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Elecciones municipales 2016

Omar Ahumada Académico derecho administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Imagen foto_00000002El 23 de octubre próximo se realizará un nuevo acto electoral para la elección de alcaldes y concejales en todas las municipalidades del país, por un nuevo período de 4 años. Esta será la primera elección popular que deberá ajustarse a las nuevas normas sobre probidad y financiamiento electoral, todo lo cual busca restringir prácticas tradicionales que, a través de una siniestra vinculación del dinero y la política, se distorsiona el sentido de una real democracia representativa, ya que la función de servir al interés general se orienta más a ciertos intereses particulares.

Es difícil pensar que una competencia política sea efectiva en tanto los candidatos y posteriores autoridades electas, tengan prescindencia absoluta  de las aspiraciones de los aportantes, que con sus altas contribuciones posicionan, y visibilizan  más a algunos candidatos en desmedro de otros, lo que les permite más fácilmente ser electos.

Las modificaciones a la ley 19.884 sobre financiamiento electoral, dispuestas por la reciente ley 20.900, establece mecanismos de mayor control por parte del Servicio Electoral; máximos de aporte y gastos electorales; mayor transparencia, y mayor intervención del Estado en el financiamiento. Así también  más involucramiento de los partidos políticos en el bien común. Y por cierto, esto llevará a un cambio radical en algunas prácticas de financiamiento ahora proscritas.

Es posible que la inercia de prácticas consuetudinarias y eventuales faltas de prolijidad en el gasto y su sustentación documental, lleve a los administradores electorales y candidatos a cometer errores que constituirían ilegalidades sancionables. La labor de los administradores electorales es más compleja y se requerirá disciplina y estrictez en el cumplimiento de los límites en los aportes, en el gasto y en todas las prescripciones legales relacionadas con una correcta rendición de cuentas, cuya ejecución estará bajo la supervisión rigurosa del Servicio Electoral.

Por cierto, lo recomendable no es buscar modalidades de evasión de los requerimientos en esta materia, y burlar los objetivos de la ley, ya que no sería difícil que se produzcan situaciones que serían calificadas de corruptas, al haber más exigencias de transparencia, con el consiguiente desprestigio para los candidatos y partidos políticos. Lo recomendable es asumir y ajustarse a la nueva normativa con la mayor prolijidad. Y por cierto, denunciar además fundadamente las malas prácticas que se conozcan, ya que esta legislación implica un cambio legal pero también cultural, que puede ser resistido por algunos.

De este modo, esperamos que se produzca esa mayor fiscalización y cumplimiento de las nuevas normas, para una mayor probidad en las prácticas de la política, que tanto han sorprendido en los últimos tiempos por cruzar intereses, y que la opinión pública ha repudiado ampliamente, para que se recupere así la confianza en las instituciones políticas.