Por. Roberto Castro, decano Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Hemos escuchado a ex ministros decir que realizar un nuevo censo es un despilfarro. El año pasado cuando explotó el caso “Censo 2012” advertimos que, una vez dimensionado el alcance del problema, las acciones a implementar podían ir desde correcciones profundas al que se había hecho, hasta la necesidad de realizar uno nuevo.
El bochorno, estableció una marca que no se recuerda en la historia del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en cuanto al daño a la reputación de las estadísticas nacionales y trascendió incluso en medios tan influyentes como el Financial Times y The Economist, con artículos que ironizaron respecto de “el mejor censo de la historia”, instalando la duda sobre cuánto de error tiene en la información recogida y perjudicando la imagen del INE.
La seriedad estadística era una de las fortalezas de Chile y el caso del Censo 2012 evidenció desprolijidad y falta de respeto por un trabajo sustentado en una larga y reconocida tradición de servicio público, patrimonio del Estado chileno.
Para llegar a la actual decisión de hacer un nuevo censo, se pidieron varias opiniones. Primero, una Comisión Nacional Externa al INE, tras revisar el proceso, llegó a la conclusión de que las cifras recogidas no presentan los mínimos estándares para usarlas como datos oficiales y de política pública, y sugirió que estas queden a disposición sólo para investigadores, a modo de ejercicio de transparencia.
El presidente de la época pidió perdón.
Luego, una comisión internacional concluyó que se podía enmendar el Censo 2012 sin necesidad de realizar uno nuevo. Se distribuyó el documento digital con sus resultados para que fuera utilizado como base estadística.
Finalmente, el INE ha realizado una auditoría técnica al Censo 2012, concluyendo que este no cumple con los criterios de cobertura, calidad y heterogeneidad, que son los estándares mínimos para que la información levantada, pueda ser considerada un censo oficial.
Es importante considerar que el censo, no solo sirve para contar cuántos somos; sino también para determinar las muestras de las encuestas que generan la base de estadísticas como el empleo y la desocupación. Con una omisión del 9,6%, las muestras de población tendrán un sesgo en su cálculo a consecuencia del error censal y, por tanto, los resultados en esas materias carecerán de seriedad.
Del mismo modo, tanto aquellas mediciones que contengan datos per cápita o de género como las relativas a las de hogares y viviendas, adolecerán de confianza. Por otra parte, existiría una pérdida importante de información respecto de gastos, costos y energía, entre otros. Entonces, de ahí la importancia de realizar nuevamente el censo, ya que la tasa de omisión generada en el 2012 puede impactar por años en el diseño de encuestas y políticas públicas.
El despilfarro ya ocurrió: 60 millones de dólares fueron dilapidados en un Censo que no sirve y que requiere ser repetido por un “Censo de Hecho”, decretando día feriado y encuestando a todos los hogares, preparando un cuestionario abreviado –analizado y consensuado con el mayor número de expertos- a fin de alcanzar el mínimo de información que se requiere para devolverle seriedad y fortaleza a las estadisticas de Chile como país miembro de la OCDE.