Enviar este Artículo Imprimir este Artículo Aumentar tamaño de letra Disminuir tamaño de letra

Claudia Calquín: Infancia mapuche

28 junio 2017

Claudia Calquin Donoso, psicóloga y académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Chile. Doctora en Ciudadanía y Derechos Humanos.

El día de ayer fuimos informadas del violento allanamiento realizado por funcionarios del GOPE de Carabineros a la Escuela básica G-816 de la Comunidad Autónoma Temucuicui cuyo resultado fue varios niños desmayados, con principio de asfixia y trauma psicológico, panorama que sin duda expresa la constante vulneración de derechos de los niños mapuches por parte del Estado chileno. Llama la atención que pese a la crueldad e indolencia del actuar de carabineros el gobierno ni las instituciones encargadas de proteger a la infancia en el territorio nacional –léase SENAME, Consejo de la Infancia, Chile Crece Contigo- hasta ahora no han emitido ninguna declaración ni menos una señal de repudio o sumario a un acto de terrorismo de Estado como éste.

Este acto así como el silencio del gobierno, es repudiable y nos interroga acerca del racismo inscrito en el Estado y de cómo los derechos que se declaran universales en el caso de las comunidades mapuches se banalizan, relativizan y  retraducen en lo que el filósofo italiano Giorgio Agamben llama el “estado de excepción”, es decir en la suspensión del orden jurídico que crea las condiciones para que el poder disponga de los niños en tanto vidas desnudas, es decir, en tanto vidas cuya definición como ciudadanos entra en peligro.

Es claro que el accionar del estado policial en los territorios mapuches viola más de unos de los derechos convenidos en la Declaración de los derechos de niños y niñas, tales como el derecho a la identidad, a la protección contra el abuso y la discriminación, a una vida segura y sana , entre otros. Por otro lado, viola también los principios de la protección debida a los niños en conflictos armados (si es que cabe la posibilidad de pensar estos allanamientos como “conflicto armado”), reconocida en el derecho internacional humanitario y reafirmada en la Convención sobre los derechos de  niños y niñas de 1989 y después en el Protocolo facultativo relativo a la participación de los niños en los conflictos armados aprobado el 2000.

Esto muestra una vez más el fracaso de la política de infancia para proteger a los niños de la violencia, limitándose a una intervención familiarista, maquilladora de las verdaderas causas de la pobreza y la violencia hacia los niños más vulnerables y que se limita castigar de forma enérgica a familias vulnerables y pobres y que por el contrario, ampara con su silencio el accionar violento de las instituciones que tienen el mandato de proteger a todos los niños de este país.