Jueves 2 de Julio de 2015
En la jornada participaron centros de estudios de todo el espectro político para debatir sobre alcances de ley 20.500
Dirigentes sociales, académicos, estudiantes y encargados de participación ciudadana de los diversos servicios públicos y municipios del país se reunieron este jueves 2 de julio en la Mesa redonda “Ley 20.500 sobre Asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública: análisis y desafíos para la democracia” realizada en el Auditorio 1 de la Universidad Central de Chile.
La actividad fue inaugurada por el Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, Marco Moreno, y el Director Nacional de la División de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Camilo Ballesteros, organizadores de la mesa redonda. Ballesteros comentó que “el espíritu de la jornada de hoy, es propiciar un espacio de encuentro que proporcione y aporte información para la elaboración del documento que la DOS ha comprometido, que busca orientar a las autoridades acerca de las modificaciones necesarias para que la aplicación de la ley se desarrolle de manera eficaz y que aporte de manera real y sustancial a los procesos de construcción de las políticas públicas nacionales, en conjunto con la ciudadanía”.
También mencionó que esta es una iniciativa “requerirá desplegar muchas energías y recursos desde el aparato público, y esperamos contar con la voluntad y participación de todos y todas, para que de manera conjunta, podamos construir una evaluación completa sobre el estado actual de la ley, sobre lo que la ciudadanía espera y, por sobre todo, lo que Chile necesita”.
La exposición inaugural estuvo a cargo del decano Marco Moreno, quien se refirió a las claves para un análisis situacional. A juicio del académico, nos encontrarnos en un momento de fuerte crítica desde la ciudadanía al poder y las elites que participan en la toma de decisiones. Asimismo, describió que la sociedad chilena comienza a re-interesarse en los procesos políticos y la demanda por mayor participación y más democracia, lo cual se evidencia en el resurgimiento de movimientos sociales, todo lo cual ocurre en un momento de cuestionamiento al “partido del poder”, que se traduce en amenazas al “poder real” así como la incomodidad de los partidos tradicionales y grupos empresariales que controlaron la política en las últimas décadas.
Posteriormente intervinieron representantes de centros de estudios de todo el espectro político, quienes debatieron sobre alcances de Ley 20.500. El director ejecutivo del Centro Democracia y Comunidad y profesor de la Facultad, Eugenio Ortega, expresó que si bien la Ley “ha constituido un importante avance, su implementación práctica ha sido lenta y desigual, especialmente en el ámbito local, en donde los municipios exhiben muy desiguales tasas de cumplimiento concreto de las diversas disposiciones señaladas en la ley”.
El investigador agregó que se deben generar nuevas iniciativas que permitan mejorar o complementar la ley, identificando entre estas “la generación de instrumentos que permitan avanzar en una efectiva mayor participación ciudadana en el ciclo de las políticas públicas, sobre todo entendiendo que esto va de la mano de una mayor fiscalización ciudadana de la propia gestión pública”. Ortega también destacó la necesidad de fortalecer el Estatuto del voluntariado actualmente establecido por la ley, “en el sentido que es insuficiente para dar cuenta de la realidad que hoy representa la cultura y la práctica del voluntariado”.
Por su parte, el encargado del Área de Desarrollo social y Participación del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (Ical), Pablo Canelo, indicó que una de las debilidades de la referida ley es que “hasta hoy no ha logrado constituir un aporte al desarrollo y fortalecimiento efectivo del tejido asociativo”, entre otras razones “por su énfasis en lo referido a su comprensión de la participación ciudadana vinculada más bien a sus niveles informativos y consultivos, no vinculantes”.
Al respecto, propuso una serie de mecanismos complementarios que “contribuirían a hacer más efectiva una real política de participación”, entre los que identificó la iniciativa popular de ley, el mandato revocatorio, el voto programático y la ampliación de los plebiscitos, además de repensar lo que debiera ser una nueva institucionalidad púbica para reconocer la participación ciudadana”.
La directora ejecutiva de la Fundación Progresa, Patricia Morales, puso el énfasis en la necesidad de generar mayores niveles de transparencia en el debate público, y en una información efectiva sobre las diversas disposiciones participativas, al tiempo que reivindicó lo político como “el ámbito preferencial en el que los ciudadanos construimos nuestro sentido de comunidad”.
En tanto Pablo Rodríguez, investigador del Programa de Estudios Políticos y Electorales del Instituto Libertad y egresado de la Escuela de Ciencia Política de la UCEN, se refirió al contexto político y social el cual se caracteriza por una persistente baja en todos los niveles de participación así como de aprobación de los órganos de gobierno político, legislativo y judicial. Presentó resultados de diferentes estudios realizados por el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (Coes), las encuestas Mori-Cerc, el Barómetro de las Américas de LAPOP y la encuesta de Desarrollo Humano que realiza el PNUD.
Luego, hizo un repaso sobre los logros del gobierno de Piñera respecto de participación ciudadana, entre los cuales mencionó 1) la promulgación de la Ley 20.500 de participación ciudadana, 2) la Ley 20.568 de Inscripción automática y voto voluntario, 3) las elecciones primarias voluntarias, vinculantes, simultaneas y organizadas por el Estado en las que participaron más de 3 millones de personas, 4) la elección directa de consejeros regionales que se efectuó por primera vez en noviembre de 2013, y 5) la Ley 20.515 que adelantó la fecha de las elecciones presidenciales (que permitió cambiarlas de diciembre a noviembre para evitar una segunda vuelta en enero).
Luego de un debate con los panelista y el público, el director de la DOS indicó –a modo de cierre de la jornada– que “la participación ha llegado para quedarse”, y que es un convencido que “con más participación ciudadana es posible correr el límite de lo posible”. Señaló, “la DOS generará un proceso de evaluación de esta Ley, y es en ese contexto en el cual decidimos realizar esta actividad, a la que quisimos convocar no solo a la comunidad académica o a los investigadores de los distintos centros de estudios, sino también a representantes de las unidades de participación ciudadana de los diversos ministerios y municipios, como también a los propios dirigentes de la sociedad civil”.
En esa misma dirección, Ballesteros adelantó que la institución realizará conversatorios a nivel de las distintas regiones del país, “para abordar, con los actores locales respectivos, el análisis y discusión sobre cómo está siendo implementada en las regiones esta importante ley”.