Miguel Ángel Durán Director de la escuela de Minería y Recursos Naturales de la Facultad de Ingeniería
Mucho se ha discutido en las últimas semanas en nuestro país acerca de la situación financiera de Codelco y el impacto que la Ley 13.196 tendría en dicha situación.
Quizás lo primero que es bueno aclarar es que esta es una ley de larga data, que está vigente en nuestro país desde el año 1958. Ella establece que Codelco debe entregar el 10% de sus ventas a las Fuerzas Armadas de manera directa, en un monto mínimo de 180 millones de dólares, y si eso no fuese así, el Fisco debe completar esa cifra.
Esta manera de financiamiento de nuestras Fuerzas Armadas tiene varias debilidades: la asignación de recursos queda fuera del control del Congreso Nacional y de la Contraloría General de la República; no existe supervisión ni transparencia en el uso de los fondos; no refleja necesariamente las prioridades del gobierno de turno; y se traduce en un gravamen de gran cuantía a Codelco, que se debe cubrir aun cuando la empresa no genere utilidades.
Codelco a lo largo de su historia ha hecho contribuciones millonarias a las arcas fiscales, por ejemplo entre 2010 y el 2015 la cuprífera nacional genero un flujo operacional de US$33 mil millones, de ellos US$22 mil millones fueron para el Estado, y los US$11 mil millones restantes para el Capital requerido para mantener las operaciones actuales. En este periodo los US$10 mil millones utilizados para el desarrollo de nuevas inversiones fueron financiados en un 91% con deuda y solo 9% a través de aportes de capital. Este aporte de capital se escapa claramente del rango en el cual se mueven las grandes empresas internacionales de la Industria Minera, 30 – 50%.
Sin embargo, dados el precio actual del cobre y los costos totales de producción de Codelco, durante los seis primeros meses del año la estatal acumuló pérdidas por US$96 millones, aun cuando entregó al Estado US$500 millones destinadas a las Fuerzas Armadas, y US$38 millones en conceptos de royalty (impuesto que se paga sobre el margen operacional).
Existen diversas opciones de cómo podría Codelco conseguir la capitalización necesaria para llevar adelante sus proyectos de inversión, asumiendo que estos sean rentables para el país. Entre otras, una es a través de una ley de recapitalización con una política permanente de retención de dividendos (por ejemplo del 40%); otra puede ser el uso de parte del Fondo Estratégico de las Fuerzas Armadas; o definitivamente la derogación de la Ley Reservada del Cobre, acompañada con una ley de retención, y un ajuste limitando el monto a la generación de excedentes. Todas estas opciones asumen que Codelco será capaz de generar utilidades, para lo cual es clave profundizar las iniciativas de reducción de costo total (y no solo costo operacional).
Sin embargo, una posible derogación de la Ley 13.196 tendría diversos efectos fiscales, los recursos provenientes de la Ley Reservada se consideran ingresos estructurales, es decir, forman parte del cálculo del balance fiscal. Esto significa que si se derogase la normativa, y los recursos se quedaran en Codelco, el Gobierno debería ajustar el gasto en otras áreas o disminuir los recursos para las FF.AA. para cumplir la meta del Ministerio de Hacienda de reducir 0,25 punto anual -unos US$ 650 millones- el déficit estructural, estimado en 1,4% del PIB en 2016, para arribar a un saldo negativo en torno a 0,5% del PIB hacia 2019.
En resumen, Codelco debe igual que otras empresas de su tamaño, contar con recursos financieros para sus inversiones que le permitan asegurar su contribución en el largo plazo, a las arcas fiscales de nuestro país. Sin embargo, la derogación de la Ley Reservada del Cobre, que puede ser necesaria por diversos motivos y que obligara a buscar otras fuentes de financiamiento de las FF. AA., no asegura que la cuprífera tenga dichos recursos sino reduce sus costos unitarios totales de manera importante.