Viernes 11 de Septiembre de 2015
María Victoria Peralta es Directora del Instituto Internacional de Educación Infantil de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Central de Chile. Fue Directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (1990-1998) y ha sido asesora por parte del Gobierno de Chile en casi todos los países latinoamericanos, y consultora de O.E.A., UNICEF, UNESCO, BID, PMA y O.E.I.
Justa indignación mundial ha causado la muerte del pequeño niño sirio Aylán de tres años, como resultado del intento de sus padres de trasladarse a otro país que les diera refugio y acogida humanitaria. Sin dudas la trágica historia de Aylán refleja la incapacidad de hacernos cargo -como mundo- de los problemas de los niños y niñas y sus familias, lo que a la luz de la celebración de los 25 años de la Convención de los Derechos del Niño, aparece como un contrasentido.
Sin dudas la Convención de los Derechos del Niño, ha sensibilizado y abierto las puertas a muchos de sus derechos, pero parece ser más, lo que falta por hacer y para ello no es necesario ir tan lejos; miremos los niños y niñas migrantes que llegan a nuestro país.
En estos días, se ha dado a conocer el caso de Adrián de la misma edad de Aylán, quien fue encontrado en un taller mecánico a los pies del morro de Arica, semi abandonado y alimentado por la leche de la perra "Reina", la que sin dudas se merece su nombre. Hijo de madre peruana y padre chileno, las noticias señalan que en el año 2013 el recién nacido llegó junto a su madre a esta ciudad para ubicar al padre del lactante que vive en Iquique. Más allá de lo que haya pasado en esta relación familiar, el hecho es que el niño estaba en una situación riesgosa que fue detectada y denunciada por una dirigente laboral, es decir por una particular, y no por alguna entidad pública responsable de los párvulos en el país.
Con ello hacemos alusión a una amplia gama de instituciones comunales, regionales y nacionales que tienen a su cargo velar por el cuidado, protección y educación de los niños y niñas. Las encuestas hechas en la calle acusan a su madre, que por cierto tiene responsabilidad en ello, pero Adrián tiene familia y está en un país que se precia de preservar los derechos de los niños.
Parece que ya no se va a terreno a visitar hogares como se hacía décadas atrás para detectar cómo viven las familias más vulnerables, las que habitualmente por su condición no van a las oficinas públicas a solicitar servicios. Sabemos fehacientemente que instituciones como Junji, Integra y Corporaciones Municipales reciben niños y niñas de familias migrantes, incluso aunque los padres no tengan del todo "saneados sus papeles", pero también conocemos las dificultades que tienen. Conocemos de sus problemas de integración por la falta de programas sociales y educativos que realmente asuman como sistema sus dificultades y en particular, que los empoderen en sus culturas, identidades y aportes al país.
Hemos sido parte de programas educativos como el realizado en jardines infantiles de la Corporación de la Infancia y Familia de la Municipalidad de Santiago entre los años 2008 al 2010, para integrar con propuestas interculturales párvulos de diferentes proveniencias, que en algunos casos alcanzaban al 60 % del total de niños y niñas matriculados, principalmente peruanos y ecuatorianos. Pero en la actualidad la situación y la diversidad ha aumentado; hoy encontramos en todo Chile, hasta en la austral Punta Arenas, niños y niñas de diferentes países no sólo latinoamericanos sino también africanos, lo que ha llevado a una multiculturalidad en los jardines infantiles y escuelas. ¿Pero estamos preparados para atender a estos niños y sus familias como lo merecen?
En un reciente viaje a Antofagasta, colegas educadoras de párvulos nos han contado cómo a niños varones otavalos (ecuatorianos) que llegan a escuelas propias de su cultura, les cortan sus trenzas o las difíciles situaciones en que se encuentran las familias y niños colombianos en hacinamientos, donde duermen mal, ya que la antigua práctica de "camas calientes" (camas compartidas por dos turnos de familias que hacían los mineros) se ha reinstalado con los migrantes.
Así podríamos seguir con más ejemplos, pero es hora de una política nacional, realista y eficiente en relación a los niños y niñas de familias migrantes, a la que aporten todas las instituciones; que los casos de los pequeños Aylan y Adrián nos sirvan para ello y no sigamos recriminando sólo a sus familias por sus incapacidades. Cuando estas situaciones suceden es que fallamos todos. Por lo expresado más que celebrar la Declaración de los Derechos de los niños, tenemos que seguir trabajando.
