Chile, Bolivia, La Haya y el peso de la historia

En los últimos días, la demanda boliviana ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, sobre la negociación del otorgamiento de una salida soberana al océano Pacífico, se ha tomado la agenda política y mediática del país.

De común observador, hemos asistido al interminable desfile de analistas políticos e internacionales que intentan explicar la contundencia de los descargos chilenos en torno a la objeción de la competencia de la Corte.

El núcleo explicativo de tal posición parece ser evidente: la inviolabilidad de los tratados y la estabilidad de las fronteras. Chile, apoyando su alegato en la solidez del principio pacta sunt servanda (lo pactado obliga), no acepta que el tribunal dirima sobre un tema que está zanjado por un tratado vigente y aceptado por Bolivia, como es el Tratado de Paz y Amistad de 1904.

Sin embargo, y sin considerar otros principios característicos del Derecho Internacional –además de su carácter evolutivo– como el ius cogens, que ampara los intereses colectivos fundamentales a través de la nulidad de la norma contraria al derecho imperativo, las curiosidades y anécdotas de la historia suelen ser muy irónicas.

En los mismos días en que el equipo jurídico chileno intenta objetar la jurisdicción de la Corte y evidencia los peligros que un eventual examen de fondo tendría para el Derecho Internacional, Europa celebra el aniversario de la capitulación alemana y del fin de la Segunda Guerra Mundial en el viejo continente.

Y la ironía es evidente, ya que al atento observador no podría escapar el hecho que el horror de dicho periodo resultó ser el resultado directo de otro tratado, el de Versalles de 1919.

El Tratado de Versalles puso fin al primer conflicto mundial y fue, en efecto, uno de los más polémicos y agresivos de la historia. Fue concebido unilateralmente y en términos extremamente duros para Alemania, con la imposición de reparaciones excesivamente onerosas y desproporcionadas.

Alemania, cuya culpabilidad quedó sorpresivamente estipulada en el contenido del Tratado, debía desarmarse militarmente, realizar importantes concesiones territoriales y pagar exorbitantes indemnizaciones económicas a los estados victoriosos. Los términos fueron draconianos, significaban la ruina cierta para el Estado alemán.

El Tratado de Versalles preparó el terreno para el desembarco –legal– de la histeria, el horror y la venganza. A partir de 1933 y con Hitler a la cabeza, la teoría de la “puñalada en la espalda” y el discurso nazi configuraron la más sangrienta conflagración de la historia, consecuencia directa de la desigualdad de un acuerdo jurídicamente válido.

Varias voces se alzaron en son de crítica a las desproporcionadas y severas condiciones. Para Keynes, la dinámica que caracterizó las discusiones de Versalles iban en contravía de una paz magnánima o de trato noble y equitativo: más que un Tratado era un Diktat.

Ironía de la suerte entonces. Cuando se celebra el aniversario del fin de una guerra, producto de una evidente desigualdad orquestada en obsequio al principio del pacta sunt servanda, nuestro país se encuentra empeñado en defender un Tratado que, por sus efectos y las profundas externalidades negativas de la desigualdad del mismo, bien podría parangonarse a aquellos sufridos por la nación alemana –y por Europa en general– luego de la firma del Tratado de Versalles.

Europa aprendió de la historia alemana con respecto a las graves consecuencias que la asimetría jurídica representó. Y quizás la Corte de La Haya –que por cierto nos ha ya demostrado el eventual carácter innovador de sus sentencias– nos haga ver más allá, considerando la relación chileno-boliviana como unos de los factores más relevantes para el mantenimiento de la condición de subdesarrollo que afecta a la región. Así también nos haga ver y entender el estado de una relación –fruto de un tratado–, ciertamente contrario al derecho al desarrollo de los pueblos y a la sana y pacífica convivencia.