Jueves 7 de Abril de 2016
Por Dr. Patricio Silva Rojas Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central
La Subsecretaría de Redes Asistenciales se enfrenta al gran desafío de poder cumplir su misión a cabalidad, cual es asegurar la atención de salud en todos los puntos de la red del sistema público, compuesta por más de 180 hospitales, además de Centros de Diagnóstico, CESFAMs, consultorios urbanos y rurales. Este enorme sistema debe ser provisto de profesionales de la salud, tecnología de punta e infraestructura acorde a los niveles de complejidad y requerimientos de salud de la población.
Esta misión, sin embargo, está en crisis. Primero, debido a la falta de especialistas, no tan sólo de médicos, sino que de profesionales de la salud de distinto nivel como nutricionistas, tecnólogos médicos, enfermeras, matronas o terapeutas ocupacionales.
Más aún, la necesidad de profesionales de la salud no sólo está presente en los establecimientos hospitalarios de alta complejidad, sino que también en el sistema primario de salud donde se observa escasez y rotación de éstos, fenómeno agudizado por la expansión del sistema público y privado.
Un estudio del Ministerio de Salud de 2014 cifró en 3.795 los facultativos faltantes en hospitales. Así, 1,5 millones de usuarios del sistema público estarían esperando una consulta y otros 240 mil una cirugía. Del programa de formación especial del Estado, en tanto, egresarán los primeros especialistas recién en 2018.
Lo cierto es que el sistema público de salud tiene en el modelo privado su más firme competidor en la captación de capital humano de calidad. Así, los profesionales de la salud optan por las clínicas atraídos por sus altas remuneraciones, que compensan los años de estudio que implica la formación de un especialista y subespecialista.
¿Existe alguna ventaja competitiva por la que un médico especialista quisiera ingresar al sistema público de salud? La respuesta es sí, y está fundada en la posibilidad que ofrece el sector público en materia de investigación, casuística, densidad de las patologías y en la participación en la frontera del conocimiento. Un espacio de desarrollo profesional con el cual las clínicas difícilmente pueden competir con los hospitales públicos.
De hecho, la gran mayoría de los especialistas que trabajan en el sector privado se han formado en el sector público.
Aunque el aumento de las remuneraciones de los profesionales de la salud, en orden a disminuir la brecha con el sector privado, es un factor importante de atracción, el Ministerio de Salud debiera mejorar sus condiciones y perspectivas de trabajo, relevando los atributos y beneficios que puede ofrecer un hospital.
En segundo término, está la deuda hospitalaria del sistema público que se estima en $325 mil millones. Se ha instalado en la opinión pública que la deuda hospitalaria es producto de problemas de gestión, lo cual, sin perjuicio que siempre puede haber espacio para mejorar en esta materia, no es real.
El punto es que el sistema de financiamiento ha sido a través del pago por servicio o de prestaciones paquetizadas de salud, todas la cuales han sido cotizadas por debajo de sus verdaderos costos. Al no poder incorporar FONASA los reales precios de las prestaciones de salud, se ha ido generando una brecha económica en aumento exponencial. La paradoja que se presenta es que a mayor número de prestaciones mayor es el déficit.
Finalmente, un tercer factor, y que contribuye a profundizar el déficit económico del sistema público de salud, es la presión por incorporar tecnología de punta existente en el sector privado, como equipos de imágenes o equipamiento para cirugías, con el fin de que los recintos hospitalarios también entreguen prestaciones del más alto nivel.
El tema no es fácil, pero el diagnóstico está hecho: Se requiere un aumento de presupuesto en salud. A solo dos años de finalizar este periodo presidencial, la Subsecretaria de Redes Asistenciales, Gisela Alarcón, debe estar tomando importantes decisiones en esta materia, cuyos primeros frutos –lo más probable – se verán reflejados post 2018, como una política pública de largo plazo en beneficio de todos los chilenos usuarios de nuestro sistema público de salud.
Columna publicada en Portafolio de la Salud del Diario Financiero