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Jueves 30 de Mayo de 2013

Coordinador de programa de DD.HH de la UCEN representa a Víctor Ancalaf ante Corte Interamericana de Derechos Humanos en juicio contra el Estado chileno

El abogado Sergio Fuenzalida forma parte de la delegación del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), quienes han llevado el caso, conjuntamente con el Programa de DD. HH de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UCEN.


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El profesor Sergio Fuenzalida

Este miércoles y jueves se realizarán las audiencias públicas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José de Costa Rica, oportunidad en la cual se presentarán los últimos antecedentes en la demanda contra el Estado chileno, por la aplicación de la denominada "ley anti terrorista" a diversas personas y dirigentes mapuche.

Dentro de la causa catalogada como "Caso Norín Catrimán y otros (Lonkos, dirigentes y activistas del pueblo indígena Mapuche) Vs. Chile", se verá el caso de Víctor Ancalaf, representado ante la Corte IDH por el abogado Sergio Fuenzalida, de la delegación de CEJIL, quien es profesor y coordinador del programa de Derechos Humanos de la facultad de derecho en la Universidad Central.

Durante las jornadas, los magistrados de la Corte IDH escucharán las declaraciones de las presuntas víctimas, de los testigos, de intervinientes y el dictamen de tres peritos, uno propuesto por los intervinientes comunes y la Comisión Interamericana, otro propuesto por un interviniente común y el tercero presentado por el Estado.

La demanda contra el Estado de Chile se originó en la decisión del 12 de agosto del año 2011 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en respuesta a las violaciones de los derechos indígenas en Chile.

Este caso se refiere al procesamiento y condena por supuestos delitos terroristas de siete personas, dirigentes y miembros del pueblo indígena mapuche en Chile, así como de una activista y simpatizante de éstos. Asimismo, en los procesos penales en contra de dichas personas habrían existido alegadas irregularidades, que habrían afectado el debido proceso y otras garantías.

El caso busca la reparación integral a las víctimas y que la Corte IDH pueda fijar estándares sobre la aplicación de las leyes antiterrorista en el continente americano, en el contexto de protestas sociales protagonizadas por grupos desfavorecidos, como asimismo señalar los límites de los tipos penales de terrorismo.