fases: la de educación cívica (octubre 2015-marzo 2016), que no tuvo un impulso importante del gobierno ni provocó interés en la ciudadanía; la fase de encuentros locales, provinciales y regionales (Abril-Agosto 2016) que implica la participación individual (por internet) o grupal con base a una pauta y apoyo de equipos de veedores. Esta etapa concluyó, en Junio, con un total de 9.200 encuentros locales realizados (unas 120.000 personas) y más 85.000 personas que respondieron en línea. Ahora se elaborará una síntesis y entrega a la presidenta del documento «Bases ciudadanas para una nueva constitución», escrita por el Consejo de Observadores de carácter plural, con fecha tope de Octubre de este año.
A fines del 2016, el Ejecutivo deberá enviar un proyecto de reforma constitucional para tener un mecanismo institucional que permita crear una nueva. Posteriormente, el mismo gobierno entra en una fase de elaboración de un proyecto de nueva constitución a presentarse al Parlamento a principios del segundo semestre del 2017.
El itinerario se estructuró de forma tal que traspasara al próximo gobierno y legislatura (Marzo 2018) una de las decisiones fundamentales, pues puede implicar incluso su contenido: que la forma de aprobación sea vía Asamblea Constituyente, Comisión Bicameral, Convención Constituyente mixta de parlamentarios y ciudadanos o Plebiscito. Esto implica que, al menos «la transición» entre la actual constitución y la nueva, durará 5 años.
El debate constitucional lleva décadas en la agenda política de los partidos. Desde que Pinochet impuso su constitución hace 36 años y que fue rechazada por los todos los partidos opositores a la dictadura durante todos esos años. Como es sabido, la derrota de aquel se produjo utilizando la propia constitución, a través del plebiscito de 1988, que a la vez la legitimó en tanto para ser derogada o reformada requería de quorum excesivamente alto con un Congreso distorsionado por el sistema electoral y los senadores designados. Así, la transición fue desarrollándose en el restrictivo marco constitucional que impedía democratizar la sociedad, fortalecer las atribuciones del Estado en la protección de los derechos sociales y en regular los mercados y la concentración económica.
La estrategia escogida por los gobiernos democráticos consistió en ir reformando, por consenso con las fuerzas de derecha, diversos artículos que hacían de la constitución una «democracia protegida». No se debe olvidar que la constitución permitió que Pinochet –y 9 senadores designados aliados– permaneciera como senador (auto) designado, luego de haber sido Comandante en Jefe del Ejército por 8 años después de dejar el gobierno.
Las mayores reformas a la constitución fueron las implementadas bajo el gobierno del presidente Ricardo Lagos en el año 2005 –luego de 5 años de negociaciones– obteniendo algunas concesiones importantes como la subordinación del poder militar al civil, pero no consiguió cambiar la ley electoral, ni el rol del Tribunal Constitucional, ni alcanzar el voto de los chilenos en el extranjero. Este esfuerzo le valió el reconocimiento de la elite política y empresarial, suponiendo que cerraba por un largo período el problema constitucional y su legitimidad.
Pero el resultado no duró mucho. Hacia el año 2006 las movilizaciones sociales en torno a la educación evidenciaron las deficiencias del acuerdo, pues hacían irreformables las «leyes orgánicas constitucionales», que aseguraban que el mercado funcionara sin trabas en el campo educacional, como en otras áreas, tales como el uso del agua, la protección medioambiental, el acceso a la salud; a la vez que los temas y abandono de las regiones evidenciaban el excesivo presidencialismo del régimen político.
Sería la campaña presidencial del año 2009, en la que el tema volvería a los programas electorales. Tanto del candidato oficialista Eduardo Frei Ruiz-Tagle, como los otros candidatos de izquierda Marco Enríquez-Ominami y Jorge Arrate (dos socialistas renunciados a su partido) abrazarían la cuestión constitucional como parte de los ejes de campaña. Esta integración a los programas de gobierno de candidatos de un arco de fuerzas desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista consolidó la idea que era necesaria una Nueva Constitución.
Con la derrota electoral de la Concertación por la Democracia y el ingreso al gobierno de la coalición de derecha encabezada por el empresario Sebastián Piñera, se produjo un hecho significativo: su partido Renovación Nacional (RN) llegó a un acuerdo con la Democracia Cristiana para producir nuevas reformas que permitieran cambiar el sistema electoral binominal y el régimen presidencialista. Este sorpresivo consenso contó con el apoyo del Partido Socialista y el Partido por la Democracia. Sin embargo, el gobierno lo deshechó presionando con éxito a su partido para que desistiera.