Martes 28 de Abril de 2015
Columna de opinión del profesor de la Escuela de Administración Pública Ignacio Cienfuegos
A propósito de los controvertidos y graves hecho s que han debilitado aún más la credibilidad de las instituciones políticas en nuestro país, la clase política vuelve a recurrir a aquel concepto ampliamente usado durante los últimos veinticinco años: la “gobernabilidad”. Se pretende, entonces, navegar las turbulentas aguas del conflicto y desconfianza de una ciudadanía indignada, apelando al consenso institucional como mecanismo imprescindible para encauzar las tensiones sociales.
Es así como creo conveniente dar cuenta del origen, propósito y contexto en que el reconocimiento de la gobernabilidad surge como modelo. Ubicado su eje teórico en el institucionalismo, la gobernabilidad asume que los países logran un sostenido bienestar y desarrollo cuando cuentan con reglas del juego claras y permanentes, así como capacidades para hacerlas cumplir. En este sentido, tanto normas informales (tradiciones, códigos de conducta éticos, entre otros) como formales (leyes, regulaciones y organizaciones, por ejemplo), contribuirían a disminuir la incertidumbre en la interacción humana en la sociedad.
En términos de su aplicación e intereses asociados, la gobernabilidad ha sido interpretada de distintas maneras. Nace a partir de la “Comisión Trilateral” a mediados de los 70, como respuesta de sectores económicos trasnacionales de países desarrollados a la situación de “ingobernabilidad y despilfarrado en la construcción del Estado de bienestar”. El diagnóstico realizado por aquella instancia –liderada por David Rockefeller– sitúa como causas de la crisis la expansión democrática por mayor participación y las respuestas desbalanceadas del Estado, las que habrían generado tendencias inflacionarias, disgregación de intereses, sobreideologización y fragmentación del sistema político. De esta manera, la gobernabilidad –en sus orígenes al menos– se plantea como modelo para encauzar el conflicto social y la generación de consensos imprescindibles para alinear a Europa en el desarrollo del capitalismo moderno.
En las décadas siguientes, y desde una interpretación quizás más neutra, se tendió a asociar el concepto a la capacidad de formular e implementar políticas públicas de manera responsable, evitando la regresión autoritaria-populista y aprovechando las oportunidades del crecimiento económico de manera gradual y sostenida a través de la estabilidad como principal bien a resguardar. Los propios organismos internacionales prescribían, en ese entonces, prácticas como: medidas sobre el proceso y reglas mediante los cuales los gobiernos son elegidos, responsabilizados y reemplazados; la capacidad de los gobiernos para gestionar los recursos de manera eficiente y el respeto de los ciudadanos y del Estado a las instituciones que gobiernan las interacciones socioeconómicas entre ellos.
Si bien aquellas recomendaciones –a las que nuestro país adhirió con particular convicción– pudiesen aparecer del todo razonables desde los supuestos institucionalistas, habiendo aportado a la certidumbre (inversión extranjera y aprovechamiento de las oportunidades de la globalización en general), estabilidad y crecimiento sostenido de muchos países del continente, no debiésemos olvidar su condición conservadora y el interés de sus promotores, quienes asumían que la profundización de las demandas y expectativas ciudadanas, así como las tensiones entre diferentes estamentos de la sociedad, no eran fuentes virtuosas de cambio social, sino que perjudicaban irreparablemente el progreso nacional.
De esta manera, si frente a esta pérdida de confianza entre la sociedad civil y la clase política (y económica) la respuesta es una interpretación clásica-trilateral de gobernabilidad, tendiente al solo apaciguamiento de los conflictos y al mantenimiento del statu quo, limitando la capacidad y participación social con sentido gatopardiano, yo –al menos– prefiero mayores niveles de ingobernabilidad.
Fuente: www.elmostrador.cl
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