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FACSO critica e impulsa debate sobre política de gratuidad anunciada por la Presidenta

3 junio 2015

El Consejo de Facultad de FACSO, reunido el 2 de junio en su sesión mensual, analizó la política de gratuidad anunciada por la Presidenta en su discurso del 21 de mayo y decidió impulsar un amplio debate académico acerca de los nefastos resultados que tendría la implementación de una medida de este tipo en universidades como la UCEN.

Según el anuncio, la decisión beneficiaría a casi 264.000 estudiantes de los 3 primeros quintiles pero sólo de quienes cursan estudios en Centros de Formación Técnica Institutos Profesionales acreditados e instituciones del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH).

Desde el Consejo de Facultad, se rechaza esta medida y se sostiene que todas las universidades, siendo o no del CRUCH, debieran tener igual tratamiento porque, por ejemplo, la Universidad Central tiene un gran porcentaje de estudiantes que podrían ser beneficiados.

Este planteamiento se hizo evidente ante el hecho que, según cifras oficiales, en el 2014 los matriculados en universidades del CRUCH, IP y CFT fue de 294.342, mientras que en las otras, fue de 818.159.

Además, se constató que hubo una enorme evolución entre el 1990 y el 2011 respecto a l gran porcentaje de estudiantes de los 3 primeros quintiles que están en las universidades no pertenecientes al CRUCH: mientras en 1990 había casi un 50% en ambos tipos instituciones de educación superior; en el 2011 sólo un 31% de ellos correspondían a las del CRUCH y el 69% a las universidades no incluidas en el anuncio presidencial.

Con estos datos se planteó que es evidente que esta medida, de implementarse, sería un apoyo a las instituciones favorecidas y no a las personas porque habría nefastas consecuencias para los estudiantes de los 3 quintiles por el sólo hecho de no acceder a la gratuidad por no estar estudiando en universidades del CRUCH.

En el caso específico de las ciencias sociales, en el 2014, en las del CRUCH hubo sólo un 25% de estudiantes matriculados, por ejemplo, en Psicología a nivel nacional y en Trabajo Social, un 17%. En contraste, en las otras universidades se matriculó un 75% en Psicología; y un 84% en Trabajo Social.

En la reunión también se evaluó como negativa la falta de información - de parte de las autoridades de gobierno -asociada al anuncio de la medida del 21 de mayo porque, en definitiva, no se conoce aún qué hará el gobierno con la política de Becas y el CAE.

También se sostuvo que hay falta claridad respecto de por qué se mantiene el CRUCH cuando reúne a universidades acreditadas con distintos años, con sedes – en algunos casos- de dudosa calidad en las regiones que no son de su casa matriz, no obstante que entre las excluidas hay aquellas que, siendo privadas, demuestran alta calidad académica y años de acreditación institucional - además de sus carreras- y que tampoco tienen fines de lucro.

El análisis tuvo en cuenta las reacciones de los diferentes actores involucrados en esta decisión, entre los que se cuentan a parlamentarios, estudiantes y federaciones, rectores y académicos, además de las autoridades de la UCEN, quienes han sido muy críticos a esta medida. En este contexto, existe coincidencia con otros actores en calificar esta medida como discriminatoria y en la necesidad de rectificarla para que este beneficio considere otros factores, tales como los años de acreditación de las universidades no pertenecientes al CRUCH.

Como el tema no solo afecta a la Universidad Central en su conjunto sino que a gran parte de la educación superior del país, los miembros del Consejo de FACSO decidieron ampliar el debate académico hacia otras instancias internas en la Facultad pero también hacia redes asociativas del área de las ciencias sociales de diferentes instituciones. Se propuso, por ejemplo, convocar a alianzas con otras universidades, autoridades y académicos para abordar en conjunto esta situación.

La intención de la Facultad es reactivar e impulsar comunidades académicas capaces de constituirse en actores con mayor incidencia en las decisiones gubernamentales relativas al futuro de la educación superior.