Lunes 14 de Diciembre de 2015
Encargado de Proyectos e Investigación Facultad de Ciencias de la Educación. Licenciado en Filosofía, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; Magíster en Políticas Sociales, Universidad Arcis; Master en Investigación y doctor en Antropología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona.
En una larga columna de opinión publicada la semana pasada en un medio electrónico de circulación nacional, el diputado Giorgio Jackson señaló que la verdadera motivación de la derecha al presentar el recurso al tribunal constitucional, a propósito de la gratuidad en educación, es meramente política. Más claramente el diputado señaló que quien estime que su interés son los "jóvenes vulnerables" se equivoca rotundamente. Hoy -en conocimiento del fallo- se puede corroborar que el diputado tenía razón.
Porque no resulta lógico que ese enclave propio de una constitución que carece de legitimidad de origen -y al cual la derecha recurre cada vez que una decisión democrática del parlamento no le parece- haya determinado que los criterios propuestos por el gobierno, para aplicar la gratuidad, sean inconstitucionales en razón de su arbitrariedad y discriminación.
Frente a ese argumento surgen las preguntas obvias: por qué habría de ser discriminatorio velar por la calidad de las instituciones de educación superior, exigiendo que a lo menos tengan tres años o más de acreditación; o que no se echen dinero que proviene del aporte del estado a sus bolsillos, o que no consideren en sus estatutos un gobierno corporativo de carácter democrático, si finalmente no se trata de empresas, sino de comunidades que trabajan en conjunto por sus objetivos.
A mi juicio son criterios mínimos que permiten velar por el interés público no sólo de los recursos de todos los chilenos, sino particularmente de quienes se instruyen en las instituciones de educación superior. Si la preocupación fuesen los más vulnerables, ¿por qué no ofrecerles entonces la oportunidad de educarse en un sistema de calidad?, ¿acaso no tienen ese derecho?
A contrapelo de toda lógica, al tribunal y a la derecha les da lo mismo si se trata de una universidad de mala calidad o que lucra con recursos de todos nosotros. De hecho, en su fallo el tribunal declara que no es un problema si la gratuidad se financia a través de una glosa presupuestaria, vale decir, un presupuesto sujeto a modificaciones año a año o a través de una ley permanente. Lo relevante para ellos es que los dineros lleguen sin importar como. Acostumbrados a ser subvencionados por el estado sólo esperan mantener un régimen que claramente les conviene.
El fallo del tribunal constitucional y la actitud triunfalista de la derecha me recuerdan las palabras de Salvador Allende en su último discurso, ya cerca del desenlace final: "...víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder, para seguir defendiendo sus granjerías y privilegios."