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Lunes 29 de Agosto de 2016

¿Es una ilusión para los niños y niñas y adolescentes la protección que les ofrece el estado?

Escrito por: Isabel González, Directora del Centro de Negociación, Mediación y Arbitraje UCEN.

La situación actual del Sename en su rol proteccional, en materia infraccional y en representación de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes, ha dado últimamente que hablar. Efectivamente noticias reciente sobre muertes y extravío de niños niñas y adolescentes desde el SENAME, nos ponen en alerta. Por ejemplo, "La muerte de Lissette", quien murió a los 11 años en un hogar del Sename. Este no es más que uno de los 185 casos de niños que han muerto estando al cuidado de dicho organismo en los últimos diez años, cifras en que existe discordancia entre las anunciadas por Unicef y las declaradas por SENAME.

Otras noticias que vinieron a agravar la situación del SENAME, se relaciona con su rol en materia infraccional, entre ellas la fuga de 14 menores de un centro del Sename de Arica hace unas semanas y otra sobre los funcionarios del Centro de Internación Provisoria del Sename de San Joaquín que iniciaron un paro, denunciando constantes agresiones por parte de los muchachos internos. La medida la adoptaron después que uno de los trabajadores fuera atacado, lo que no es un hecho aislado, sino que se debe al hacinamiento en que se encuentran los jóvenes, que es una bomba de tiempo, ya que solo en la Región Metropolitana hay 7.749 menores en centros de reclusión, cerrados o semi-cerrados, proviniendo 92 de éstos del sistema de protección, y demás por la carencia de funcionarios producto de licencias médicas causadas por las graves agresiones sufridas.

También, nos encontramos con la grave vulneración de Derechos de los niños en que se ha hecho parte como querellante el SENAME, entre ellas la causa que juzga en el Tribunal de Garantía de Villarrica al acusado de violar a una niña de 11 años, hija de su pareja, que habría resultado embarazada y la de homicidio calificado en Antofagasta, cometido por el ciudadano boliviano que agredió con arma blanca a su hijastra de 15 años. Acciones que se enmarcan en el imperativo legal que tienen el Sename y el Estado de perseguir a quienes atenten contra los derechos de los niños.

Ante esto ¿será suficiente el plan de acción que la Directora nacional del Sename Solange Huerta expuso en sesión de la comisión investigadora en la Cámara Baja, para que los niños no sean más invisibles? donde considera cinco áreas: acceso a la salud, mejoramiento de la gestión administrativa y financiera del servicio, convenios de colaboración, política de personal y cambio de paradigma en que exista una participación integral de todos los servicios, incluido el de salud y poder judicial.

En el informe de CIPER, elaborado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, sobre la situación de los niños atendidos en la red de protección estatal se revelan el fracaso de ese sistema. El informe destaca no solo la presencia constante del abuso sexual en los hogares, sino una crisis mayor que involucra, entre otros aspectos, la educación y la salud que reciben los 15.000 niños que el Estado debe proteger. Revelando que 25% de ellos vive en "riesgo alto".

A lo que se suma el duro informe de Contraloría sobre Sename, de Mayo de este año, que destaca: "Inhabilidades del personal que labora en los centros", "carpetas de niños que no contaban con la evaluación de competencias parentales", carecían de protocolo para la acogida y contención de niños en situaciones de emergencia", que los educadores no cumplen con los requisitos académicos ni la experiencia laboral necesaria para desempeñar dicha labor, entre otros.

El informe deja en claro que si el sistema fracasa no es sólo porque fallen los hogares y el Sename, sino que también los tribunales son parte del problema, alerta que requiere revisar procedimientos.

Un aspecto relevante de este informe es la internación prolongada de los niños, la que requiere cambiar el paradigma de que el niño está mejor en un hogar que con las familias que no pueden cuidarlo. Estudios internacionales afirman que "por cada tres meses que un niño de corta edad reside en una institución, pierde un mes de desarrollo". La internación entonces debe ser restringida a casos excepcionales y por periodos breves, las que llegan hoy hasta cinco años, tendencia que llama la atención si se considera que un juez de familia no puede internar a un niño por más de un año.

El presente diagnóstico, nos obliga a agilizar las modificaciones del sistema actual de orientación más tutelar, hacia uno de protección de derechos a la niñez y juventud, no solo por medio de una modificación legal que sin duda es necesaria, sino con un cambio cultural y de los distintos regímenes que participan en la gestión de cuidado y protección de los niños, que deben considerarse sujetos de derecho y con facultades suficientes para exigir se dé cumplimiento integral a sus necesidades, mediante una adecuada coordinación de los servicios públicos y privados involucrados ,colocando al niño en el centro de su atención.