Columna de opinión: Estado, sociedad e inmigración en Chile: hacia el reconocimiento de derechos

Docente Rolando Poblete

La reciente crisis humanitaria que ha vivido Siria ha generado un desplazamiento de población cuyas escenas más dramáticas no han dejado indiferente a nadie. Incluso en nuestro país han surgido voces que proponen que el gobierno haga un gesto solidario y reciba en calidad de refugiados -como ya ocurrió con los palestinos- a algunas de esas familias. ¿Qué duda cabe que se trata de una preocupación genuina ante una situación que requiere de soluciones urgentes?

Esta misma inquietud expresada por nuestro y otros gobiernos del mundo ha abierto la discusión en torno a la inmigración, su rol en las sociedades contemporáneas, las condiciones de acogida en los países de destino, los derechos humanos y -todavía más importante- el rol de los estados como garante de ellos.

Todos estos temas resultan relevantes en un mundo en que la movilidad humana se ha ido incrementando en los últimos treinta años. De hecho, desde Naciones Unidas (2013) se informa que en el año 1990, 154 millones de personas vivían fuera de sus países de origen, aumentando a 175 millones el año 2000 y llegando a 232 millones el 2013, lo que equivale al 3,2% de la población mundial. Y todo indica que este proceso se incrementará, constituyéndose la movilidad humana en una de las características propias de las sociedades actuales y futuras.

Como resulta evidente, Chile no está al margen de esta situación: nuestro país se ha transformado en polo de atracción para diversos colectivos provenientes mayoritariamente de los países de la región. La última encuesta CASEN (2013) da cuenta que la población extranjera alcanza a 354.581 personas, duplicando su presencia al comparar con los datos del año 2006. La misma fuente indica que el 72% de los/as extranjeros/as que viven en Chile provienen de los países de la región.

Un dato relevante que suele dejarse de lado cuando se habla del reciente fenómeno de la inmigración en Chile, es que nuestro país tiene una baja tasa de reemplazo generacional, lo que implica que requerimos población en edad económicamente activa. En efecto, la tasa de natalidad es inferior a la tasa de recambio poblacional, lo que significa que los hijos nacidos vivos no alcanzarán a renovar la población al momento del fallecimiento de sus progenitores. A lo anterior se suma el hecho que Chile se encuentra en un proceso de transición demográfica avanzada, es decir, los grupos etarios no crecen en forma simétrica. Más concretamente, se registra un aumento progresivo de los mayores de 65 años y una disminución de la población de 15 a 64 años (Donoso, 2007). Por tanto, no cabe duda que necesitamos a los/as inmigrantes, incluso por una cuestión de sobrevivencia de nuestro sistema económico.

Por otro lado, de acuerdo a datos del Ministerio de Desarrollo Social, la pobreza multidimensional, y por tanto la vulnerabilidad, afecta en mayor medida a la población inmigrante. A esto también debieran sumarse los problemas de discriminación y muchas veces racismo que viven algunos colectivos extranjeros por parte de la población nacional e incluso de funcionarios/as públicos que en ocasiones niegan arbitrariamente la atención en servicios de salud o la matrícula en las escuelas.

Entonces a mi juicio la pregunta que debemos hacernos es qué derechos y qué condiciones estamos dispuestos a garantizar, qué rol juega el Estado y las políticas públicas en la promoción de condiciones de vida dignas para los/as inmigrantes. Sin embargo también se requiere una reflexión más profunda respecto de la forma en que nos relacionamos con la diferencia que encarnan los/as extranjeros/as, esto porque la presencia de los colectivos que han llegado a nuestro país no sólo desafía al Estado, sino también al conjunto de una sociedad poco acostumbrada a la diversidad.

Hacernos cargo de estas reflexiones no sólo nos permitirá resolver cuestiones de tipo prácticas, las que por cierto son importantes, sino también pensar en el país que queremos. Especialmente ahora que estamos ad portas de una cambio constitucional y de la posibilidad única de pensarnos como nación. Por lo mismo, imagino que como sociedad compartimos el sueño y la necesidad de transitar hacia la profundización democrática, la generación de mayores niveles de equidad, inclusión y justicia social para todos y todas.