Jueves 4 de Mayo de 2017
Por Hugo A Llanos Mansilla, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Central, LL.M.Harvard University.
Una colectividad política acaba de designar a un grupo de ilustres personas que estudiarán, entre otros temas, el posible retiro de Chile del Tratado Americano de Solución Pacifica de Controversias, conocido como el Pacto de Bogotá.
El fallo de la Corte, en el caso de la demanda de Perú contra Chile, fortaleció la posición de aquellos que sostienen que Chile debe denunciar el Pacto de Bogotá. Sin él, argumentan, no se habría producido las demandas de Perú y tampoco la de Bolivia. Pero agregaría, tampoco la demanda de Chile contra Bolivia.
Los impugnadores al parecer se olvidan que efectuada la denuncia, debe transcurrir un año para dejar de producir sus efectos legales.
Supongamos que Chile lo hubiera hecho al recibir la primera protesta diplomática del Perú. Su denuncia habría precipitado la demanda peruana en el año siguiente a tal acción legal.
Respecto a Bolivia, no se avizoraba su acción de recurrir a la CIJ, puesto que siempre se había negociado su acceso al mar.
La gran sensatez de los países es recurrir al Pacto para solucionar sus diferencias pacíficamente, y no de otro modo que agravaría el problema suscitado, creando tensiones innecesarias de más difícil solución.
El retiro de nuestro país, enviaría una señal equívoca a la comunidad internacional y en especial de América Latina, de que no confiamos en arreglar nuestros problemas internacionales por las vías pacíficas, sino de una manera contraria a éstas.
Por lo demás posibles litigios que se avizoran, si es que fracasan las negociaciones con Perú en relación al triángulo terrestre, está reglado por el Tratado de Lima de 1929, que señala como árbitro al Presidente de los Estados Unidos. En relación con Argentina, tenemos suscrito un Tratado de Paz y Amistad de 1984, que establece diversas instancia de solución pacífica hasta llegar a un arbitraje.
Para los países débiles el Pacto es un tratado extremadamente útil ya que pone a disposición de las partes vías pacíficas de solución de problemas complejos, y, lo que es más importante, una garantía para los países más débiles que , al recurrir a sus disposiciones, nivela todo desequilibrio que pueda existir con países con mayor desarrollo.
Por ello, el costo de retirarnos del Pacto de Bogotá sería muy grave al derribar un muro de protección de los países en desarrollo, además de dañar la imagen internacional de Chile de total respeto al derecho internacional y de honrar de buena fe los tratados vigentes.