Isabel González.
La carencia en nuestro país de personas preparadas para gestionar en forma colaborativa la solución de sus propios conflictos en materias familiares, comerciales, de arrendamiento y sucesorios, originados por su incapacidad de vivir en comunidad y compartir bienes comunes, como producto del individualismo y la sociedad de consumo, junto a la inexistente oferta de servicios de arbitraje para personas que no disponen de recursos económicos suficientes para terminar con la indivisión de sus bienes, es lo que .influye en el incremento de la conflictividad en la sociedad, producto de la frustración producida al no poder disponer libremente de sus bienes.
El imperio de la conducta litigiosa que el sistema ha propiciado como la única forma de finalizar disputas, ha generado más demandas que las que el mismo puede absorber, encontrándose con un colapso en la actualidad en todas las materias, particularmente en lo civil, y en materia de familia, cuyo número de requerimientos crece año a año, según las estadísticas de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
. La ciudadanía percibe esta situación como desamparo ante un sistema calificado como inoperante, ya que muchos problemas jurídicos quedan sin solución u obtienen una solución tardía, lo cual se expresa en indefensión y desconfianza, frente a la satisfacción de una necesidad básica del individuo, cual es la justicia. Lo que plantea la interrogante sobre: si es posible idear una administración de justicia más eficiente con un mayor número de personas que tengan la capacidad de desempeñar la función jurisdiccional cómo árbitro sentenciador, lo que evitaría al Estado incurrir en un mayor gasto público, al no serle imprescindible crear más cargos judiciales y tribunales, pudiendo la función ser asumida en mayor grado de eficiencia, por los profesionales preparados al efecto.
Asimismo, la modernidad y el liberalismo económico han impactado con mayor intensidad a la sociedad chilena, produciendo conductas litigiosas, consideradas agresivas y competitivas, en cual si bien se soluciona la disputa el conflicto interpersonal se ve incrementado. En este orden de ideas, el aportes a la paz ciudadana y a la cohesión social que puede entregar el arbitraje es relevante.
El derecho, requiere un diseño en el cual las herramientas que el ordenamiento jurídico provee sean efectivamente utilizadas por los individuos. Es así, como el arbitraje y la partición de bienes es una herramienta que no ha sido utilizada ni en sus mínimas capacidades, por problemas en la enseñanza de las escuelas de Derecho, con lo cual se genera una mentalidad desde y hacia el ordenamiento jurídico, como un mecanismo social que sólo permite acceder a la administración de justicia por medio de una demanda, obviando la posibilidad de obtenerla por medio de un árbitro, herramienta que la propia ley le ha entregado a la sociedad, hasta ahora en forma abstracta, incluso con mayores facultades y flexibilidad para administrar los bienes, que a los jueces dentro de un proceso judicial formal.
La idea es que, la justicia civil se haga cargo de una mejor manera de los conflictos jurídicos, especialmente los de las personas de escasos recursos, teniendo en cuenta que hoy, el volumen de causas que ingresan al sistema es tan enorme, que no alcanza a ser absorbido por éste, sufriendo los grupos más vulnerables discriminación, obteniendo servicios ineficientes tanto desde los tribunales, como desde la prestación de servicios jurídicos gratuitos, lo que junto a la excelente percepción de calidad de los usuarios de los sistemas colaborativos, que reflejan los estudios sobre la materia, refuerza la idea de fortalecer el arbitraje.
De esta manera, la formación de árbitros y su correspondiente incorporación en el cuerpo social, permitiría generar una sociedad que sea cada vez más capaz de administrar justicia sin discriminación para las personas vulnerables y que ésta descanse sobre bases de negociación, articulación de intereses y paz social, en que las convenciones de las partes diriman sus conflictos, ayudadas por un árbitro, lo que indefectiblemente dará lugar a una sociedad con un mayor grado de madurez. Esto, por cuanto la sociedad centraría en sus propios miembros, la confianza y la credibilidad necesaria para encargarle las controversias que consideren susceptibles de ser solucionadas en forma más rápida y flexible. El objetivo es que esta forma de resolución no opere en desmedro del Poder Judicial, si no que brinde una señal de descongestión frente a un sistema judicial sobrecargado y desvalorizado, él que ha perdido terreno en materias de eficiencia y eficacia a la hora de administrar justicia.
Desde una perspectiva profesional, el programa busca formar profesionales capaces de negociar con intereses contrapuestos con el fin de lograr soluciones que satisfagan las aspiraciones de las partes en conflicto, dentro de un marco de ecuanimidad, idoneidad, especialidad e imparcialidad. En particular el profesional deberá estar preparado para advertir la existencia del conflicto, reconociendo los intereses involucrados, y construyendo una propuesta como solución a la controversia, generando avenencias y materializando dichos acuerdos.