Jueves 17 de Marzo de 2016
Columna de opinión del académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, Jorge Olguín Olate, publicada en el portal El Dínamo
Ad portas de que el Congreso Nacional despache la Agenda Corta de Seguridad, se hace necesaria una reflexión profunda y multidisciplinaria, más allá de lo estrictamente político, legal o instrumental.
A inicios del siglo XX, tomó inusitada fuerza entre la clase política chilena, la idea de controlar biopolíticamente a las masas proletarias. Paralelamente al uso indiscriminado de la fuerza, se introdujeron medidas antropométricas para caracterizar a todo individuo que alterara el orden social deseado.
Fue así como miles de rotos, acusados de subvertir el estado de derecho, fueron catalogados fisiológicamente y –finalmente– descritos en perspectiva eugenésica, como seres humanos “anormales” que había que identificar, pues su fenotipo racial definía su actuar insurrecto en la sociedad.
En estos últimos años, Chile ha consolidado este tipo de prácticas. La implantación de un modelo de desarrollo neoliberal ha reforzado la persecución desde el Estado no solo de nuestros pueblos originarios, sino que de todo ser humano que rompa el canon arquetípico de normalidad que este sistema socioeconómico nos impone.
Lo paradojal de esta situación es que ancianos, inmigrantes, homosexuales, jóvenes, pobres y otros grupos siguen siendo marginados por algunas de las políticas públicas que nacen y se aplican desde el Estado.
El control preventivo de identidad que la Comisión de Constitución del Senado acaba de aprobar se podría transformar en una política pública errada que, en la apariencia, ayudaría a solucionar el tema delincuencial, no considerando que esta problemática posee causas y explicaciones mayormente sociales y que pasan por preguntarnos por qué hemos llegado a sustituir al ser por el tener.
Jorge Olguín Olate
Académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
Universidad Central de Chile
Fuente: www.eldinamo.cl