Mirar más allá de la asamblea constituyente y de una nueva constitución

Resulta a lo menos indignante que, recién después de los convulsionados casos de corrupción, los principales líderes de la Nueva Mayoría y de la Coalición por el Cambio concuerden que el conjunto del sistema político chileno necesita ajustes profundos. Sería un signo de descaro total si los escucháramos después decir que no había forma de presagiar esta actual crisis y que tampoco nadie se esforzó por advertírselas. Desde hace años, las sucesivas manifestaciones y jornadas de protesta indicaban que las cosas no se estaban haciendo bien y que urgían modificaciones de diversa índole. Sin embargo, ambas agrupaciones políticas se resistieron permanentemente a reconocer los vientos de cambio y, si en algún momento lo hicieron, no supieron identificar con precisión en qué dirección apuntaban.

Desde hace años la sociedad chilena -sobre todo la generación de aquellos que llamamos “hijos e hijas de la democracia”- viene manifestando un profundo descontento hacia buena parte de la clase política, descontento que por estos días da indicios de haber alcanzado su límite antes de desbordarse. También fueron muchos los académicos, tanto nacionales como del exterior, que tempranamente avecinaron este escenario conforme fueron observando –encuesta tras encuesta y elección tras elección– un descenso paulatino de la confianza de parte de la ciudadanía hacia las instituciones políticas vitales para la democracia y, a la par, una relación cada vez más estrecha entre los negocios y la actividad política mediante la lógica del financiamiento de campañas a cambios de la defensa de intereses privados.

En estos días, en que se discute cuáles son las mejores salidas para este oscuro periodo, uno puede observar con cierta tranquilidad que la mayoría de ellas se encausan por la vía institucional-legal. Esto demuestra cuán importante es el Estado de Derecho para los chilenos y chilenas y también es una señal de alivio frente a las siempre amenazantes salidas extrainstitucionales y populistas que acechan en periodos como al que hoy asistimos. Pero cuidado, nuevas instituciones y leyes por si solas tampoco asegurarán la recuperación de la confianza ciudadana ni la revitalización del alicaído régimen democrático actual. Hay que ir un paso más allá.

No cabe ni una duda que es necesaria una nueva constitución. Se hace urgente para dejar atrás las sombras de la dictadura y trazar un nuevo “rayado de cancha” entre los distintos actores y poderes del Estado. En este sentido, la asamblea constituyente es el medio más adecuado para devolverle a las miles de organizaciones ciudadanas, y a cada uno de los ciudadanos comunes y corrientes, el espacio que se merecen dentro de la esfera pública, lugar en el que precisamente se discuten los asuntos que conciernen a todos los chilenos y chilenas y que hoy está capturado por una élite político-empresarial. Es un acto de justicia considerando que a la ciudadanía se le ha privado de ello desde el primer día de la dictadura y que tal privación seguirá estando activa incluso en democracia mientras no se reemplace el dispositivo que la sustenta: la constitución de 1980.

A pesar de lo anterior, digo que hay que ir un paso más allá porque la presente crisis política no es sólo un problema constitucional, es también un problema que dice relación con nuestra escasa cultura política y con cuán dañada está nuestraidentidad colectiva.

II. Recobrar el sentido para recuperar la confianza

Después del golpe de Estado, la Junta forzó a la ciudadanía a confinarse en sus hogares y en sus problemas cotidianos, delegando la resolución de los problemas públicos a un pequeño grupo de “especialistas” que trabajarían en privado, sin la participación de la comunidad. Cualquier agrupación de interés ciudadano, sea cual sea su origen y motivo, era señal de amenaza para el régimen. Los partidos políticos fueron proscritos y las calles –todas atestadas de militares– dejaron de ser escenario de convergencia civil puesto que el más mínimo intento de reunión era fuertemente reprimido. Así las redes que se entretejían en el espacio público se deshicieron y el quehacer colectivo, símbolo fundamental de una cultura política sana, perdió valor tanto como la política misma.

Este proceso de des-politización y de expropiación del espacio público, en conjunto con la instalación de una doctrina neoliberal de mercado, transformaron la imagen del Estado y ennegrecieron las virtudes de la actividad política. Los ciudadanos, en efecto, perdieron la   posibilidad de verse a sí mismos como sujetos políticos con capacidad de agruparse en pro del bienestar social. Sin los medios para participar en la esfera del poder político, chilenos y chilenas tuvieron que verse forzados a ser meros consumidores de bienes y servicios. Al respecto, la historia enseña que parte fundamental de la degeneración valórica de los regímenes políticos está dada por la primacía del interés económico particular por sobre el interés político general, situación que es caldo de cultivo para la corrupción y el enriquecimiento indebido de ciertos sectores en desmedro del empobrecimiento de otros.

Sobre la base de esta suma de fenómenos, es posible afirmar que desde hace décadas la sociedad chilena es una sociedad mayoritariamente trastornada y dividida. Trastornada porque desde la instauración de la dictadura la afecta el trauma de haber sido crudamente violentada por motivos políticos y; dividida porque desde aquel día -inclusive hoy estando en democracia- no consigue dar con algún fundamento que pueda restaurar su ya casi inexistente tejido social. En este sentido, las campañas de laTeletón, las competencias deportivas o las actividades en ayuda a los afectados por desastres naturales, no son evidencia suficiente para demostrar que en Chile existe conciencia social ni tampoco una verdadera y constante preocupación por lo que le ocurre al resto o, por lo menos, al vecino.

Revitalizar nuestro imaginario colectivo y el sentido de la asociatividad es la única forma de que chilenos y chilenas puedan ver y sentir que la política, más que sinónimo de un pasado violento o de un actual juego de intereses corporativos, es una actividad fundamental para sus vidas y un verdadero motor de cambio. Recuperar la confianza en el quehacer político sólo será posible entonces si se diseñan estrategias que permitan recomponer nuestro resquebrajado sentimiento de comunidad. Una de las posibles estrategias -quizás la más potente- sería restaurar cuanto antes la educación cívica desde la enseñanza básica a fin de impulsar una nueva generación de jóvenes que desde pequeños comprendan el sentido de la virtud política y la importancia de contribuir al bienestar social.

Se necesita, en definitiva, de nuevos ciudadanos comprometidos con la búsqueda de un bienestar completamente distinto en comparación al que ahora ofrecen los bancos, las tarjetas de crédito y las grandes vitrinas de los malls. Hablo del bienestar que produce comprender en nuestro fuero más interno la importancia de que cada uno deba recibir lo que se merece gracias a su sacrificio, que nadie se debe hacer rico a costa de la pobreza de otro, ni tampoco feliz a costa de la infelicidad de otro. Este bienestar mayor requiere precisamente de ciudadanos críticos capaces de cuestionarse desde pequeños respecto de cómo nos vemos a sí mismos los chilenos, qué tanto nos importa en verdad el bienestar de los demás, qué es lo que nos une hoy en día, qué es los nos separa, qué esperan los chilenos de los demás chilenos, o bien qué tipo de país nos gustaría tener.

Todas estas son interrogantes que la mayor parte del tiempo pasan desapercibidas para quienes se concentran sólo en el comportamiento de las instituciones y del mercado, sin embargo, son importantísimas para quienes creen que desde la educación cívica se puede aportar al objetivo de que la democracia recobre sentido y deje de ser lo que es hoy: un mero mecanismo para escoger a nuestros representantes.

Por Javier Hernández Domínguez
Cientista Político (U. Central)

Fuente: www.elciudadano.cl